El gerente del Consorcio, sobre el edificio de Aljibillos: “Nos da igual a lo que lo dediquen, nos interesa mantener el patrimonio residencial”

El gerente del Consorcio de Toledo, Manuel Santolaya

El gerente del Consorcio de Toledo, Manuel Santolaya, afirma que este organismo desconocía el uso actual que iba a tener el edificio de la calle Aljibilllos, situados entre los números 2 y 3 y que actualmente alberga apartamentos turísticos, en el momento en que acordaron un convenio con los propietarios para rehabilitar y restaurar el edificio.

Así lo traslada Santolaya a este medio tras la denuncia que ha realizado esta semana Iniciativa Ciudadana en la que apuntaba que la rehabilitación de este inmueble estaba destinada a recuperar viviendas residenciales y que, en cambio, el uso que finalmente tiene es el de apartamentos turísticos. “El Consorcio no era consciente, nos da igual a lo que lo dediquen. Nos interesa conservar el patrimonio residencial”, replica Santolaya sobre esta cuestión.

“No sé con qué intereses se ha publicado esto, no se corresponde con la realidad. Se trataba de rehabilitar un edificio en el que habían intervenido los bomberos después de haberse caído parte de la cornisa y de la fachada”, explica el gerente del Consorcio sobre este inmueble en el que afirma que pusieron “de acuerdo a la propiedad (hay tres propietarios) para rehabilitar” este edificio -construido sobre 1880- en el que el Consorcio ayudó económicamente para arreglar “la fachada y la cubierta”.

Así, Santolaya insiste en que esta obra, que contemplaba un presupuesto de 392.485 euros, contó luego con “una baja de unos 120.000 euros”, lo que supondría una inversión final de unos 270.000 euros, de los que, asegura el gerente, los propietarios invertieron “el 80 por ciento, por lo menos” y el Consorcio aportó la parte correspondiente a las fachadas y las cubiertas, así como a la redacción del proyecto y la contratación de la empresa ejecutora con la intención de “garantizar la buena ejecución”.

Precisa Santolaya que aunque el presupuesto destinado a obras en la envolvente general, es decir, a la reparación de la cubierta y las fachadas en las que participó el Consorcio -un gasto presupuestado con 133.000 euros en el proyecto-, la baja que se produjo finalmente en el presupuesto de la obra “se descontaba de la aportación del Consorcio”.

“En el convenio se dice que la baja que haya en la licitación será a descontar de la parte que aporta el Consorcio y que no afecta a las aportaciones de los propietarios”, recalca el gerente, que estima que el gasto que tuvo este organismo público incluyó la redacción del proyecto o la dirección de la obra pero no concreta una cifra exacta que tampoco aparece en el portal de transparencia del organismo, así como tampoco está disponible dicho convenio. El único dato que sí aparece es que la propiedad aportó un total de 210,485,34 euros en esta obra.

Control de las ayudas otorgadas

Cuestionado sobre el control que ejerce el Consorcio en el programa de ayudas a la rehabilitación de vivienda que ofrece -el cual, subraya Santolaya, no se corresponde con los convenios que establecen con propietarios privados y que incluyen obligaciones como destinarse a residencia habitual o no transmitir la vivienda en un plazo de cinco años- se hacen comprobado “el registro” de propiedades o “pateando la calle”. “En el departamento de Vivienda, todos los días están saliendo a visitar edificios. Hay mucha gente que llama, que quiere haber obras”, agrega.

Las obligaciones estipuladas en este tipo de ayudas son precisamente las que Iniciativa Ciudadana denunciaba que no se cumplieran con este convenio del Consorcio y los propietarios, el cual está exento de dichos cumplimientos, según las explicaciones de Santolaya. No obstante, la asociación vecinal del Casco Histórico ha recuperado las imágenes de las obras que se llevaron a cabo y en el que se aprecia que la cartelería en estos trabajos indicaba que las obras estaban inmersas en “el programa de política de vivienda” de la entidad.