El enredo urbanístico del Nudo Norte: Toledo se niega a pagar 13 millones y solicitará rectificar al Consejo Consultivo

Mapa del Plan Especial de Infraestructuras y Vías de Comunicación de la “Conexión Nudo Norte” de la Vega Baja / Ayuntamiento de Toledo

Ni el de 2008 ni el de 2021. El Ayuntamiento de Toledo reniega de los dos convenios urbanísticos aprobados para saldar la deuda municipal con la empresa Condominio por los terrenos expropiados para llevar a cabo el desdoblamiento del puente del Hospital de Parapléjicos y construir las infraestructuras del Nudo Norte.

En un Pleno extraordinario celebrado este viernes, PP, Vox e Izquierda Unida-Podemos han aprobado -con la abstención del PSOE- solicitar la rectificación del informe desfavorable del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a petición del Ayuntamiento para declarar la nulidad de ambos convenios.

El último, aprobado en 2021 por un gobierno del PSOE y el apoyo de un concejal no adscrito -exedil de Vox-, establecía el pago de entre 12 y 13 millones de euros, en metálico, mediante bienes inmuebles patrimoniales del Ayuntamiento o cualquier otro activo que pudieran acordar, sin especificar qué terrenos o inmuebles podrían entrar en esta operación.

El alcalde, Carlos Velázquez, considera que este convenio es "perjudicial" para los intereses de la ciudad y confía en poder anularlo. También confiaban en un informe favorable del Consejo Consultivo -sellado el pasado 11 de septiembre- que no ha cumplido las expectativas del Gobierno municipal. Por eso, ahora le piden que rectifique "errores materiales o de hecho, subsanación de omisiones y aclaraciones".

La controversia tiene sus raíces en 2004, cuando se presentó una modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal (POM). La expropiación, formalizada en el convenio de 2008, afectó a 14.000 m² de terreno, aunque solo se utilizaron inicialmente no más de 3.000 m² para infraestructuras, pensadas como salida para un futuro barrio en La Peraleda.

El convenio original de 2008 se firmó para resolver un pleito judicial. Sin embargo, el acuerdo de 2021 cambió la fórmula de pago e incluyó conceptos como que lo que se pagaría estaría "libre de cargas", algo que no estaba en el convenio inicial de 2008.

Agotar la vía administrativa: el informe "impide" que la Justicia revise los convenios

Pese a que Velázquez afirmó días atrás que el Ayuntamiento optaría por la vía judicial para poder anular dicho convenio, el concejal de Planeamiento Urbanístico de Vox, Florentino Delgado, argumentó que el dictamen del órgano consultivo, que es un mero informe, está causando efectos "más desproporcionales y más trascendentes que un acto administrativo".

El Consejo es un órgano consultivo independiente y objetivo, cuyo dictamen es preceptivo y vinculante. Así, el Gobierno local alega que el efecto vinculante del dictamen les priva del acceso a "un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva, impidiendo que los actos de la corporación sean revisados por un juez".

Tal y como ha recordado el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado, con la solicitud de rectificación al Consultivo, el Ayuntamiento agota la vía administrativa para evitar el pago de la indemnización.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado / Imagen: Vox Toledo

Además, cuestionó que el PSOE se abstenga en esta votación y reprochó "por qué no pagaron a la empresa la cantidad que establecieron cuando gobernaba Tolón, en 2021, si todo era tan correcto”. "¿Cómo es que no se habilitó en tres presupuestos ninguna partida a tal efecto?", ha insistido.

Por su parte, el concejal del PP José Manuel Velasco tachó la situación es "insólita" y considera que debió resolverse en 2017, calculando un justiprecio solo por el terreno utilizado. Añade que la renovación del convenio en 2021 es "aún más insólita y requiere explicaciones"..

"Era un convenio con obligaciones imposibles porque había dos obligaciones básicas: el Ayuntamiento pagaba y la empresa ponía a nombre del Ayuntamiento en el registro esos terrenos. El Ayuntamiento no pagó, pero la empresa tampoco puso a nombre del Ayuntamiento esos terrenos en el registro", apuntó el edil 'popular'.

El PSOE reprocha "la patada hacia adelante"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el gobierno de PP y Vox está dando "una patada hacia delante" en lo que respecta al convenio del Nudo Norte "ignorando el perjuicio que puede suponer para la ciudad esta decisión" y que podría conllevar una nueva subida de impuestos del alcalde en los próximos presupuestos municipales.

"Calculen el incremento de impuestos que va a hacer el alcalde de Toledo para afrontar esto y para afrontar su falta de trabajo por la ciudad", ha manifestado Noelia de la Cruz.

Así, ha añadido "las intervenciones que se dejarán de hacer, poniendo en peligro incluso, los servicios públicos, ya que, si el proceso de anulación fracasa, la ciudad podría pasar de pagar de entre 12 y 13 millones de euros a más de 20, ocho millones de euros de sobrecoste".

"Estamos ante una decisión irresponsable, más gravosa para la ciudad que lo que supondría resolver el convenio", ha subrayado. "Y esto ustedes lo saben, pero prefieren dar una patada hacia delante y dejar la papeleta a la próxima corporación que es a lo que el PP está acostumbrado", ha informado el PSOE en nota de prensa.

IU reprocha "el convenio demencial"

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, recordó que su grupo fue el único que votó en contra de las medidas asociadas a este desarrollo en 2004, 2008, 2021 e incluso en 2025.

Es una expropiación "demencial", reprochó Fernández sobre la cantidad de terreno expropiado con la que finalmente se terminó utilizando. Además, apunta que el pago de "15 millones de euros es lesivo para los intereses económicos de la ciudad".

También cuestionó la composición del Consejo, señalando que cuatro de sus cinco miembros están vinculados a ejecutivas provinciales del PSOE y que la empresa expropiada siguiera obteniendo beneficios económicos de los terrenos (Clínica del Rosario).

¿Qué dice el informe del Consejo Consultivo?

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitió un dictamen desfavorable (N.º 185/2025) respecto al expediente de revisión de oficio iniciado por el Ayuntamiento de Toledo. El Ayuntamiento buscaba declarar la nulidad de pleno derecho del convenio expropiatorio de 2008 y del convenio de modificación y ejecución de 2021.

El Convenio Expropiatorio original, suscrito el 17 de julio de 2008 y ratificado el 18 de septiembre de 2008, se firmó entre el Ayuntamiento de Toledo, la mercantil beneficiaria Toletum Visigodo, S.L., y la propietaria expropiada Condominio Once de Noviembre S XXI, S.L.. El objeto era la adquisición amistosa de terrenos para el proyecto Nudo Norte. El justiprecio se fijó en 9.616.193,67 euros, que se pagarían mediante la entrega de 31.353 unidades de aprovechamiento urbanístico.

Debido al incumplimiento en la entrega de los aprovechamientos urbanísticos y a la situación de próxima disolución de Toletum, se aprobó la modificación y ejecución del convenio expropiatorio el 28 de enero de 2021. Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento asumió la obligación de pago del justiprecio (actualizado a 10.134.358,61 euros después de compensaciones), subrogándose como beneficiario de la expropiación.

El Ayuntamiento inició la revisión de oficio en 2025, invocando siete causas de nulidad, principalmente encuadradas en los supuestos de prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de adquirir derechos sin requisitos esenciales.

El Consejo Consultivo, aunque señaló irregularidades en el procedimiento de revisión (como la necesidad de convalidar el acuerdo de inicio y el desorden en los trámites), concluyó que no se justificaban las causas de nulidad absoluta puesto que la expropiación total de la finca (incluida la Clínica Nuestra Señora del Rosario) fue justificada por la antieconomicidad de conservar la parte no ocupada.

Además, sobre la valoración del justiprecio, el Consultivo apunta que el Ayuntamiento confundió el precio fijado con la forma de pago mediante unidades de aprovechamiento. La supuesta incorrección en la valoración sería, en todo caso, motivo de anulabilidad, no de nulidad de pleno derecho, precisa.

Y también hace referencia a la traslación de la obligación del pago. El Consejo sostiene que la asunción de la obligación de pago por el Ayuntamiento no es una renuncia ilegal, sino el cumplimiento de su función como garante constitucional del expropiado, dada la insolvencia de la beneficiaria, sin perjuicio de que formalmente no se hubieran iniciado los trámites de disolución de la entidad beneficiaria a la firma del convenio.

Finalmente, el Consejo no apreció la concurrencia de las causas de nulidad de pleno derecho invocadas y emitió un dictamen desfavorable, que es el que ahora el Ayuntamiento pide rectificar. Por tanto, este convenio urbanístico continúa sin desenredarse y a la espera de un último paso en la vía administrativa.