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Cuando diferentes acontecimientos que afectan a un mismo hecho coinciden en el tiempo, deja de ser una casualidad para pasar a ser una estrategia. En febrero de este año 2021 el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió que las empresas que se instalaran en las zonas despobladas de nuestra región no pagarían impuestos. Ese mismo mes de febrero se aprobaba una ley de simplificación de trámites urbanísticos, la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, conocida como Ley SUMA, con unos objetivos positivos en su exposición de motivos: promover una gestión ordenada y sostenible del suelo, dinamizar la economía, incrementar la oferta de vivienda asequible, reactivar solares abandonados o impulsar el desarrollo del medio rural, que no se ven reflejados en la realidad de su articulado.
Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha estamos convencidos que la adopción consecutiva de estas dos medidas por parte de la Junta no es fruto de la casualidad, sino una estrategia para poner una “alfombra roja” en forma de menos impuestos y menos control de la administración, a empresas que quieran invertir en aquellas zonas que las políticas de este Gobierno regional ha desatendido.
Ahora que la presión social ha puesto las necesidades del mundo rural en la agenda política, el Gobierno regional propone una estrategia para revertir unas políticas que han llevado al abandono de esta parte de nuestro territorio, consecuencia de un modelo de desarrollo económico y productivo sin alternativa ni futuro. Las políticas de los sucesivos Gobiernos en Castilla-La Mancha solo han servido para centralizar economía, servicios y población en las áreas limítrofes a la Comunidad de Madrid, mientras que se empobrece de recursos y personas grandes extensiones en nuestra región.
Sin embargo esta nueva ley de simplificación urbanística (Ley SUMA) no solo no va a significar un cambio, si no que supone en la práctica perpetuar un modelo basado en el “ladrillo”, en la logística, el turismo, o, bajo la excusa del desarrollo rural y el impulso de energías renovables, se flexibilizan trámites que van a favorecer, por ejemplo, a grandes empresas suministradoras de energía, como ya estamos viendo en zonas limítrofes con Madrid de Toledo y Guadalajara con un crecimiento insostenible de los terrenos dedicados a placas solares.
En definitiva, esta norma va a servir para permitir y facilitar que las empresas dedicadas a estos sectores estratégicos para nuestro Gobierno regional tengan una pasarela para instalarse en estos territorios despoblados, insistiendo en un modelo económico que no genera empleo estable, no fija población, no cuida el territorio y no es capaz de atender las necesidades reales de las y los castellano-manchegos.
"En ningún caso se habla de la obligatoriedad de implementar servicios públicos"
El presidente Page, va a permitir, una vez más, que la España abandonada solo sea parte de la cadena de producción de grandes empresas que solo buscan su beneficio, por encima de la fijación de la población, ya que en ningún caso se habla en esta Ley de la obligatoriedad de implementar servicios públicos por la Administración regional que garanticen la permanencia estable de la población en este territorio hoy olvidado.
Y además de permitirlo va a hacerlo a la vez que las exime de pagar impuestos, sin distinguir si son grandes multinacionales (que deberían pagarlos), o pequeñas empresas que necesiten incentivos. Como decíamos al principio, la coincidencia se ha convertido en estrategia: que se vengan empresas a cualquier coste, aunque sea el coste de no recaudar, que nosotros ponemos el suelo de nuestra tierra abandonada no para fijar población, sino para que aumenten las ganancias empresariales.
Lo que necesita nuestra región es un plan de implementación de servicios públicos educativos, sanitarios y sociales, un plan de infraestructuras y un transporte público que garantice la conexión de territorios y vertebre la región, y un modelo productivo hacia una industria sostenible y de desarrollo agropecuario de calidad. No podemos seguir admitiendo que se sigan incentivando industrias que no quieren en otros lugares, como las macrogranjas, en vez de apostar por una industria avanzada que trae empleo de calidad.
Debemos ser vigilantes con la elaboración de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha que se está tramitando en la actualidad para ser capaces de recuperar nuestros espacios, ser capaces de aprovechar las oportunidades que nos brinda nuestra tierra. Sin embargo, el texto actual, que es ambicioso en cuanto a servicios públicos se refiere, debe concretarse con fondos suficientes, ya que si no, las políticas educativas, de transporte, sociales y sanitarias se quedarán escritas sin ejecutar y pasaremos entonces de la estrategia a la desilusión.
Artículo de opinión de Elena Loaisa, coordinadora Provincial de IU Guadalajara, y Txema Fernández, responsable de Acción Política de IU Castilla-La Mancha
