Confían en que las obras de Puy du Fou no comiencen hasta que la justicia dicte si el proyecto es o no legal

Entrega de alegaciones del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou / Movimiento QSVPDF

El Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou ha registrado un total de 38 alegaciones -en 90 páginas- al Proyecto de Singular Interés (PSI) y a la tramitación ambiental del parque temático de la empresa Puy du Fou en Toledo. Los miembros de este movimiento consideran que existen "nuevas irregularidades, contradicciones y falsedades" en el proyecto durante el segundo período de información pública al que se ha sometido y que, en opinión de este colectivo, podría no ser el último al que se expusiera.

Las alegaciones son "herederas" de las que el movimiento ya presentó el pasado mes de abril -ahora son ocho más- porque "la mayor parte de los contenidos críticos que tenían no han sido respondidos por la empresa ni por la Consejería de Fomento ni por el proyecto en sí", según ha manifestado el portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Hernández, tras el registro de este documento dirigido a la Consejería de Fomento.

No obstante, Hernández también se ha pronunciado en sus declaraciones sobre el recurso contencioso-administrativo que ha presentado Ecologistas en Acción Toledo -colectivo del que es secretario general- "al servicio" del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou contra la declaración del proyecto como PSI y su exposición pública por parte de la Junta, con tal de que se puedan iniciar "medidas cautelares" antes de que den comienzo las obras del parque temático.

"Lo que se ha hecho es plantear un inicio de posibles acciones en la vía contencioso-administrativa contra la aprobación provisional del PSI y el sometimiento al primer proceso de información pública del proyecto. Ese procedimiento está pendiente de que lo admita a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) aunque ya tiene número asignado. Confiamos en que los próximos días se sustancie", ha señalado al respecto de este recurso.

Se trata de una acción que afirma que inician de "manera preventiva". "Uno de los temores que tenemos es que, con toda su maquinaria y acción de apisonadora que demuestran tanto la empresa como el Gobierno regional, al final las obras puedan empezar en un momento en el que todavía no se haya dilucidado si el proyecto es legal o no. La posibilidad de que esta acción ante la justicia nos pueda permitir iniciar medidas cautelares antes de que se ponga el primer ladrillo es una opción que nos han ofrecido los abogados", ha recalcado el portavoz del movimiento ante la posibilidad de que este recurso prospere.

"Es una opción compleja", ha continuado explicando sobre dicho recurso el portavoz del movimiento, quien, no obstante, mantiene que "hay ciertas posibilidades de que -el recurso- pudiera cuajar". "En cualquier caso no es cuestión de Ecologistas en Acción lo que se haga con ese procedimiento. Hemos puesto al servicio -del movimiento- el hecho de que Ecologistas es una entidad jurídica, y el movimiento no lo es, para que se puedan iniciar esas actuaciones", ha precisado Hernández.

"Inseguridad urbanística", "indefensión de los alegantes" o menos de 4.000 empleos de los previstos

Respecto a los elementos principales de las alegaciones, Hernández ha nombrado "la inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico" ya que sostiene que la aprobación del proyecto va asociada a la aprobación de la modificación número 29 del Plan de Ordenación General Urbana (PGOU) de Toledo -de 1986-, pues esta última todavía no tiene luz verde.

"Sin haber tramitado esa modificación 29 estamos tramitando un PSI con una modificación urbanística que afecta a esa otra que todavía no se ha terminado de aprobar. Hay una inseguridad absoluta, cosas que se tenían que haber hecho antes seguramente van a salir después del PSI", ha manifestado el portavoz del movimiento, que ha señalado también que "la información pública" a la que se está sometiendo el proyecto por parte de las administraciones es "totalmente incorrecta".

Miguel Ángel Hernández, del Movimiento Queremos Saber la Verdad del Puy du Fou

En este sentido, Hernández ha lamentado "el ánimo de beneficiar a la empresa" que creen que tiene "el Gobierno regional". "Ha forzado para que se someta a información pública el proyecto de Parque Temático junto con su tramitación ambiental. Sin embargo en la resolución publicada en el DOCM no se indica expresamente los efectos exactos a los que se refiere esa tramitación ambiental", ha subrayado.

"Al tratarse de un proyecto, sólo implicaría a la evaluación de impacto ambiental del mismo. Eso no incluye ni puede incluir la evaluación ambiental estratégica de la modificación urbanística del PGOU de 1986 para acoger el PSI del Puy du Fou, ya que este documento es un plan a efectos ambientales y no un proyecto", ha agregado el portavoz, que ha apostillado que el proyecto de Puy du Fou tiene los pies de barros en lo legal, en lo técnico y en lo administrativo".

Por otra parte, también ha asegurado que existen datos "cambiantes que ponen en duda" la Declaración de Interés Regional (DIR) del proyecto o que existen "datos contradictorios y análisis tendenciosos" en el mismo que "falsean la realidad". Así, aluden a que en el segundo proyecto analizado se produce "una disminución de los empleos directos en casi un 80% y de casi un 60% de los indirectos respecto de los que manejó el Gobierno para establecer la DIR. En datos globales se ve también de forma llamativa, en la DIR se manejaba una previsión de 7.896 empleos en 2.028 y ahora esa previsión es de 3.329 para el mismo año, un 65% de disminución".

"Esperamos que permitan a los funcionarios trabajar"

En definitiva, el movimiento considera que este documento de alegaciones "supera con creces en contenido y extensión del primer documento que presentaron". Son 38 alegaciones en un texto que se ha revisado rigurosamente por "personas que entienden de leyes, medio ambiente, economía o empleo, todo un equipo que conforma este movimiento y que ofrece a la sociedad estas alegaciones para que las conozca y quien quiera que las suscriba", ha reiterado Hernández

"Esperamos que permitan a los funcionarios trabajar, que informen del proyecto y las alegaciones como es debido, que no haya presiones, que las están poniendo en práctica. Nos someteremos a lo que digan las resoluciones de la administración, y si no son correctas o concordantes con la legalidad pues será lo que digan los tribunales, bien sea por la vía civil o administrativa, o por la vía penal, que no la descartamos", ha recalcado.