Foto: Néstor Oubiña
El pasado mes de enero el Gobierno de Castilla-La Mancha ratificó su adhesión al Pacto por la Infancia bajo el convencimiento de que no es posible la protección adecuada de los niños y niñas sin hacerla extensiva a las familias y a los entornos en los que se desarrollan. Por ese motivo ha puesto en marcha el proceso para la constitución del Consejo Regional de Infancia y Familia, que ha entrado en información pública y que supone “dar un paso más en el derecho a la participación de la infancia en nuestra sociedad”.
Según se establece en el borrador de la Consejería de Bienestar Social, será un órgano colegiado, consultivo y de participación de las distintas entidades y asociaciones representativas en el ámbito de infancia y familia. De hecho, en su seno se constituirá una Mesa de Participación Infantil cuyas funciones y composición se establecerán mediante orden una vez constituido el Consejo, y que “dará voz” a las niñas y niños de la región.
El objetivo principal será promover la comunicación y coordinación entre las distintas administraciones públicas y las entidades de iniciativa social que trabajan para favorecer la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que residen en Castilla-La Mancha, así como fomentar y articular su participación social en el diseño y desarrollo de las políticas públicas.
Este documento recoge además otras funciones más específicas como proponer la adopción de medidas de actuación en el marco de las políticas sociales relacionadas con la infancia y la familia, así como las actividades necesarias para sensibilizar a la sociedad respecto a su situación. También buscará la cooperación con las entidades públicas y privadas en el desarrollo de programas, actividades y campañas informativas o divulgativas relacionadas con los derechos de la infancia en Castilla-La Mancha.
A este respecto, el futuro consejo promoverá el asociacionismo, el voluntariado y la participación social, y recabará información de observatorios de infancia de todos los ámbitos de las administraciones, a fin de elaborar informes para la elaboración de propuestas en materia de infancia y familia.
Entre los vocales del nuevo órgano, de hecho, se incluirá la mayor transversalidad posible, con personas titulares de las direcciones generales en materia de Acción Social, de Atención a Personas con Discapacidad y de Dependencia; así como representantes de la consejerías de Educación, Sanidad, Empleo, Medio Ambiente, Vivienda, Economía y del Instituto de la Mujer. También se designará una persona en nombre de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, en representación de la Administración Local; a otra por la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha; y a vocales representantes de los jueces de Menores y fiscales de Menores.
El ámbito sindical y asociativo tendrá también cabida, con dos representantes de las organizaciones sindicales de mayor ámbito de actuación, una persona representante de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales, y participantes en nombre de las entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la defensa de los derechos de la infancia y la atención a las personas menores de edad. En este caso se incluye particularmente las federaciones y asociaciones de familias numerosas, acogedoras y adoptivas; así como federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnos de centros sostenidos con fondos públicos.
También menores con discapacidad
Finalmente también se incluirá en el consejo una persona representante de las familias con hijos o hijas menores de edad con discapacidad, propuesta por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Castilla-La Mancha.
A las sesiones del pleno del Consejo de Infancia y Familia, podrán asistir, con voz pero sin voto, hasta un total de tres expertos que realicen actividades en el ámbito de la política social de los derechos de la infancia, que se determinarán por el Pleno, en función de las materias a tratar en cada sesión. También se podrán crear comisiones especiales y grupos de trabajo integrados por miembros del Pleno y expertos para las materias que se pretenda estudiar.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este decreto, que todavía debe recibir la luz verde del Ejecutivo tras realizarse las alegaciones, se constituirá formalmente el Consejo Regional de Infancia y Familia, debiendo haber finalizado el proceso de convocatoria pública para la selección de representantes de instituciones y entidades sin fin de lucro más representativas de ámbito regional de los sectores de infancia y familia y el proceso participativo para la selección del representante de niñas y niños tutelados.
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