Alcaldes de la provincia y representantes del sector lamentan la moratoria para instalar estaciones de ITV en Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de una estación de ITV / Imagen de archivo: Europa Press

Este mes de febrero se ha cerrado el plazo de consulta pública previa para que los interesados pudieran alegar a la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de otorgar una moratoria a las empresas interesadas en establecer nuevas Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y que tienen pendiente la ejecución de proyectos ya autorizados.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, titular de la competencia, aduce razones relacionadas con la pandemia originada por el SARS-CoV-2. En concreto, señala que debido a los dos estados de alarma activados se ha venido limitando la movilidad, las actividades y los servicios.

Eso, a juicio del Gobierno regional, ha provocado que las actuales entidades con autorización concedida para la ejecución de estaciones de ITV “hayan tenido graves dificultades para la tramitación y cumplimiento de los plazos” para llevarlo a cabo.

Incluso se considera “insuficiente” el plazo de ejecución, incluida la prórroga de seis meses, incluida ya en el propio Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, la decisión de establecer esta moratoria se ha encontrado con varias quejas llegadas desde estaciones ITV y también de alcaldes, tanto del PSOE como del PP.

En la información que el Gobierno regional ha hecho pública, las críticas van en la misma línea: la moratoria no respetaría el principio de igualdad en todas las provincias de la región y se estaría beneficiando a quienes no lograron autorización a tiempo por cuestiones, sobre todo, urbanísticas.

“La pandemia no ha impedido construir ITV”, dicen desde el sector

Miguel Ángel Guerra Pantoja de la empresa ITV La Sagra S.L. que participó en el proceso de 2019 de nuevas autorizaciones de este servicio, enmienda la plana al Gobierno de Castilla-la Mancha y dice que “las circunstancias de la pandemia no han impedido la construcción de estaciones de ITV autorizadas”.

Esta empresa, con sede en Yuncler (Toledo) tiene ya estaciones en los municipios toledanos de Cazalegas y Casarrubios del Monte y en Almadén (Ciudad Real).

Las empresas tenían un año de plazo, desde marzo de 2019 para ejecutar proyectos. Y no solo eso, el propio legislador ya tuvo en cuenta los efectos de la pandemia, suspendido plazos administrativos de 82 días naturales desde la entrada en vigor del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020 hasta que terminó, el 21 de junio, dice este empresario.

Además, el decreto regional ya fue modificado, y el plazo final para poner en marcha nuevas ITV quedó finalmente en año y medio debido a la pandemia.

“La duración total del posible plazo de ejecución de más de 20 meses”, dice Guerra Pantoja, es suficiente.

Cree que una nueva ampliación de ese plazo “afectaría al principio de igualdad” en el procedimiento en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Beneficiaría a algunos, perjudicando a otros y además, “sin una justificación real por razón de la pandemia”, porque hay estaciones que están ya en vías de completar la construcción.

En la preocupación de este empresario está que se favorezca a aquellas empresas que no llegaron a obtener las licencias de obras u otras autorizaciones urbanísticas y que ahora lo consigan gracias a la nueva moratoria.

Por eso, si el plazo vuelve a ampliarse, reclama “excluir” a este tipo de casos que “nada tienen que ver con las circunstancias de la pandemia”.

De lo contrario, advierte, “se incurriría en clara violación del principio de concurrencia competitiva en condiciones de igualdad para todos los participantes en la convocatoria”.

El alcalde de Madridejos: “La pandemia no puede constituir un cajón de sastre donde pueda caber cualquier decisión administrativa"

Tampoco el alcalde de Madridejos (Toledo), el socialista José Antonio Contreras, se muestra conforme con la nueva moratoria. En esta localidad hay interés por que se instale una ITV y el municipio ha permanecido pendiente del cupo de autorizaciones en la provincia, en particular de la solicitud para la localidad de Navahermosa. Un proyecto que, según explica el edil en sus alegaciones a la moratoria, “no acreditaba viabilidad urbanística”.

Teme el alcalde que “a juzgar por el contenido modificativo del decreto”, lo que estaría haciendo la Junta es, por ejemplo, “primar, únicamente y exclusivamente, a la entidad que tiene dificultades para iniciar las actuaciones de ejecución y puesta en funcionamiento de la estación de Navahermosa”.

Contreras aduce algo similar a lo del empresario de ITV La Sagra: hay empresas que no han tenido problemas para poner en marcha su proyecto a pesar de la pandemia. “Ya existe ejecutada y puesta en funcionamiento una estación de ITV en la provincia de Ciudad Real” y para hacerlo “ha conseguido remover los obstáculos que se dicen oponer a la posibilidad de que se puedan cumplir los plazos de ejecución”.

“La pandemia no puede constituir un cajón de sastre donde pueda caber cualquier decisión administrativa”, afea el alcalde a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Contreras califica de “improcedente” la aprobación y publicación de una modificación del Decreto 8/2019 en cuanto a la ampliación del plazo de ejecución y si se hace, advierte, “se estaría incurriendo en causa de nulidad” que sería motivo de impugnación judicial.

Una estación de ITV / Foto: Europa Press

 

El alcalde de Malagón: La Junta “se escuda” en la pandemia para conceder ITV a municipios que no cumplen las condiciones"

Otro alcalde, Adrián Hernández, que gobierna en Malagón (Ciudad Real), también ha expresado sus reservas.

El edil ‘popular’ niega que haya dificultades para que las concesionarias ejecuten los proyectos ya autorizados.

“Es lamentable que una Administración se escude en la tragedia que supone para nuestro país la pandemia del coronavirus para disimular los errores y arbitrariedades” y acusa a la Junta de conceder servicio de ITV “a municipios que no cumplían las condiciones establecidas en el decreto vigente en relación a la viabilidad urbanística de la instalación”.

Y en este sentido abunda. “Cuando los esfuerzos por obtener extemporáneamente la resolución de esa situación urbanística resultan baldíos o mucho más complejos de lo que se preveía, se pretende arbitrar una prórroga”.

Este alcalde cree que “la excusa del coronavirus es insostenible como fundamento de una modificación normativa” porque la declaración de estado de alarma no ha impedido la continuidad de la actividad laboral y administrativa, “salvo que la Consejería de Fomento esté reconociendo en este momento su incapacidad para organizarse durante la pandemia”, critica.

¿Por qué este interés? Hablamos de un negocio seguro y millonario, dada la obligación de los vehículos de pasar esta revisión y que deja un buen pastel en las arcas de muchas empresas . También dejan ingresos en las arcas de los ayuntamientos a través de distintos impuestos municipales.

Hay que recordar además que estas empresas vieron suspendida la actividad con la entrada en vigor del estado de alarma en marzo de 2020. Durante unos meses dejó de ser obligatorio pasar la ITV.

En 2016 las ITV facturaban unos 60 millones al año y daban empleo a 700 familias, según los datos de Junta.

Desde entonces el panorama ha cambiado con las nuevas autorizaciones que la entonces titular del servicio, la consejera de Economía, Patricia Franco, justificaba dentro del cambio de modelo para dar un mejor servicio al medio rural. Ahora la competencia está en el tejado de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en la Dirección General de Transición Energética.