Alberche del Caudillo mantiene su 'apellido' franquista al paralizarse el trámite que inició para cambiar su nombre

Alberche del Caudillo / Foto: Fidel Manjavacas

Alberche del Caudillo fue el pasado mes de febrero el primer pueblo -y hasta ahora el único- que inició los trámites para quitarse su 'apellido' en honor a Franco y cumplir así con la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, siete meses después de que el Ayuntamiento respondiese favorablemente a la instancia presentada por el abogado Eduardo Ranz, el cambio de nombre no se ha hecho efectivo.

"No hemos recibido ninguna notificación más desde que el 15 de febrero nos comunicaron que procedían a iniciar la tramitación", señala a este medio Ranz, que recuerda que Alberche del Caudillo fue la única de las siete localidades con topónimos franquistas que inició la tramitación para hacer efectivo el cambio. Desde ese momento, se abría un plazo de tres meses -tal y como recoge la mencionada ley- que se agotó días antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

El proceso ha de tramitarse en Calera y Chozas -municipio al que pertenece EATIM (Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio)-. El- mediante la celebración de un pleno municipal en el que, además de revocar la actual denominación por incumplir la ley, se debata el nuevo nombre de la pedanía, que podría optar por eliminar el 'apellido' del Caudillo o también elegir una nueva denominación.

En este sentido, el pasado mes de marzo, el alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina (PP), manifestó a EFE la intención del Ayuntamiento de "cumplir con la ley de Memoria Democrática", realizando si fuese necesario "un pleno extraordinario" antes que de terminase la legislatura para avanzar en esta cuestión. También apuntaba que era partidario de que la propia ciudadanía de Alberche del Caudillo decidiese cómo debe llamarse el pueblo a través de algún tipo de consulta.

Paralizada a la espera de un catálogo

No obstante, dos meses después, y a escasos días de celebrarse unos comicios en los que López-Colina fue reelegido como alcalde del municipio, trasladó a la misma agencia de noticias que el procedimiento se había paralizado.

El motivo es que la administración local solicitó un informe jurídico que recomienda no continuar con la tramitación del cambio de nombre hasta que no se haya elaborado un catálogo oficial de vestigios franquistas que incluya los municipios, calles y otros espacios que deben cambiar su denominación en base a la ley.

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El regidor, que ha declinado hacer ahora declaraciones a este medio, trasladó también que su objetivo es "cumplir con la ley" y que "en cuanto esté el catálogo" volverán a realizar los trámites para que Alberche del Caudillo -municipio al que todo el mundo se refiere solo por Alberche en la zona- se desprenda de este topónimo con el que la pedanía fue bautizada en el año en 1957, año en el que se fundó.

En este sentido, cabe destacar que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática trasladó también a EFE que en mayo estaban elaborando el catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática, que incluirá previsiblemente los nombres de estos pueblos.  Hay regiones que han publicado ya sus propios catálogos con mapas de fosas y vestigios franquistas como La Rioja, la Comunitat Valenciana o las Islas Canarias, donde ha sido recurrido y suspendido cautelarmente en varias ocasiones.

Expediente sancionador

La parálisis de estos procedimientos para cumplir con las obligaciones que establece la nueva ley de Memoria Democrática podría significar la apertura de multas para los municipios afectados. El abogado Eduardo Ranz sostiene que "el cambio de nombre se debería producir" y que, de no ser así, "deberían producirse los expedientes sancionadores" correspondientes, que contemplan cuantías de hasta 10.000 euros por incumplimiento.

Así, de momento los siete pueblos -Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajozç), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Quintanilla de Onésimo (Valladolid)- continúan llevando su apellido franquista o el de generales golpistas sin que la nueva normativa haya cambiado la situación desde su entrada en vigor el pasado año.