El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha afirmado que, en este momento, las aguas del trasvase Tajo-Segura resultan “imprescindibles” para los regantes de cara a la sostenibilidad del sistema.
Considera, en este sentido, que su ausencia “imposibilitaría complementar con recursos hídricos procedentes de otras fuentes, como la desalación, dadas las elevadas tarifas de estas últimas”.
La cuenca del Segura termina de nuevo 2019 siendo la más seca de España, aunque Urrea apunta que la situación con respecto al año anterior es mejor.
Y es que, la cuenca almacena actualmente más de 320 hectómetros cúbicos de agua, un porcentaje del 28% de su capacidad total, cuando el año anterior apenas llegaba al 23%.
A la falta de agua se une el temporal de lluvias que dejó inundaciones, principalmente en la Vega Baja y Los Alcázares. La respuesta de la CHS, según Urrea, fue “rápida” con la puesta en marcha de una batería de obras de emergencia para reparar los daños producidos.
Pero también se plantearon medidas a medio y largo plazo, para lo que se encargó a la UPCT y a la Politécnica de Valencia un estudio que permita saber “qué mejoras se pueden aplicar a los actuales planes de defensa contra avenidas”. Además, ha celebrado el compromiso de la Dirección General del Agua de “licitar los trabajos de conservación y mantenimiento de los cauces por dos años con una inversión de 8 millones de euros”.
En esta línea, Urrea resalta la necesidad de “definir las confederaciones del siglo XXI”, ya que la gestión y los efectos de la DANA “también han supuesto un reto para todos los que formamos parte de la CHS, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir las Confederaciones Hidrográficas adaptándolas a los nuevos tiempos”.
Evitar la contaminación del Mar Menor, competencia de la Comunidad Autónoma
Otra de las noticias negativas que dejó 2019 fue el episodio de anoxia del Mar Menor el pasado mes de octubre que, según Urrea, “puso de manifiesto la falta de medidas que eviten el aporte de nitratos en primer lugar al acuífero, y posteriormente a la laguna”.
Considera que fue un punto de inflexión en la actitud de las administraciones y usuarios, ya que “lo hasta ahora actuado se ha mostrado claramente insuficiente”, por lo que ha vuelto a reafirmar el compromiso “total” de la CHS para tratar de revertir la situación en el medio plazo.
Aunque su estado ecológico supera las competencias de la CHS, Urrea explica que su función como gestores del Dominio Público Hidráulico es “frenar la llegada de vertidos contaminantes por las ramblas y a los acuíferos y estudiar cómo el acuífero interactúa con la laguna, trabajos incluidos en el Plan Vertido Cero acordado que estamos realizando ya”.
Pero, asegura, “evitar la contaminación en origen es competencia directa de la Comunidad”, aunque se compromete a potenciar todas la labores de control y protección, además de la inspección de las superficies de riego que, de manera coordinada con las CCAA, “debemos gestionar para expulsar del sistema a todas aquellas superficies no inscritas en el registro de Aguas, ni con posibilidades de regularización a corto plazo”.
“Vamos a colaborar al máximo en la medida de nuestras posibilidades y exclusivamente en el ámbito de nuestra competencia, pero las buenas prácticas agrarias y los planes de actuación agrícolas son competencia exclusiva de la Comunidad”, insiste.
La solución, a su juicio, pasa por “la voluntad política de atajar el problema sin condicionantes de ningún tipo, ya que desde el año 2001 en que se declaró la zona del Mar Menor zona vulnerable por la Comunidad, ella debió de implantar medidas correctoras para revertir la situación, medidas que se han mostrado claramente insuficientes”.
“Una vez que esa voluntad quede patente, el arbitrar las medidas, que implican un gasto presupuestario importante no debería ser un problema, ya tenemos una hoja de ruta establecida en el proyecto vertido 0, que lo que hay que hacer esa cometer cumpliendo escrupulosamente los trámites administrativos, fundamentalmente los medioambientales. Por todo ello hay que trasladarle a la sociedad que la solución definitiva se alcanzara en el medio plazo”, asegura.
Deseos y desafíos para 2020
Para este año que ahora comienza Urrea le pide que “se mantenga el ritmo de lluvias con el que ha comenzado el año hidrológico 2019-2020, mejor si se producen en la cabecera de la cuenca, como ha sucedido en diciembre, que permita recuperar de forma progresiva las reservas de los embalses”.
Además, subraya que la recuperación de la cabecera del río Tajo “también sería muy beneficiosa para los usuarios del trasvase”, y espera que “se incremente la coordinación entre administraciones y que cada una seamos capaces de implementar las medidas que nuestros ámbitos competenciales respectivos nos asignan, para empezar a corregir las tendencias de contaminación en el acuífero campo de Cartagena y consecuentemente en el Mar Menor, además de iniciar las actuaciones del proyecto Vertido 0”.
Entre los principales desafíos para este año, advierte de la necesidad de “incrementar los recursos técnicos y humanos y mejorar la seguridad de la cuenca ante inundaciones”.
“Este año es también crucial para la preparación del nuevo Plan Hidrológico de cuenca 2021-2027, que debe recoger el balance del estado de la demarcación y las soluciones que planteamos”, ha dicho Urrea, que ha apostado por “mejorar la participación para que se convierta en un documento que plasme la visión de cuantos más colectivos, sectores y usuarios posibles”.
Así como plantear de nuevo aquellos problemas que siguen pendientes, como el déficit estructural, fundamentalmente en el sur de Albacete y Altiplano de la Región de Murcia, ambos con una sobreexplotación de acuíferos “insostenible” a tenor de la Directiva Marco del Agua, que presenta como fecha límite el 2027.
Tampoco se puede obviar, dice, “la trascendencia que para la cuenca del Segura tiene este proceso de planificación hidrológica en la cuenca del Tajo, donde se deben fijar los nuevos caudales ecológicos”.
El trasvase Tajo-Segura
Preguntado sobre si temen que Castilla-La Mancha finalmente consiga extinguir el trasvase, explica que el organismo de cuenca “no puede intervenir en la planificación de la cuenca cedente del trasvase, el Tajo, ni tiene competencias para tomar decisiones que corresponden al Gobierno de España”.
Pero resalta la necesidad de “plantear soluciones a la reducción en los envíos del acueducto producidos por la escasez de agua en el sistema de Entrepeñas y Buendía, consecuencia del cambio climático”.
Y es que, reconoce Urrea, desde su apertura el trasvase “sólo proporciona la mitad de recursos posibles a regadío y el cambio climático está reduciendo aún más la cantidad en los últimos años”.
Por ello, avisa que “debemos prepararnos mediante la optimización del agua disponible y la creación de un mix de recursos (aguas superficiales, subterráneas, desaladas, trasvase y depuradas) que permitan compensar los déficits puntuales”.
Además, dada la normativa que gestiona el ATS, puntualiza que es el Gobierno de España “quien debe aprobar el Plan Hidrológico del Tajo, de tal manera que se cuantifiquen las afecciones socioeconómicas de las decisiones a adoptar, tal y como reflejó la Sentencia del Tribunal Supremo en la sentencia en que se pronunciaba sobre los caudales ecológicos del río Tajo”.