El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha realizado ya un total de 65 autopsias a las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Urda. Según la última actualización del Centro Integrado de Datos (CID), el balance provisional de fallecidos se mantiene en 69 personas.
Hasta el momento, las autoridades han notificado formalmente 12 identificaciones a los familiares de los fallecidos (9 hombres y 3 mujeres). Todas las labores de identificación practicadas con éxito hasta la fecha se han llevado a cabo mediante el cotejo de huellas dactilares a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
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Balance de denuncias y personas localizadas con vida
Las oficinas de las comandancias de la Guardia Civil en Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han contabilizado un total de 72 denuncias presentadas por familiares y allegados. Del total registrado, 38 corresponden a Toledo, 24 a Madrid, 8 a Sevilla, 1 a Ciudad Real y 1 a Logroño.
De esas 72 denuncias iniciales, cinco personas han sido ya localizadas con vida: dos que se encontraban ingresadas en centros hospitalarios y una tercera que finalmente no llegó a embarcar en el tren el día del siniestro, sumándose a dos localizaciones anteriores. Con estos datos, la cifra de denuncias por desaparición activas se sitúa en 67, de las cuales 14 corresponden a ciudadanos de nacionalidad extranjera (Argentina, Australia, Canadá, EE. UU., Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela).
Despliegue de más de 60 profesionales y apoyo de la UME
Las labores de autopsia e identificación se desarrollan sin interrupción desde el pasado miércoles bajo protocolos de rigor y celeridad. En este operativo participan más de 60 profesionales, incluyendo médicos forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4) y Cáceres (2), además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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El equipo se completa con seis técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete y 1 de Guadalajara), nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología dedicados a la realización de pruebas de ADN post mortem, y 27 agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Criminalística y Policía Judicial, encargados del análisis dactilar y del estudio genético de los familiares.
Para la atención integral de los afectados, se ha desplegado un equipo de apoyo psicológico compuesto por cuatro especialistas. Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa prestando soporte logístico esencial para facilitar la gestión de los fallecidos y la asistencia médico-forense.
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