El viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, recibe este viernes a la Plataforma ‘Mi Barrio Sin Amianto’ de Toledo y a la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’, con sede en el barrio de Santa María de Benquerencia (Polígono). Se trata de un nuevo encuentro con responsables del Gobierno regional tras el paréntesis del verano.
“Parece que en la reunión nos quieren explicar lo que se va a hacer, tenemos muchas preguntas y confiamos en que haya un técnico que nos pueda contestar”, señala Víctor Villén de la Asociación de Vecinos ‘El Tajo’. Por ejemplo, quieren saber “si se han solucionado ya las discrepancias con la Confederación Hidrográfica del Tajo” como organismo responsable de velar por el cauce del arroyo Ramabujas que discurre por uno de los lugares con depósitos de fibrocemento. También preguntarán por el sistema a utilizar para eliminar los restos, si la zona a tratar será o no vallada o si los propietarios darán su permiso para hacerlo y por cuánto tiempo.
Otra de las preocupaciones de los vecinos está relacionada con los fondos que destinará la Junta a la retirada de los residuos de amianto en esta parte de la capital regional. Los Presupuestos 2017 recién aprobados incluyen 2,5 millones de euros para este fin, un millón y medio de euros más que lo inicialmente previsto. El informe que el Ayuntamiento de Toledo encargó a la empresa pública EMGRISA que recoge una propuesta de alternativas para el tratamiento del emplazamiento afectado por residuos de amianto habla de un coste de 10,7 millones de euros para retirar o bien cubrir por completo las más de 90.000 toneladas de residuos de amianto.
Villén recuerda que los vecinos apuestan por la eliminación total de los residuos y que puedan ser depositados en un lugar controlado aunque reconocen estar “de acuerdo con que algunas parcelas, en las que en su momento se depositó el amianto en forma de lodos en unas tierras que después fueron labradas, será imposible retirarlos”. Además, señala, “nos preocupa enormemente la falta de información sobre las próximas consignaciones presupuestarias para atajar el problema. “No sabemos si será un presupuesto continuado”.
Los vecinos pusieron a disposición de la Junta un mapa con los distintos focos de amianto dispersos por todo el Polígono. “Creemos que pueden aparecer más”, asegura Villén, y confía en que pueda incluirse en el expediente como documento de trabajo ya que el informe de EMGRISA no lo contempla. También recuerda el compromiso de la empresa Sufi, que en 2005 se encargó de descontaminar los terrenos en los que se asentaba la empresa Ibertubo: 30.000 toneladas de restos de amianto se trasladaron a unos ocho kilómetros de Toledo, en Dehesa Cañete. “Se supone que están controlados. De hecho se firmó un convenio con la Junta por el que Sufi se encargaba del mantenimiento del lugar. Nosotros no hemos visto ningún mantenimiento y lo que le estamos pidiendo a la Junta es la documentación correspondiente para saber lo que está costando”.
La asociación vecinal mantuvo en mayo una reunión en Madrid con abogados del Gabinete Jurídico ‘Colectivo Ronda’, con sede en Barcelona ante la preocupación en el barrio por lo que consideran un problema de “salud pública”, extremo que siempre ha negado la Consejería de Sanidad. Esta asesoría jurídica trabaja desde hace más de tres décadas en la defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto. Víctor Villén explica que, momento, la acción judicial está parada aunque no descartan reactivar la iniciativa a petición de los propios vecinos del barrio.
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