Retención de tráfico en Toledo / Foto: PSOE Toledo
La ciudad de Toledo ha elaborado un proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que requiere, a su vez, de la aprobación de una ordenanza municipal que regule su aplicación. Este documento se encuentra actualmente en tramitación y ha concluido el período de alegaciones por parte de los grupos políticos del Consistorio.
El informe jurídico-técnico emitido por el Área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de la ciudad ha recomendado la desestimación de la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos municipales de Vox y PSOE al proyecto de ordenanza reguladora -IU no ha presentado a la espera de que se someta de nuevo a información pública el definitivo-.
El documento apunta a que, en parte de su contenido, ambas formaciones se pronuncian en sí sobre el proyecto de implantación de la ZBE, lo que consideran que se sitúa fuera del momento procesal oportuno. Además, se señala que ambos escritos de alegaciones incluyen "declaraciones políticas que carecen de los requisitos inherentes a la naturaleza de las enmiendas".
En consecuencia, el informe afirma que la mayoría de las propuestas no gozan de la naturaleza de enmienda, no siendo procedente su calificación ni, por tanto, su votación, sin perjuicio de la determinación final de la Comisión de Seguridad, Transportes e Interior en la que se debate este jueves el documento.
La única acción que sí resulta favorable al Grupo Municipal Socialista fue la corrección de un error material en la denominación de una vía en el proyecto de implantación. En concreto, indica que en la página 52, apartado 7.5 ('Contaminación acústica'), donde dice 'Calle Alféreces Provisionales' debe decir 'Calle de la Paz'.
El informe concluye que, salvo la corrección de error material, la desestimación de las enmiendas es procedente, dejando la determinación final en manos de la comisión.
Vox plantea propuestas ajenas a la normativa de las ZBE
Vox, que a nivel nacional ya ha advertido de que derogará las ZBE que estén en marcha si gobierna, denominaría el proyecto como Zona de Tráfico Restringido (ZTR), sólo aplicable en calles ya peatonalizadas, sin restricciones permanentes ni régimen sancionador. En total, presentó cinco enmiendas a la ordenanza.
Entre ellas, alegó una vulneración del derecho constitucional a la libre circulación. El informe rebate esta afirmación indicando que el establecimiento de la ZBE es una obligación legal impuesta a municipios de más de 50.000 habitantes por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. El objetivo, aclara, es mejorar la calidad del aire y mitigar los gases de efecto invernadero. Y subraya que las limitaciones se han adoptado con pleno respeto a los principios de proporcionalidad e igualdad.
También cuestiona la formación de extrema derecha que "un impacto económico y social injustificado sobre las clases populares". En este punto, el informe recuerda que el proyecto incluye una memoria económica y un estudio de impacto socioeconómico que contemplan exenciones, un calendario de aplicación, y medidas concordantes que suponen la limitación del impacto económico en los hogares de menor renta, el comercio y el transporte.
Y en otras de sus enmiendas, Vox solicita cambiar la denominación de ZBE a 'Zona de Tráfico Restringido', modificar la delimitación territorial, y suprimir el carácter permanente de la restricción, solicitando un régimen de suspensión. Ante esta petición, el Área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente recuerda que la denominación proviene de la normativa y estima innecesaria su modificación. Respecto a la supresión o suspensión del carácter permanente, subraya que no se contempla en la normativa aplicable y que podría suponer el incumplimiento obligaciones legales.
Alegaciones desestimadas al PSOE
El Grupo Municipal Socialista presentó varias enmiendas (7), enfocadas en la inclusión de elementos técnicos y ajustes de redacción, que fueron desestimadas en su mayoría, como la que pedía incluir zonas de especial sensibilidad. A este respecto, el informe apunta que el establecimiento de estas zonas es una posibilidad, no una obligación, y debe ser determinada bajo criterio de oportunidad, no resultando aplicable a la tramitación de la ordenanza, sino a una futura modificación del proyecto de implantación.
De otro lado, solicita el PSOE medidas específicas de restricción de tráfico ante episodios de contaminación, a lo que el informe aclara que la ordenanza ya contempla la elaboración de un protocolo de actuación que deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno para establecer restricciones adicionales en caso de alta contaminación atmosférica.
Otra de las alegaciones del PSOE apunta a la modulación de tarifas de estacionamiento en función del distintivo ambiental. Esta enmienda fue desestimada debido a "la imposibilidad de modificar" una ordenanza fiscal a través de una ordenanza no fiscal.
También reclamaban los socialistas la ampliación de las tipologías de vehículos sin restricciones de acceso, a lo que el informe responde que "su consideración es de contenido eminentemente político, no correspondiendo pronunciamiento ni técnico ni jurídico al respecto".
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