La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) prepara un recurso de alzada contra la resolución administrativa a través de la cual se ordena el desalojo del cuartel de la Guardia Civil en Toledo, en el que viven unas 400 personas en 160 viviendas. Así lo ha confirmado Daniel Timón, secretario jurídico y portavoz de la AUGC en Toledo, quien señala que se pondrá a disposición de “todos los compañeros” que quieran tramitarlo. Timón explica que esto es una opción que propone la misma resolución enviada al instituto armado, que señala que hay un mes de plazo a partir de la comunicación, que llegó esta semana.
La Guardia Civil informó del desalojo el pasado 22 de enero, a través de un comunicado en el que se daba cuenta que el edificio en el que se encuentra actualmente el cuartel toledano no “cumple con los requisitos necesarios de prestación de servicio”, y que se procederá a su demolición - prevista para el 15 de febrero- y a la construcción de nuevas infraestructuras. Los informes técnicos, según se explicaba, han aconsejado proceder al desalojo de las viviendas y otras instalaciones dentro del cuartel. La duración de las obras será, al menos, de 24 meses.
Timón, de la AUGC, resalta que este colectivo no ha tenido acceso a los informes técnicos a los que alude el comunicado. Así se confirmó en una reunión que mantuvo la asociación con varios agentes afectados por la situación. “Nos preguntamos dónde está este informe técnico que dice que hay que salir corriendo, porque no lo tiene ni el coronel ni el general”, asevera el agente. “Saben lo mismo que ha dicho la dirección a todo el mundo, que hay que irse porque hay un informe técnico, pero este no aparece. O no lo tienen o no lo hay”, resume.
Este medio se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para preguntar si, efectivamente, el informe técnico no se ha puesto a disposición de las personas responsables del cuerpo en Toledo, sin obtener respuesta, de momento.
La situación de los agentes que viven en el cuartel es grave, porque no hay alternativas habitacionales a la que tienen en el lugar donde solo pagan suministros como el agua, luz, etcétera. Hay administraciones, como el Ayuntamiento de Toledo, que han reconocido que las opciones de alojamiento son escasa. Carlos Velázquez, el alcalde toledano, explicó que hay incluso lista de espera en varios barrios de la capital.
Son unas 46 familias las que han planteado necesitar ayuda para buscar un alojamiento alternativo, de las 75 que viven actualmente en el cuartel, según ha informado el propio cuerpo. Así lo ha recopilado la Oficina de Apoyo al Afectado por el Desalojo que se puso en marcha de “manera inmediata” para atender a las personas afectadas.
Por otro lado, se ha ofrecido viviendas a través de agencias inmobiliarias. “Viviendas entre 600 euros mínimo, con una habitación, o 1.000 euros para tres habitaciones”, recalca Daniel Timón. “El problema es que en quince días hay que recogerlo todo, buscar dónde encontrar una vivienda”, destaca.
A los agentes se les ha ofrecido la posibilidad de acceder a pabellones en distintos puntos de la provincia de Toledo, que incluso llegan a estar a “160 kilómetros” de distancia de la capital, lamenta Timón. Sin embargo, el portavoz de la AUGC explica que son “precarios” y que quince días no son suficientes para garantizar su habitabilidad.
Por eso, lamentan que “nadie esté por la labor” de ofrecer una moratoria para poder realizar el desalojo de una manera menos apresurada. Y es por ello que plantean también el recurso, para poder ofrecer más tiempo a los agentes.
"Hay mucha ansiedad"
Timón resume la situación de las familias en un cuartel en una frase: “Hay mucha ansiedad”. Explica que tras la reunión celebrada este martes, hubo “quien se fue a su casa medio llorando”. “Me preguntan, Daniel, ¿qué hacemos? Hay mucha angustia, y también gente más entera, pero bastante con mucha angustia. Y es que no saben por qué de un día a otro se encuentran en la calle. Sobre todo los que tienen un hijo en edad escolar, porque no saben qué van a hacer con sus hijos”, relata el agente.
Por eso, desde la asociación trabajan para “minimizar” el impacto que puede tener en la vida personal y familiar del personal del cuerpo. “Realmente nadie ha dado una solución”, explica en relación a las administraciones. De hecho, señala que “lo único” que sí se ha confirmado es que la Guardia Civil ha contratado una empresa de mudanza para ayudar a las familias a realizar su cambio de casa.
Finalmente, explica que el plazo de los dos años es algo relativo, porque el derribo no se puede hacer con tanta premura al estar en un casco urbano rodeado de viviendas civiles. “No se puede poner un cartucho de dinamita y tirarlo abajo”, reflexiona. “Realmente no sabemos cuánto se puede tardar en levantar un edificio desde los cimientos. ¿Dos años?”, cuestiona. De todos modos, asevera que la situación no afecta a la seguridad de la población en la provincia de Toledo. “La mayoría de las personas son profesionales veteranos con 20 o 30 años de servicio. Son profesionales y van a hacer su trabajo”, zanja el agente.
El fin de la polémica por la ubicación del cuartel
El debate por la ubicación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la capital autonómica se extendió durante años, y se barajaron diversas posibilidades, desde el recinto ferial de la Peraleda hasta el barrio del Polígono. Con el anuncio del desalojo se puso punto final a esta polémica, en la que se encontraron en reiteradas ocasiones la delegada del Gobierno de España, Milagros Tolón, también exalcaldesa de la ciudad, con el actual alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.
Desde el equipo de Gobierno de Velázquez han culpado directamente a Tolón de la “paralización” del cuartel, afirmando que se han “incumplido acuerdos durante años” y se ha “mentido sobre las diferentes ubicaciones para su construcción”. La polémica quedó zanjada dando lugar a un nuevo problema: dónde ubicar a tantas familias en apenas quince días.