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Se supone que los planes urbanísticos municipales (el POM, en el caso de Toledo), definen cómo debe crecer y/o transformarse una ciudad, dónde puede construirse y dónde no, que usos están permitidos en cada parcela, como se configuran las calles, los parques, las escuelas u otros servicios públicos. También cómo se reparten los costes entre todos los implicados en su construcción. Ahí es nada.
Como supongo que el lector tendrá espíritu crítico y no será la primera vez que oye hablar de un POM, porque en caso contrario no estaría leyendo este artículo, seguro que se habrá preguntado alguna vez quien, y sobre todo, en base a qué argumentos se decide cómo tiene que ser una ciudad. La pregunta tiene su miga porque nunca ha existido un consenso sobre la ciudad ideal. Yo sé como me gustaría que fuera Toledo, pero también sé que algunos profesionales no piensan igual que yo, y sobre todo que muchos conciudadanos no comparten mis ideales urbanos.
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No existe un ideal de ciudad único e indiscutible, pero todos sabemos que cada finca tiene su dueño y cualquier decisión sobre el futuro de la ciudad tiene importantes consecuencias económicas para todos nosotros. Sobre todo para los propietarios de suelo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entonces? ¿Cómo definimos eso que ahora se llama “modelo de ciudad”?
Hace cincuenta años, es decir, cuando yo estudiaba arquitectura, las librerías y las revistas especializadas estaban llenas de reflexiones sobre los fundamentos del urbanismo. Se suponía que existía una ciencia, o varias, capaz de analizar las ciudades, diseñar de forma racional el mejor futuro posible para cada una de ellas, y una vez establecido este modelo ideal, concretar los pasos necesarios para construirla y mecanismos de compensación suficientes para repartir los costes y beneficios de cualquier decisión. Si algo fallaba, y siempre fallaba, era porque se había estudiado mal, o no se habían tenido en cuenta todas las variables, pero pocos urbanistas dudaban entonces de la validez del modelo racional. De hecho, esta era la base de nuestra formación profesional.
Un buen resumen del final de este debate podría ser un artículo memorable publicado en 1980 por Fernando Terán en la revista Ciudad y Territorio, titulado Diez Años de Urbanismo en España, que se refería a la vertiginosa evolución de las distintas teorías científicas que intentaron justificar las decisiones urbanísticas a lo largo de la década anterior, para acabar concluyendo que todas ellas habían sido un espejismo, y que la intervención pública en la ciudad existente a través del planeamiento no puede deducirse de ninguna ciencia, sino únicamente de una voluntad democrática de transformación basada en el interés de la mayoría.
Cuarenta y cinco años más tarde el debate teórico apenas existe, se agotó hace mucho tiempo, pero la legislación urbanística, y especialmente nuestra LOTAU, sigue apoyándose en la vieja idea de que el futuro de las ciudades puede diseñarse objetivamente a partir de un análisis cada vez más voluminoso de la realidad existente y una serie de estándares, cada vez mas complejos, que definen cómo debe ser cualquier ciudad.
Las ciencias urbanas se fueron estrellando una y otra vez contra el muro de la realidad, pero las leyes y la práctica urbanística adquirieron vida propia al margen de cualquier soporte teórico y siguieron evolucionando haciéndose cada vez más complicadas y más huecas.
Paralelamente, los ciudadanos hemos ido perdiendo la frescura democrática de los primeros años de la transición y cada vez nos interesamos menos por los asuntos colectivos. No sabemos hacia dónde queremos ir, dejamos las decisiones colectivas en manos de expertos supuestamente más capacitados, o de nuestros representantes políticos, y al final, cuando se trata de urbanismo, todo suele acabar reduciéndose a un reparto de monopolios de uso del suelo, aunque solo sea por la sencilla razón de que los únicos que saben lo que quieren y están dispuestos a luchar por ello son los que participan en el negocio.
El urbanismo “científico” es una entelequia, y el que podría entenderse como resultado de una voluntad democrática compartida de transformación de la ciudad nos parece una utopía inalcanzable.
En esta coyuntura, los planes han acabado convirtiéndose en documentos inmanejables repletos de datos y cálculos absurdos que, después de una larga tramitación administrativa, solo pueden servir para justificar una serie de decisiones que, en su mayoría, ya estaban tomadas antes de empezar, o se han ido adoptando sobre la marcha por motivos muy diferentes a los indicados en los mismos planes.
El avance o “borrador” del POM de Toledo actualmente en tramitación es una buena muestra de este planeamiento zombi que acabo de describir.
La información sobre la ciudad y su territorio es infinita, los objetivos declarados muy loables, pero no existe relación causal entre ellos y las decisiones de ordenación recogidas en el mismo documento.
Hablemos, por ejemplo, del paisaje. Una de las principales premisas del modelo propuesto es la puesta en valor de las cualidades paisajísticas del municipio, y para cumplir este objetivo el POM incorpora un análisis muy elaborado de visuales e identificación de las áreas de mayor valor paisajístico. Un esfuerzo ingente para acabar clasificando como urbanizables áreas consideradas paisajísticamente frágiles.
Otro de los objetivos declarados del POM es evolucionar hacia patrones de movilidad más sostenibles, es decir, minimizar el empleo del vehículo privado, pero curiosamente, el mayor de los sectores de suelo urbanizable, con nada menos que 219 hectáreas (Pinedo), se ubica en un lugar prácticamente inaccesible desde la trama viaria actual y sus futuros habitantes se verán obligados a coger un vehículo privado y entrar en una red de autopistas para dirigirse a cualquier otro lugar.
Y que decir de las necesidades de suelo. En la memoria del POM se cuantifica de forma pormenorizada el suelo vacante existente en el suelo urbano consolidado totalizando 7.806.049 m2 (780,6 has.), pero ese suelo, en teoría ya urbanizado, se elimina de un plumazo como suelo disponible para edificar y en su lugar se proponen 958,6 has. de nuevo suelo urbanizable, porque de otra manera no se podría edificar en Toledo.
Son solo tres ejemplos. El POM se ha redactado como si las decisiones de ordenación fueran consecuencia lógica del análisis científico de una información apabullante y de unos objetivos difícilmente cuestionables, pero todo es un espejismo, por no decir otra cosa.
¿Y qué podemos decir de este POM como expresión de la voluntad democrática a la que se refería el ilustre Fernando Terán? Lo primero que se me ocurre es que es imposible formar una voluntad democrática sin debate, y si algo llama la atención de este POM no es tanto su contenido, que en general se limita a resucitar viejos proyectos de sobra conocidos, como la escasa entidad de un debate público que se trata de evitar a toda costa.
Resulta sorprendente que a estas alturas de la toma de la tramitación, cuando se supone que Toledo ya ha tomado las decisiones fundamentales y estamos a la espera de los informes de terceros, haya que acudir a una plataforma ajena al ayuntamiento, e impuesta por directivas europeas vinculadas al medio ambiente, para tener acceso a los documentos en tramitación.
Los que tengan unos años recordarán los despliegues de información, campañas publicitarias, exposiciones públicas y apasionados debates que solían acompañar a la tramitación de cualquier POM o documento equivalente desde sus primeras etapas. Se suponía que el planeamiento urbanístico definía el futuro de una ciudad y sus ciudadanos debían participar en un proyecto colectivo tan determinante para su entorno vital. Es más, se decía que la fuerza de la norma residía precisamente en la participación pública en el momento de su elaboración. ¿Por qué ahora se pasa de puntillas sobre el mismo tema?
Más allá del cansancio existencial después de varias décadas de sucesivos intentos de dotar a Toledo de un instrumento de planeamiento municipal coherente, se me ocurren algunas explicaciones y voy a compartir con los lectores la más importante de todas ellas:
El ayuntamiento no entiende el POM como un proyecto de ciudad, ni siquiera como un instrumento para resolver los problemas reales de Toledo, sino como un engorro burocrático que la JCCM le exige para dar salida a una serie de expedientes urbanísticos atascados desde hace años, o peor aún, como un documento que se limita a formalizar una serie de monopolios de urbanización convenientemente negociados con las personas o entidades directamente interesadas. El debate molesta porque las decisiones ya están tomadas, o van a tomarse alrededor de una mesa de negociación, y en estas circunstancias cualquier proceso participativo solo puede ser un estorbo.
Llevo toda la vida redactando planes urbanísticos y reconozco que cada vez soy más escéptico sobre la utilidad de los POM tal como están configurados en este momento. Tampoco estoy seguro de que el de Toledo llegue a aprobarse algún día, porque su tramitación se ha complicado hasta el infinito durante los últimos años, pero con POM o sin él, nuestra ciudad necesita un proyecto colectivo suficientemente consensuado que de sentido a las decisiones que se van tomando día a día. De otra forma iremos de ocurrencia en ocurrencia hasta disolvernos, o hasta que perdamos definitivamente nuestra capacidad para decisión para convertirnos en un barrio de Madrid o, en el caso del Casco Histórico, en un parque temático para el turismo de masas.
Si podemos consensuar un modelo de ciudad a través del POM bienvenido sea, pero será imposible hacerlo si se evita el debate. Si por cualquier motivo éste no fuera el instrumento adecuado para debatir y concretar un modelo de ciudad, estaremos mejor sin POM, porque solo serviría para engañarnos a nosotros mismos justificando a posteriori decisiones tomadas en función de otros criterios, revistiéndolas con un baño de aparente racionalidad.
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