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España es ese país que aprende a convivir con la herida y, cuando deja de sangrar a chorros, se felicita por la mejora. El INE ha dicho, en la publicación de sus últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, que el 25,7% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Uno de cada cuatro. Y ha dicho algo todavía más grave: el 33,9% de los menores de 16 años vive en ese mismo borde. Uno de cada tres niños.
Aquí empieza el truco nacional: convertir el escándalo en tendencia. “Es la cifra más baja desde 2014”, se repite, y además apenas baja una décima respecto a 2024. La décima, esa unidad minúscula con la que se pretende lavar una enormidad. Como si un país pudiera declararse digno por el simple hecho de que su vergüenza ya no crece.
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Pero la estadística no es un debate, es una escena. El mismo paquete de datos describe un país donde el 36,4% no puede afrontar gastos imprevistos y el 32,2% no puede permitirse una semana de vacaciones al año. “Imprevisto” suena neutro, casi técnico. En la vida real es una muela, una lavadora, unas gafas, una avería. La economía doméstica como prueba de resistencia, el mes como carrera de obstáculos, la tranquilidad como privilegio.
Y luego está la casa, que debería ser refugio y a demasiadas familias se les convierte en problema: el 15,9% declara que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. En España, el frío dentro del salón sigue siendo un indicador social. No hace falta literatura para entenderlo, pero hace falta algo de honestidad para no apartar la mirada.
El INE también ha dicho que el 19,5% está en riesgo de pobreza (medida de renta), el nivel más bajo desde 2008, y que el 8,1% sufre carencia material y social severa. Es decir: incluso cuando la foto mejora por la parte alta, hay millones viviendo con lo básico recortado. La mejora macro funciona, sí, pero no llega igual. O llega tarde. O llega con condiciones.
Porque esta no es una historia de mala suerte. Es una arquitectura. El propio retrato del INE enseña cómo se reparte el riesgo según educación: 13,9% entre quienes tienen estudios superiores; 35,3% entre quienes tienen primaria o menos. Y según relación con el empleo el mapa se vuelve casi obsceno: 55,4% entre parados; 16,4% entre ocupados; 15,4% entre jubilados. El país presume de “empleo” y aun así fabrica trabajadores frágiles. Trabajar no siempre protege. A veces solo permite aguantar.
La cifra que debería perseguirnos, sin embargo, es la de la infancia. Un tercio de menores viviendo en riesgo no es una estadística amarga, es una fábrica de futuro mutilado. Porque la pobreza infantil no solo quita dinero: quita tiempo, estabilidad, descanso, concentración. Quita excursiones, dentistas, calefacción, fruta, silencio para estudiar. Y lo hace sin ruido. No hay sirenas. Hay normalidad. La normalidad del niño que aprende demasiado pronto que la vida se decide en la caja del supermercado.
España lleva años acostumbrándose a esta escena. La llama “vulnerabilidad”, que es una palabra cómoda porque suena temporal, como si fuera a pasar sola. Pero el propio INE lo fija en números: esto no es una anécdota, es un suelo social. Un suelo en el que millones caminan con miedo al recibo, miedo al alquiler, miedo al siguiente “imprevisto”.
La pregunta, entonces, no es si baja una décima. La pregunta es más incómoda y más útil: ¿qué está decidiendo el país cuando acepta que uno de cada tres niños crezca al borde de la pobreza? ¿Qué prioridades se mantienen intactas para que ese dato siga siendo posible año tras año? Porque a estas alturas el problema ya no es de diagnóstico. El problema es de tolerancia.
Y la tolerancia tiene una forma muy española: indignarse lo justo para no cambiar nada. Titular, suspiro, discusión breve, y a otra cosa. Mientras tanto, el 25,7% permanece. Y el 33,9% de los menores también. Y esa persistencia, medida y publicada con precisión por el INE, no describe solo una economía. Describe un carácter colectivo: el de un país que se acostumbra a lo que debería resultarle insoportable.
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