El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha registrado un bloque de trece alegaciones al Proyecto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Toledo ‘ZBE-Casco Histórico’. En ellas reclama que esta normativa se ponga en marcha pensando “en preparar una ciudad habitable en el futuro inmediato y atractiva en el futuro a largo plazo” y no en una "obligación legal".
El portavoz de la formación de izquierdas, Txema Fernández, considera que este proyecto "carece de un verdadero espíritu de vocación medioambiental" y recuerda que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), cuya tramitación aún no ha concluido, “debe ser eje esencial de las políticas medioambientales municipales” dirigidas a la “mejora y afianzamiento del transporte colectivo frente al vehículo privado”.
Entre sus alegaciones, reclama la inclusión de las infraestructuras que se tengan pensadas ejecutar con el objetivo de incentivar el transporte en medios alternativos y sostenibles, puesto que este documento sólo recoge aquellas que fomentan el uso del vehículo privado.
El concejal de IU, asegura que uno de los objetivos fundamentales de las ZBE debe ser "convencer al ciudadano de las bondades del transporte público colectivo". Y por ello, "este proyecto de ZBE debería asumir como nueva infraestructura -no solo como una posibilidad- la creación de un intercambiador".
Según Fernández, “el documento carece de proyectos de peatonalización de barrios, no hay comunicación con vehículos alternativos entre barrios y dentro de los mismos, y no se hace mención al transporte público colectivo a la espera de la firma de un nuevo contrato con una empresa privada que lo gestione”. Por ello, reclama que se exponga cómo está tratando el futuro POM de la ciudad la unión sostenible entre barrios y dentro de cada barrio.
"Zona verde las 24 horas del día" para regular el tráfico en el Casco
El edil de izquierdas afirma que en el Casco Histórico de la ciudad es "necesaria la aplicación de la zona verde durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana para desincentivar el tránsito de vehículos".
Considera que el proyecto de la ZBE "no incentiva la llegada de nuevos vecinos, a no ser que se empadronen con un vehículo con la calificación adecuada". Para ello propone un cambio en "la redacción en materia de exenciones para no ‘castigar’ a quienes decidan vivir en el Casco una vez aprobada la Ordenanza".
Además, propone el concejal de IU que se añada en el documento el compromiso de que la Comisión de Movilidad se reunirá trimestralmente para evaluar las denominadas ‘listas blancas’ -que permiten el acceso al casco justificado por interés general-, así como el estado de cumplimiento de la Ordenanza de la ZBE y el desarrollo completo del proyecto.
Finalmente pide que se incluya el coste que tendrá la Oficina de Atención al Ciudadano y por cuánto personal estará atendida. También solicita que se elimine la exención a los vehículos históricos por ser altamente contaminantes y que no se contemple como objetivo cuantificable en la mitigación del cambio climático la ‘Promoción del cambio de vehículos de combustión por eléctricos’.
Una normativa de 2021 que sigue sin concretarse en Toledo
El origen de esta normativa se remonta al año 2021 a nivel europeo y que la legislación española, en particular, impulsó la creación de ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes para promover la movilidad sostenible y mejorar la calidad del aire.
El Gobierno local de PP y Vox en Toledo publicó hace más de un año una consulta ciudadana en la que los habitantes. Transcurridos 20 días después a esa consulta, el Ayuntamiento procedería a la elaboración del proyecto de ordenanza, “siguiendo los trámites legalmente previstos”.
Según ha reiterado en contadas ocasiones Txema Fernández, desde entonces, el proyecto "sigue sin concretarse" a pesar de haberse "desarrollado un proyecto subvencionado con 4 millones de fondos europeos para la implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de Toledo (SIMUSET). Esto conlleva la instalación de cámaras para controlar el tráfico, estaciones medidoras de polución o pantallas informativas".
"Tenemos todos los instrumentos puestos en la calle pero la ordenanza sigue sin funcionar", lamentó el edil el pasado junio.