Tres familias con menores desalojadas de un inmueble de la Peraleda reclaman "una vivienda digna": "No nos dan solución"

Miembros de las tres familias desalojadas del edificio de la Peraleda que ha sido derribado / Imagen: Fidel Manjavacas

Tres familias toledanas, con cinco hijos menores, llevan desde el pasado 13 de mayo viviendo en varias caravanas y sin acceso a agua corriente en el recinto ferial de la Peraleda, en Toledo. Ese día tuvieron que abandonar, a escasos metros, el que ha sido su hogar durante los últimos 20 años: un antiguo centro de ocio municipal abandonado que fue derrumbado tras una orden judicial por el peligro que suponía su deficiente estado.

Desde entonces, según traslada Silvia Augusto, madre de tres menores de 4, 6 y 11 años y quien se ha erigido ante los medios como portavoz de las familias afectadas, solo han recibido ayuda por parte de un matrimonio toledano -Gerardo y Sagrario- que les lleva agua o comida para los niños. "Desde que nos han echado nadie ha venido a preguntar ni nada. Solo ayer vino la asistencia social", agrega.

"Lo único que pedimos es una vivienda digna, un techo donde poder meter a nuestros hijos. No nos oponemos a pagar un alquiler social, sea en un pueblo o donde sea", asevera Silvia, que afirma que les han cerrado la toma de agua de la que se abastecían desde que abandonaron el inmueble y que no les permiten poder hacer uso de los baños públicos que hay instalados en este recinto ferial.

Sí disponen de luz y de algunos electrodomésticos, como la lavadora que tienen a la intemperie junto a una de las caravanas. También cuentan con "un chorrito de agua para poder hacer la comida y fregar", mientras que para poder asearse llevan a los niños -todos ellos escolarizados- a la vivienda de un familiar, explica Silvia, que recalca que en 20 años no han tenido nunca "ningún problema con nadie".

"Lo único que le he pedido a la asistente social ha sido que me dé un cheque para poder comprar agua. Lo más esencial, porque claro la nevera de la caravana es muy chiquitita. Y me dice que no, que yo estoy cobrando de lo de mi trabajo", lamenta Silvia, quien indica que tiene un trabajo a media jornada con el que no llega a los 400 euros. "Con eso no me da para sobrevivir", lamenta.

Peligro del inmueble y (sin) solución habitacional

Ninguna de las familias opuso resistencia a abandonar este edificio municipal que habían convertido en su vivienda y por el que el Ayuntamiento emitió un informe el pasado mes de marzo que dio inicio a los trámites para desalojar el mismo y derrumbarlo posteriormente. El arquitecto y el aparejador municipal realizaron una inspección técnica en la que comprobaron que el inmueble presentaba "graves deficiencias de habitabilidad, lo que supone un peligro para sus ocupantes y para terceros".

"No puede pasar algo en ese edificio y que sea responsable del Ayuntamiento", afirmó el portavoz municipal, Juan José Alcalde, que precisó, sobre las familias desalojadas, que se trataba de "una situación de emergencia" en la que debían intervenir los Servicios Sociales "para proteger a los menores y a las familias vulnerables", tal y como recogió también un auto judicial, fechado a mediados de abril, que instaba a los Servicios Sociales a "dotar a los ocupantes de una solución habitacional una vez sean desalojados".

Edificio de la Peraleda derruido (antiguo centro de ocio) en el que vivían tres familias toledanas / Imagen: Fidel Manjavacas

Sin embargo esa solución habitacional no ha llegado. Tanto la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, como también el alcalde, Carlos Velázquez, han asegurado en los últimos días que han ofrecido "todos los recursos" a su alcance y que les permite las competencias municipales. Entre ellos, la reserva de un hostal para diez días -que las familias no han aceptado afirmando que se trata de "pan para hoy y hambre para mañana"- o de la tramitación de las ayudas de emergencia para atender sus necesidades vitales básicas.

"El Ayuntamiento de Toledo no dispone de vivienda social, es otra administración la que tiene porque es la competente, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", aseguró Velázquez, instando al Gobierno regional a ofrecerles a las familias la solución habitacional que reclaman.

En este sentido, Silvia recuerda que el juez dictaminó que tenían que abandonar el día 13 de mayo el inmueble y que los Servicios Sociales tenían que ayudarles para que los menores no se quedaran en la calle. "Solo se cumplió una parte y creo que no se va a cumplir la otra. La fama internacional que tienen Toledo y no disponen de tres viviendas...", reprocha.

"No es una cuestión política, es una cuestión de humanidad"

Su indignación la han compartido este viernes representantes del Grupo Municipal Socialista de Toledo. Su viceportavoz, Ana Abellán, y su portavoz, Noelia de la Cruz, se han desplazado al recinto de la Peraleda para entrevistarse con los afectados, denunciar su situación y exigir al Ayuntamiento de Toledo que asuma su responsabilidad como administración más cercana.

"Siempre hemos aceptado como correcta la decisión de proceder al derrumbe por la situación de las instalaciones", precisa Abellán, al tiempo que insiste en que "el juez da conocimiento al Ayuntamiento en dos ocasiones sobre la situación de las familias para que proceda a buscar y encontrar soluciones adecuadas". "Son los Servicios Sociales del Ayuntamiento los que tienen que acatar esa situación y hacer ese acompañamiento a las familias y sobre todo a esos menores".

"Siguen sin solución, pero no conformes con eso, se les ha cortado algo tan básico como es el suministro de agua, una situación que la concejala de Asuntos Sociales afirmó no conocer. Ella dice que es mentira... Tagus no corta el agua si no hay alguien que dé la orden. ¿Quién ha dado la orden"", cuestionada Abellán, que pregunta también "por qué no se les deja hacer uso de los baños de la Peraleda mientras se encuentra una solución".

El PSOE cree que hay "intereses ocultos" tras este desalojo

Por su parte, la portavoz socialista ha puesto el foco en la intervención judicial que precedió al derrumbe y ha cuestionado por qué se ha producido: "Nos cuesta creer que un juzgado haya intervenido de oficio sin que nadie lo solicitara. ¿Ha sido el Ayuntamiento quien lo ha pedido? ¿Por qué tanta prisa en proceder al derribo?", ha planteado, insinuando posibles intereses urbanísticos en la zona, como la instalación de una discoteca, y sugiriendo que "algún amigo del alcalde" podría estar detrás de esta celeridad.

Ambas representantes han exigido que el alcalde y la concejala "bajen al terreno y den la cara ante esta situación de emergencia". "No basta con lanzar balones fuera y culpar a otras administraciones. Los servicios sociales municipales son la primera puerta a la que deben acudir estas familias y el Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad", han expuesto.

PP y Vox desmintieron un posible proyecto hostelero en el solar, que se habilitará como aparcamiento

Tanto la vicealcaldesa, Inés Cañizares, como el portavoz municipal, Juan José Alcalde, desmintieron en los últimos días la supuesta intención de de que se pudiese desarrollar un proyecto hostelero en el solar en el que se ubicaba este inmueble, donde se habilitará un aparcamiento, según trasladaron. "Vamos a sanear y dignificar esas instalaciones, pero de ninguna manera habrá un establecimiento hostelero. Quiero dejarlo muy claro", afirmó Cañizares.

Por su parte, tras las declaraciones que ha realizado la portavoz del PSOE, su homólogo en el Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha asegurado que es "lamentable y ruin que el PSOE utilice la situación de familias vulnerables para hacer política". Además, le ha pedido rectificar respecto a la insinuación de que "algún amigo del alcalde va a construir una discoteca" en este espacio. "Si no rectifican tomaremos las medidas legales oportunas", ha agregado.

Edificio de la Peraleda derruido (antiguo centro de ocio) en el que vivían tres familias toledanas / Imagen: Fidel Manjavacas

Respecto al corte de suministro de agua, Velasco ha indicado que "Tagus no puede cortar el agua de una toma que no existe, porque esta edificación ni era una vivienda, ni tenía célula de habitabilidad". Además, ha insistido en que el derribo de esta construcción ha anulado la conexión ilegal a la red de abastecimiento de agua por la que se estaban suministrando. También ha asegurado que "resulta llamativo, que el PSOE defienda y promueva un asentamiento ilegal".

Por su parte, las familias desalojadas afirman que no han tenido "ningún problema" en los 20 años que llevaban habitando el espacio y que "nunca" ha tenido que acudir la policía. Al contrario, agradecen la sensibilidad que tuvieron agentes de la Policía Local el día que les echaron del inmueble, ofreciendo "chucherías, zumos o bollos a los niños". Sí reprochan la actuación de las administraciones: "No han tenido pena de nadie y nadie vino a ver cómo estamos".