Los ayuntamientos de Toledo y Burguillos de Toledo han sido dos de los beneficiarios para instaurar Oficinas de Transformación Comunitaria, con el objetivo de promocionar y dinamizar comunidades energéticas. Esto, tras la resolución definitiva de la primera convocatoria del programa de ayudas para este fin. Del total de 20 millones de euros previstos, para 79 proyectos, a la comunidad autónoma llegarán 1.333.028,01 euros.
En total, Castilla-La Mancha contará con siete de estas oficinas: el Parque empresarial de Campollano (Albacete), la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense (Cuenca), el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete (Albacete), el Ayuntamiento de Ciudad Real, la Asociación Mancha Júcar Centro (Albacete) y las citadas en la provincia de Toledo, que dispondrá de una subvención de 114.022 euros -en el caso de Burguillos de Toledo- y de 138.600 euros -en el caso de la capital regional-.
El programa busca facilitar la creación de nuevas comunidades energéticas de toda índole (ciudadanas, empresariales, industriales...) con medidas de difusión, asesoría y acompañamiento, que allanen el camino y extiendan el conocimiento general sobre esta fórmula cooperativa de producción y consumo de energía renovable, así como promotora de medidas de eficiencia energética, gestión de la demanda y movilidad sostenible.
La resolución de la convocatoria con la asignación íntegra de los 20 millones habilitados –fondos NextGenEU canalizados a través del PRTR– refleja la gran acogida de esta línea de incentivos, con más de 200 solicitudes que duplicaban el presupuesto disponible. De igual modo, los proyectos seleccionados evidencian el interés social creciente por la generación y consumo energético colectivo y por los instrumentos que, como las OTC, sirven para potenciarlos.
Administraciones públicas
Las administraciones locales, regionales y otras han protagonizado esta convocatoria. Por volumen de ayudas, el 77% de los beneficiarios propuestos son entidades públicas, frente al 23% correspondiente al ámbito privado. Y también en términos numéricos, la mayor parte de los 79 proyectos seleccionados (50) tienen naturaleza pública, bien sea de ayuntamientos, entidades de carácter supramunicipal como agrupaciones de municipios, diputaciones, cabildos, o incluso fijan su radio de acción en el conjunto de una comunidad autónoma.
Pese a este predominio, también es “notable” la participación del sector privado y la sociedad civil, con un buen número de iniciativas promovidas por pymes, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones y empresas de la economía social. Otro factor “relevante” es que un 73% de las oficinas subvencionadas (58) trabajarán en municipios de reto demográfico y/o transición justa.
Desde el Ministerio señalan que la constitución de estas oficinas tendrá un impacto “directo” en el empleo, sobre todo en cuanto a las personas que prestarán los servicios en la oficina, pero también generarán un efecto tractor de la economía asociada a los servicios energéticos en sus áreas de influencia, al activar la constitución de comunidades energéticas.
Las oficinas quieren contribuir a una transición ecológica más inclusiva a través de tres líneas de actuación: empoderamiento de los nuevos actores del sector energético, acompañándolos –entre otras cuestiones– en la activación y dinamización de comunidades energéticas de toda índole (ciudadanas, empresariales, industriales…); también, a través de la asesoría experta en los proyectos de construcción y funcionamiento de comunidades energéticas: técnica, administrativa, financiera o jurídica, pero también social, facilitando los procesos de debate y participación que caracterizan a estas fórmulas cooperativas de producción y consumo de energía renovable.
Finalmente, también a través de la formación y difusión sobre las comunidades energéticas, para extender el conocimiento sobre esta fórmula, maximizando las oportunidades que ofrece en la democratización de la generación y consumo de energía.