“Toledo tiene un porcentaje mayor de siniestralidad laboral, quizá por la relación de cercanía con Madrid”

Juan Díaz Rokiski, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha. Foto: eldiarioclm.es

Toledo es la provincia de Castilla-La Mancha que, junto a Guadalajara, tiene un mayor porcentaje de siniestralidad laboral. Son datos que maneja la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha. En una entrevista hemos preguntado por estas y otras cuestiones al director territorial, Juan Díaz Rokiski.

Este profesional vive en Toledo desde los seis años. Estudió en el IES Universidad Laboral y en 2001 aprobó las oposiciones a las que, cuenta, se apuntó casi por casualidad, tras ver un anuncio en un periódico. Tras los primeros pasos profesionales en Badajoz volvió a Toledo en 2004. Desde 2012 ocupa el cargo de director territorial.

“En mi familia no hay precedentes profesionales relacionados con el Derecho. Mis padres se alucinaron cuando me presenté a las oposiciones”, comenta entre risas durante una entrevista en la sede territorial mantenida con elDiarioclm.es

Tras más de 20 años de experiencia cree que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “ha dado un salto para bien. Ahora es mucho más preventiva que reactiva”, nos dice. También que antes había menos denuncias que ahora. “Quizá porque era un servicio mucho menos conocido”.

De las inspecciones a iniciativa propia y aleatorias en cada territorio, se ha pasado a las actuaciones “programadas” y eso, sostiene Juan Díaz, “es una situación muy deseable porque supone ir a algo concreto a las empresas”. De hecho, abunda, “ahora disponemos de una herramienta predictiva para casos de fraude. Por ejemplo, en las contrataciones y en otras situaciones. Eso nos permite tener indicios de que en una determinada empresa pueda haber algún problema”.

Acaba de aprobarse la programación para 2023 por parte de la Comisión Operativa Autonómica, en la que participan el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha. Será su hoja de ruta en Castilla-La Mancha de cara al próximo año “con mucho detalle, provincia a provincia” y con objetivos que detalla a lo largo de la entrevista.

¿Cuál es el balance en cuanto al número de infracciones y su tipología en 2022?

Hemos cerrado los datos básicos provisionales a fecha 28 de noviembre. Por fin hemos recuperado la normalidad y en cuanto a visitas han sido 10.372 en Castilla-La Mancha frente a las 10.100 de 2019. No entro en los años 2020 y 2021. Fueron muy inferiores.

En cuanto a incumplimientos, de acuerdo a la programación que se hizo por la situación que vivimos, lo más grave ha sido la siniestralidad laboral. El diagnóstico es que no podemos tolerar las cifras que tenemos en la región. Es nuestro principal campo de actuación. Un 30% de actuaciones son preventivas.

Vamos a acabar el año con más de 1.000 infracciones en materia de prevención laboral sancionadas en acta. Es la mayor que hemos tenido nunca y eso también es fruto de la existencia, desde 2015, de una escala nueva de funcionarios que tienen competencia exclusiva. Son subinspectores de seguridad y salud laboral. Tenemos 21 en Castilla-La Mancha.

En Toledo y Guadalajara hay un porcentaje mayor de siniestralidad, quizá por la relación de cercanía con Madrid.

Además, llevamos ya casi 9.000 requerimientos. Solo en el 10% de los casos sancionamos directamente. En el resto damos la oportunidad de corregir vía requerimiento con plazos

¿Por qué ocurre? ¿Qué trasladan los subinspectores? ¿Algún sector en concreto?

Hemos tenido un año pasado especialmente malo en accidentes mortales, aunque la cifra de siniestralidad en sí no es tan grave. La diferencia entre un fallecimiento o un accidente leve a veces está en la suerte. La foto no es buena para Castilla-La Mancha, pero no es exponencial. Estamos en un cierto estancamiento.

Las causas son múltiples según recoge el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2022-2026. Se pone el foco en que somos una región de pymes en la que falta cultura preventiva por un lado y de medios de materiales de protección por otro. Los trabajadores tienen responsabilidad, pero quiero subrayar que el obligado en la prevención es el empresario.

¿En qué se han traducido económicamente las sanciones para las empresas por incumplir la normativa laboral?

Depende del tipo de infracciones. En prevención de riesgos laborales hasta el 28 de noviembre fueron 3.828.000 euros. Es una cifra importante y creciente porque en 2021 fue la mitad.

Creo que lo caro para la empresa no es la sanción de la Inspección de Trabajo. No es nada con lo que puede ocurrir si a un trabajador le pasa algo. Lo caro tiene que ver con lo emocional, con lo humano… Nadie quiere que un trabajador se mate o se accidente, además del coste disparado que supone las bajas de la Seguridad Social, el absentismo laboral, los recargos en las prestaciones, las sanciones o las indemnizaciones.

Creo que cumplir la norma sale más barato que no hacerlo. A esa convicción tienen que llegar todos los empresarios que no cumplen. Afortunadamente la mayoría sí lo hacen.

¿Y cuál es el coste por otro tipo de incumplimientos?

Podemos hablar de incumplimientos en las cotizaciones a la Seguridad Social. Sobre todo, en cuanto a actas relacionadas con las liquidaciones que son como las inspecciones ‘paralelas’ que todos conocemos en Hacienda son unos 15 millones. Es una situación cada vez más infrecuente con los cambios introducidos en la normativa laboral.

Donde salen más caros los incumplimientos es en materia de trabajadores extranjeros sin autorización laboral. El coste es muy elevado. Hay 341 infracciones con 3,6 millones de euros en sanciones.

En materia de Extranjería están muy perseguidas porque tienen un componente de explotación de personas, no siempre claro.

¿Afecta más al sector agrario que a otros?

A todos. En el sector agrario no es que sea mayor el número de incumplimientos, sino que los grupos a los que se sorprende están más organizados y son más numerosos. De las 341 infracciones detectadas, una sola que afecte a 20 personas pasará en el campo, pero no ocurrirá en un bar, por ejemplo.

Albacete es la provincia donde más ocurre, quizá por su relación con las prácticas en Levante que acaban por influir allí. Se trabaja mucho más allí con la Guardia Civil y la Policía Nacional en combatir este tipo de tramas.

A los empresarios les digo que hay que tener mucho cuidado porque las sanciones no son exactamente por tener a un trabajador irregularmente, sino que detectamos muchos casos de suplantación de identidad de las personas.

La Hostelería y la Agricultura se prestan mucho más que la Industria o el Comercio a situaciones irregulares"

Cuando se da de alta a una persona extranjera, lo suyo es tener delante la autorización de trabajo original. No hay que conformarse con documentos o fotos que se pasan a través del whatsapp. A veces se hace así porque las gestorías tienen mucho trabajo. En realidad, todos lo tenemos.

Luego hay sorpresas cuando llega la Inspección de Trabajo con la Policía Nacional.  Hemos tenido casos con cierta frecuencia y el empresario quizá no piensa que esté incumpliendo. Entramos ya en el terreno de las mafias o redes dedicadas a la explotación de forma sistemática. Tienen que saber que contratar con intermediarios está prohibido, pero existe y por eso han de tener mucho cuidado en verificar la identidad de sus trabajadores.

¿Castilla-La Mancha tiene alguna peculiaridad respecto a las infracciones laborales? ¿Hay algún sector más infractor que otros?

Sí tenemos nuestras peculiaridades. Se ha hablado siempre de que las comunidades del norte del país tienen un índice menor de economía irregular. Es un dato público. Nuestra situación es intermedia. No hay un fraude desmesurado al lado de otras regiones.

No es que haya sectores incumplidores porque sí. Se debe a que tienen mayor volumen de población ocupada o por volumen de actividad temporal con mucha rotación de mano de obra. Siempre se habla de la Hostelería y la Agricultura. Se prestan mucho más que la Industria o el Comercio a situaciones irregulares.

Quiero pensar que está llamado a terminarse y que lo que quedará serán situaciones vinculadas a redes o grupos organizados. La falta de alta en Seguridad Laboral o los trabajadores sin contrato están llamados a extinguirse por la propia dinámica de convicción de ambas partes.

Sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha. Foto: Toledodiario.es

La reforma laboral obligó a transformar contratos temporales en indefinidos. ¿Se está cumpliendo?

No hay ninguna conflictividad a pesar de las dudas y el revuelo cuando se publicó la nueva reforma laboral. Creo que hubo un esfuerzo de todos en ser razonables. No hay apenas denuncias, aunque las dudas interpretativas existan, teniendo en cuenta las que todavía están pendientes de resolver con el contrato por obra y servicio que se puso en marcha en los años 80. Hay que hacer camino al andar.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, se está llevando a cabo en sus justos términos. ¿El uso de fijo-discontinuo? No lo eludo. Se le ha dado un uso diferente porque se amplían los supuestos. El trasvase de los contratos temporales a los de este tipo no tiene nada de malo porque en nuestro mercado hay actividades que son muy cíclicas. Lo que sí se debe potenciar es la estabilidad: si este año estoy de socorrista, lo suyo es que el siguiente me vuelvan a llamar a mí y no a otro.

¿Pero se sigue abusando de la temporalidad?

Tenemos todavía una convivencia de contratos anteriores y posteriores a la reforma. Ha habido un plan de choque del Ministerio de Trabajo que ha remitido comunicaciones, pero todas vinculadas a contratos de antes. La propia Inspección de Trabajo en Castilla-La Mancha, en sus actuaciones ordinarias, ha transformado otros 4.200 contratos en indefinidos. A 28 de noviembre este año son 9.200 vía plan de choque o por nuestra actuación directa.

Tendemos a que se hagan menos actuaciones porque el fraude es menor. La norma está muy acotada en cuando a duración de los contratos. Es un tipo de fraude que como mucho puede durar seis meses porque si es temporal ha de extinguirse.

¿Cómo está funcionando el registro de la jornada laboral? ¿Hay también mucho fraude? ¿Es posible controlarla?

Parecía una cuestión muy complicada y que iba a ser el fin del mundo, pero se ha ido regularizando. En el 95% de casos era muy sencillo de hacer. Al menos se ha asumido por las partes como una obligación más del ámbito laboral. Como en todo hay empresas que cumplen y otras que no.

A veces nos encontramos disfunciones como que nos tengan preparados los cuadrantes firmados de todo el año. Lo considero en fase de implantación.

Trabajo les dará competencias para vigilar y avalar o no las causas en los despidos colectivos, aunque CEOE ya ha mostrado su rechazo. “Lo que nos faltaba” decía el otro día el secretario general de la patronal toledana ¿Cómo lo valora usted?

Hay que decir que ha existe un informe por parte de la Inspección de Trabajo, aunque se ciña a los aspectos formales del periodo de consultas o a si está o no completa la documentación.

CEOE tiene todo el derecho a entender que puede ser una traba más, que se pierda flexibilidad, pero me gustaría puntualizar que la experiencia de las empresas y las asociaciones con la Inspección de Trabajo no es esa.

Dicen que se pone en manos de la ministra de Trabajo que se aprueben los ERE. Quiero romper una lanza por los inspectores de Trabajo y Seguridad Social porque tenemos protegida nuestra autonomía técnica y profesional por los convenios internacionales de la OIT y en la Ley de la Inspección de Trabajo. Ejercemos bajo los principios de objetividad e independencia. No se sigue criterios políticos.

¿La semana laboral de cuatro días? España lleva 100 años con la semana de 40 horas. Si en ese tiempo no hemos mejorado en productividad, a lo mejor es que tenemos un problema"

Hablando de la patronal, la de Toledo ha tildado de “gilipolleces” el hecho de que se piense en regular una semana laboral de cuatro días…

Nosotros nos limitamos a hacer cumplir la normativa, que bastante faena es para lograr que se cumpla. Mi opinión personal pasa por recordar que la semana laboral de 40 horas lleva implantada cien años en España. Si en ese tiempo no hemos mejorado nada en productividad, a lo mejor es que tenemos un problema.

Es un tema a estudiar y no para despacharlo ligeramente. Tenemos que pensar si necesitamos trabajar como se trabajaba hace cien años para lograr lo mismo, sin olvidar que tenemos medios tecnológicos que nos permiten ser más productivos y eficientes que entonces.

Aquí en Castilla-La Mancha IU quiere que la Inspección de Trabajo controle también la ejecución de los planes de empleo de la Junta. Sugiere que algunos ayuntamientos aprovechan para cubrir plazas que deberían ser estructurales con trabajo temporal. ¿El sector público cumple?

Entre los funcionarios o el personal estatutario solo tenemos competencias en materia de salud y seguridad laboral. Conviven con el personal laboral. Creo que no se incumple igual que en el sector privado.

La vigilancia de los planes de empleo lo hacemos cuando hay denuncia de los trabajadores o intervención judicial. No creo que sea como para una acción sistemática. Otra cosa es que, si hay incumplimiento y denuncian, seamos los primeros en intervenir.

Con los planes de igualdad, nuestro interés no está en multar porque eso, a las personas trabajadoras, no les aporta nada. Nos interesa que se pongan en marcha

Por primera vez en su historia, la Inspección de Trabajo está convocada a una huelga con paros a jornada completa durante los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. Faltan medios personales, denuncian los sindicatos. ¿Cuál es la ratio entre inspectores/ trabajadores? ¿A qué se debería aspirar?

No me gustan mucho las ratios si hay que aplicarlas a territorios como Castilla-La Mancha con provincias amplias y población dispersa. No es lo mismo la Inspección de Madrid, con zonas como Parla que la de Cuenca. Tenemos un inspector por cada 7.000 trabajadores afiliados. Dirán que la ratio es buena pero claro es que no es lo mismo hacerlas en Badalona o en Cullera que aquí.

"En 2023 tendremos las plantillas completas en las cinco provincias. Somos 110 personas con funciones inspectoras y otras tantas en labores administrativas"

Hay muchas formas de verlo. En España en general la Inspección de Trabajo necesita más medios humanos porque es un servicio público con demanda creciente. El éxito está en que cada vez hay más denuncias y hay satisfacción en cuanto a su resolución. No tanto, debo decir, en cuanto a los plazos de tramitación. Se nos retrasan un poco debido al volumen.

En cuanto a dotación de plantillas hemos tenido muchos problemas, pero tengo que reconocer el esfuerzo del organismo estatal en Castilla-La Mancha. Empezaremos 2023 con las plantillas completas en las cinco provincias. No lo había visto nunca en once años.

En Cuenca y en Guadalajara hemos tenido muchos problemas de dotación, pero ahora las tendremos al completo, pero claro, tenemos un sistema nacional, con su movilidad correspondiente y con plantillas relativamente pequeñas. Eso supone un problema si en un concurso se van tres de los siete inspectores hasta que se vuelven a cubrir.

En 2023 seremos 110 personas con funciones inspectoras, al que se suman otras tantas personas con labores administrativas. Es mucho más de lo que hemos tenido nunca. En 2020 éramos 84. 26 están en Albacete, 22 en Ciudad Real, 13 en Cuenca, 20 en Guadalajara y 29 en Toledo. Entre enero y febrero se incorporarán diez más. No me quejo. Intentamos difundir lo interesante que es trabajar en la Inspección de Trabajo y que se apunten a las oposiciones. Aprovecho para decirlo (risas).

¿Reforzaría algún área en concreto?

Todos los recursos en prevención son bienvenidos, pero la carrera permanente por más, más, más… no enriquece. Gestionamos sí, pero con lo que tenemos hay que optimizar, aunque tengamos que quejarnos si tenemos poco. Más que muchos o pocos, lo que pido es que siempre estén los mismos porque cuesta hacerse con la zona geográfica y conocer las empresas. El conocimiento acumulado es importante.