Entre los objetivos que plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco de los fondos destinados a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19, se encuentra el fomento del uso del coche eléctrico en España. Para ello, el Gobierno central ha impulsado medidas para que administraciones como los ayuntamientos se impliquen en el desarrollo de instalaciones con puntos de recarga eléctrica en los aparcamientos públicos, entre otros .
Así consta en el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptaron medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Se trata, dice el texto, de “evitar la sensación de ansiedad de autonomía, que detrae a muchos compradores de la decisión de adquirir y usar los vehículos eléctricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia”.
El artículo 4 de este Real Decreto habla que deben crearse dotaciones “mínimas” de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos adscritos a edificios de uso distintos al residencial o estacionamientos existentes no adscritos a edificios.
Aparcamientos de Toledo que no son de uso residencial
Antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, así como en los estacionamientos existentes no adscritos a edificios con más de veinte plazas, deberán disponer de dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
¿Y cuál es el “mínimo”? La norma dice que, con carácter general, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción. Por ejemplo, en Toledo, aparte de varios aparcamientos privados y los centros comerciales, afecta a varios aparcamientos de titularidad municipal.
Es el caso del aparcamiento de la plaza de Filipinas que cuenta con 192 plazas, debería tener cinco dotaciones de recarga. O en el caso del parking de El Tránsito, que deberá contar con tres dotaciones para cubrir sus 102 plazas. En el caso del aparcamiento de San Juan de la Penitencia, con 77 plazas habría que instalar dos dotaciones y en el Seminario, con 103 plazas, otras tres dotaciones. En total, en estos aparcamientos de titularidad municipal se tendrían que instalar 13 puntos de recarga eléctrico.
Precisamente, el pasado mes de octubre el pleno municipal debatía una propuesta planteada por Cs en este sentido que fue rechazada. Pese al voto contrario del equipo de Gobierno, el concejal de Movilidad, Juan José Pérez del Pino, aseguraba que la propuesta "suena bien" y que ya trabajaban en esta línea. "Desplegar puntos públicos de recarga no es ahora un problema", señalaba.
Las subvenciones para estas instalaciones llegan al 70% del coste subvencionable y podrán alcanzar el 80% del coste subvencionable para aquellas actuaciones que justifiquen encontrarse en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Financiación
Precisamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene abierta (hasta el 31 de diciembre de 2023) una convocatoria de ayudas que subvenciona la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, en el marco del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa Moves III) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser tanto personas físicas que desarrollen actividades económicas, por las que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado (se requiere alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria) y las personas físicas mayores de edad, a excepción de los casos de discapacidad, que podrán ser menores de edad, con residencia fiscal en Castilla-La Mancha y no incluidas en el anterior apartado o las comunidades de personas propietarias.
También se destinan estas ayudas a las personas jurídicas, válidamente constituidas en España en el momento de presentar la solicitud, entre otras, así como a las entidades locales y al sector público institucional de cualquiera de las administraciones públicas del ámbito territorial de Castilla-La Mancha, así como a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Esta convocatoria cuenta con un presupuesto superior a los 15,5 millones de euros que se imputará al presupuesto de gastos de los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
El 65% se destinará a ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos y el 35% restante a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.