El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado un expediente que eximirá del pago de la tasa de ocupación de la vía pública a la hostelería por las terrazas, y a los responsables de venta ambulante en los mercadillos del martes y del sábado. La medida se aplicará entre septiembre y diciembre, lo que permitirá que, junto a la exención que ya tuvieron los pasados meses de enero y febrero, no abonen estas tasas durante seis meses del presente ejercicio.
Esta medida, como ha indicado la alcaldesa, Milagros Tolón, contribuye, dentro de las limitaciones de la Administración local, a paliar los efectos de la situación económica que ha desencadenado la COVID-19. También se beneficiarán de esta decisión enmarcada en el Plan de Recuperación Económica y Social de la Ciudad de Toledo los comercios y trabajadores autónomos que de manera habitual pagan esta tasa por la instalación de puestos y espacios para la venta a pie de calle.
La alcaldesa ha estado acompañada por el concejal de Promoción Económica, Innovación y Empleo, Francisco Rueda, quien ha recordado que para este año 2021 se ha establecido un nuevo catálogo de ayudas con un presupuesto total de 1,3 millones de euros en el que se contemplan, y ya se están tramitando, 700.000 euros en ayudas directas a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) que se suma al medio millón de euros destinado a este fin en 2020.
Además, el Ayuntamiento convocará una segunda línea de ayudas directas de carácter sectorial destinada a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias y de movilidad como son los autónomos y pymes de hostelería, artesanía y comercio vinculados al turismo y especialmente al Casco Histórico. Esta convocatoria contará con una partida de 400.000 euros, y una línea de ayudas directas a la modernización y campañas de promoción destinadas al pequeño comercio con un coste estimado de 120.000 euros.
A este montante hay que añadir el presupuesto dirigido en 2020 a paliar los efectos socio-económicos de la pandemia, con una serie de convocatorias de ayudas para la conciliación familiar y laboral o para gastos derivados de la vivienda y el alquiler, además del fondo de contingencia desde el que se han abordado situaciones extremas coordinadas por los Servicios Sociales Municipales.