Toledo, la provincia de la región en la que se atienden más amenazas y agresiones a docentes

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El Servicio de El Defensor del Profesor, un recurso puesto en marcha por el sindicato ANPE, ha hecho públicos los nuevos datos de las intervenciones realizadas con los docentes de diferentes comunidades autónomas en relación con la situación de convivencia escolar. Según esta estadística, en Castilla-La Mancha se sigue produciendo un “goteo constante de llamadas, consultas y denuncias” que han concluido en 101 casos atendidos en el curso 2018-2019, diez más que el curso pasado, lo que supone un aumento del 11%. Por provincias, se han atendido 20 casos de la provincia de Albacete, 24 en Ciudad Real, cuatro en Cuenca, 15 en Guadalajara  y 38 en la provincia de Toledo.

Todos los casos atendidos requirieron apoyo psicológico y 75 de ellos asesoramiento jurídico. Con respecto a las consecuencias sobre la salud y deterioro del estado anímico de los docentes, el sindicato destaca el aumento de las bajas médicas y el abandono de la profesión docente. Igualmente, apunta que "se mantienen altos los niveles de ansiedad y depresión derivadas de las situaciones de conflictividad y violencia sufridas por el profesorado".

Con respecto a los distintos niveles educativos, 13 de estos casos se producen en la etapa de Infantil, 56 en la etapa de Primaria, 25 en la etapa de Secundaria-Bachillerato y siete en otras enseñanzas como la Formación Profesional Básica, Formación Profesional, Escuelas de adultos o Escuelas de Idiomas.

El sindicato destaca que en un mismo caso pueden concurrir varios tipos de problemas. Por ejemplo, se atendieron 77 problemas relacionados con los alumnos: 19 por problemas para dar clase, 21 donde se realizaron faltas de respeto e insultos, 27 con acoso y amenazas (que han aumentado), tres casos de agresiones entre alumnos, dos de agresiones al profesor y cinco por años a la propiedad. En cuanto a los problemas relacionados con los padres, se han detectado 126: 30 por faltas de respeto e insultos, seis por presión para la modificación de notas, 30 por falsas acusaciones, 35 por acoso y amenazas (que también han aumentado), 13 por denuncias de pares y 12 por agresiones al profesor (también en alza y “muy preocupante” para el sindicato).

Ciberacoso y problemas con la administración

En el informe se recoge también el ciberacoso y el acoso entre iguales, con ocho casos; el ciberacoso de alumnos a profesores (grabaciones, fotos, redes sociales), con diez casos; y el de padres a profesores, con 11 casos. Asimismo, también se han detectado problemas relacionados con la dirección y/o la administración, hasta en 42 casos distintos.

El Defensor del Profesor es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. El servicio prestado, en el que se guarda el anonimato de los docentes, consta de una primera toma de contacto con un asesoramiento general de las distintas problemáticas que pueden haber sufrido y un apoyo psicológico. Tras ese primer apoyo, se les ofrece la ayuda necesaria en cada caso y se les asesora de los pasos a seguir e, incluso, hay casos que requieren de asesoramiento jurídico.

ANPE alerta de que se mantengan en niveles altos las denuncias por insultos o difamaciones a los docentes a través de los grupos de whatsApp de padres y madres. El sindicato ya inició el curso pasado una campaña para informar sobre las utilidades de dichos grupos a través de un decálogo de buenas prácticas que ha difundido por todos los centros educativos. Solicita en este sentido la cooperación a las familias para frenar las faltas de respeto hacia el profesorado que se puedan dar por este medio y además advierte de que "la difusión y publicidad de injurias o calumnias a través de estos grupos podría tener la consideración de delito".

Peticiones

Tras el análisis y valoración de los casos atendidos este curso, junto con la experiencia acumulada en los últimos años, ANPE y El Defensor del Profesor reiteran la necesidad de establecer medidas como la revitalización de la Unidad de Atención al Profesorado, la revisión del Decreto de Convivencia de 2008 de Castilla-La Mancha, y la obligación de los Equipos Directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, de informar al Ministerio Fiscal y a la Dirección Provincial de Educación correspondiente.

También demandan programas de prevención de acoso escolar que contemplen la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos; la puesta en marcha y recuperación de las aulas de convivencia en los centros que lo requieran; un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar; y el reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes de carácter psicosocial siempre que se deriven de situaciones de acoso, considerando estas situaciones como accidentes laborales.

ANPE renueva su compromiso de "seguir trabajando en apoyo a los docentes que pasan por situaciones de acoso e intimidación en sus puestos de trabajo, así como su intención de mejorar la consideración social de los docentes, hacer llegar a la opinión pública el día a día de los centros educativos y poner a la educación y a sus profesionales, en el puesto que realmente se merecen".