Toledo, la provincia de la región con más diligencias judiciales en residencias en la segunda ola de COVID

Así lo ha explicado el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, señalando que durante los tres primeros meses de la declaración del Estado de Alarma, desde el 14 de marzo al 21 de junio, se incoaron en las fiscalías de Castilla-La Mancha un número "superior" a las que se iniciaron en otras comunidades autónomas, por lo que le lleva a considerar y situar a la región por detrás de Madrid, Cataluña y Castilla y León.

Lo ha expuesto ante los medios de comunicación antes de comenzar la Junta de Fiscales Jefes de Castilla-La Mancha, celebrada en la mañana de este viernes por vía telemática, siendo el balance de la situación de las residencias de ancianos radicadas en la región uno de los asuntos previstos a tratar. Asimismo, ha señalado que el número de diligencias han estado repartidas "de forma equilibrada" entre las provincias, reflejando "de alguna manera" la incidencia del COVID-19 en cada territorio.

En desglose, Jiménez ha explicado que en la primera ola las provincias de Ciudad Real y Albacete fueron las zonas que registraron un "mayor número de denuncias". De las 28 que se dieron en esta primera ola, 10 corresponden a Albacete; 7 a Ciudad Real; tres a Cuenca; tres a Guadalajara; y cinco a Toledo. De ellas, siguen en tramitación dos en Albacete, dos en Cuenca, una en Guadalajara y tres en Toledo, alcanzando un total de ocho diligencias que siguen abiertas puesto que son "más complejas" y "dentro de breves fechas" habrá resolución.

Segunda ola

Respecto a la segunda ola, Jiménez ha expuesto que se han registrado, hasta el momento, 11 nuevas diligencias de investigación penal, teniendo como dato que el número de incidencias ha bajado en Ciudad Real mientras que ha subido en Toledo "en consonancia también con la propia evolución de la pandemia".

De este total, corresponden dos a Albacete; una a Ciudad Real; dos a Cuenca; y seis a Toledo, estando siete de ellas en tramitación. Asimismo, Jiménez ha señalado que las archivadas "son diligencias que están terminadas" debido a que los fiscales han entendido que "no había elementos suficientes para proseguir una investigación penal" a pesar de la gravedad.

Denuncias de familiares y trabajadores

Por otra parte, el Fiscal Superior ha señalado como dato "curioso" que "en algunas ocasiones" las denuncias se daban por parte de los familiares, aunque en otras ocasiones ha sido la Fiscalía quien ha actuado a instancia de inspección de trabajo o a instancias de algunos organismos públicos "que denunciaban hechos relacionados con las residencias", consistiendo en "movimientos de ingresos y salidas de residentes sin autorización administrativa, o sin cumplir los requerimientos legales.

"En la mayoría de los casos se denunciaba muerte por imprudencia, también en algunos casos falta de atención", ha aseverado Jiménez, añadiendo que en otras ocasiones el personal de la residencia "no era el denunciado sino el denunciante", poniendo en manifiesto ante la fiscalía "la falta de equipos de protección individual, la falta de recursos sanitarios para atender a las emergencias, y por consiguiente la realización de un trabajo difícil".

En relación al plazo de resolución para el archivo o procedimiento penal de las diligencias que siguen en trámite, Jiménez ha señalado que debido a que el primer Estado de Alarma determinó la suspensión de los plazos procesales, lo cual afecta también a la diligencia de investigación penal. A pesar de ello, ha manifestado que las diligencias de la primera fase que siguen en trámite "deben estar a punto de cerrar en lo que queda de año".

Evolución favorable en las residencias

Asimismo, ha defendido que desde el 21 de junio se ha observado que la evolución en las residencias ha sido "muy favorable" en Castilla-La Mancha, asegurando que "se ha aprendido de la experiencia". De esta manera, ha querido hacer especial hincapié en que en los primeros meses fallecieron en las residencias de ancianos de la región cerca de 2.500 personas "de un universo de menos de 30.000 personas". Unas cifras que asegura que de haber seguido a ese ritmo "en dos años y medio habrían fallecido todos los ancianos de las residencias de Castilla-La Mancha".

Es por ello por lo que ha puesto en valor que el número de fallecidos "se ha reducido drásticamente" de manera que desde el 21 de junio han fallecido 300 personas, por lo que, a pesar de lamentar las defunciones, ha valorado la evolución. A todo ello ha añadido que "se han defendido mejor las residencias pequeñas" con independencia de ser pública o privada, aseverando a su vez que "las denuncias presentadas se proyectan fundamentalmente de residencias privadas".