El Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene una postura definida para el uso de los teléfonos móviles por parte del alumnado en los centros escolares. Quiere prohibirlo en las etapas educativas de Infantil y Primaria, y regularlo en Secundaria para que se utilice únicamente con un fin pedagógico. De hecho, esta comunidad autónoma ya tiene un decreto que se aprobó en 2014 con el objetivo de regular el uso de estos dispositivos en las aulas. No se ha desarrollado por completo pero sí hay un trabajo hecho que, según el Ejecutivo, servirá para abordar este debate.
La posición castellanomanchega la ha dado a conocer el consejero de Educación, Amador Pastor, tras la Conferencia Sectorial que el Ministerio del ramo celebró ayer con las comunidades autónomas, donde se propuso a los gobiernos regionales abordar a partir el mes de enero la posible prohibición del uso y abuso de móviles por parte de los jóvenes en los centros educativos.
Según el consejero, los representantes autonómicos han quedado emplazados para, a partir del mes de enero, establecer un diálogo con ese objetivo: que se prohíba en las dos primeras etapas de la educación obligatoria, mientras que en Secundaria se circunscriba a fines educativos.
“Castilla-La Mancha ha mostrado su disposición a ello, incluyendo todo el trabajo ya realizado desde 2014. Ya hemos manifestado que queríamos hacer una regulación más concreta de ese uso pedagógico de los móviles dentro de las aulas. Con esto queremos prevenir las adicciones a las pantallas y sobre todo confiar en el uso responsable, como oportunidad de mejora del conocimiento”, argumenta el consejero.
Labor de profesorado y tiempos fuera del aula
El Gobierno de Emiliano García-Page va a esperar a las conclusiones de ese grupo de trabajo de las comunidades autónomas para “abordar una concreción mayor”. Pero por el momento, el consejero ya ha admitido que “efectivamente” esa tarea recaerá en el profesorado, que es quien “marca las tareas del alumnado dentro del aula”. En cuanto a los tiempos fuera del aula como recreos, entradas y salidas, es la cuestión que no está regulada en la región y donde “debemos buscar la posición común”. “No vamos a ir en solitario”, ha remarcado.
Al hilo de ello, ha hecho hincapié en que el “sistema educativo en solitario no puede hacer toda la labor”, instando también a la ciudadanía a hacer un esfuerzo para una limitación del tiempo de uso de estos dispositivos fuera del ámbito de la educación, “para que los jóvenes puedan tener una relación más sana a través de las redes sociales y teléfonos móviles”. “Son dos factores a tener en cuenta y así coincidimos todas las comunidades: incidir en la mejora de la convivencia y en la prevención de las adicciones”.
Amador Pastor ha detallado que durante la Conferencia Sectorial, la ministra, Pilar Alegría, destacó la importancia de dotar de autonomía a las comunidades educativas como las Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) a la hora de decidir los tiempos de uso. “No estamos hablando de prohibir la comunicación con las familias para cuestiones urgentes, sino de casos de acoso por redes, de consumo de pornografía en edades muy tempranas y de un uso responsable de la tecnología vinculada a los fines educativos”.
Finalmente, se ha mostrado más partidario de las medidas preventivas para el uso responsable que de las acciones sancionadoras, punitivas o de retirada del móvil, si bien actualmente el régimen disciplinario de conviviencia lo determina cada centro educativo.