Movimiento Sumar Toledo ha trasladado su preocupación por "la deriva de los servicios sociales en la región hacia un modelo 'low-cost' de atención a las personas". Una situación de la que responsabiliza a la Junta de Comunidades que ha abordado en una reunión de trabajo con la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha.
El colectivo lamenta "la precarización de los contratos", por lo que comparte con la Plataforma el objetivo de "lograr la equiparación salarial de todos los profesionales" de este sector, "con independencia de su relación con la administración pública".
"Actualmente, mantienen en la Plataforma, la partida presupuestaria dirigida a los profesionales dentro del convenio supramunicipal de atención primaria de servicios sociales, convenio que financia a los ayuntamientos, es un 40% inferior a la de los mismos profesionales que trabajan para la administración autonómica, una diferencia que se cifra en 1.000 euros en algunas categorías", exponen.
Esta situación se produce, según señala, "aunque el propio convenio marco establezca que las cuantías a financiar se fijarán en base a las retribuciones que se establezcan anualmente para el personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los presupuestos generales".
"Además, no se realiza subida salarial desde el año 2010 e incluso se produjo una disminución en el año 2016. Desde entonces no ha habido ninguna modificación. Entre los años 2013 y 2023, el salario de un trabajador o trabajadora social o de un educador social del convenio supramunicipal ha disminuido un 4.67%. Y las aportaciones por kilometraje en un 31,42%", agrega.
Un detrimento, dice Sumar, que "no compensa la subida comprometida del 3% en el convenio de 2024, y que queda muy lejos de compensar la diferencia salarial con los profesionales de Servicios Sociales dependientes de la Junta o las subidas salariales del último año al personal funcionario", añaden.
Por todo ello, la Plataforma ha planteado una iniciativa que llega al Pleno de las Cortes regionales este jueves, 26 de septiembre, y que confía que pueda contar con el consenso de los grupos parlamentarios.
El 31,6% de la población, en riesgo de pobreza
Sumar lamenta "la precarización del modelo de políticas sociales en esta región, en la que el 31,6 % de la población, unas 640.000 personas, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (datos de la Red Europea contra la pobreza para Castilla-La Mancha)".
"La Junta, administración con competencias en la materia, se limita en mantener un modelo de políticas sociales desfasado y con financiación insuficiente que degrada cada día algo tan importante como los servicios sociales de atención primaria, puerta de entrada de todas las personas en situación vulnerable y que se ve incapaz de atender demandas básicas para las familias", apuntan.
"Lo hace, además, trasladando la responsabilidad de los servicios sociales a los ayuntamientos, incumpliendo de manera flagrante sus obligaciones como administración. La deficiente financiación, sin actualizar desde hace años, y la infradotación de personal, ahoga a los Ayuntamientos y no permite llevar a cabo de forma efectiva los programas y la atención a las personas, trasladándoles la responsabilidad ante los vecinos y vecinas más vulnerables", subraya Sumar.