Siete águilas muertas por electrocución en la provincia de Toledo en un mes
Los agentes medioambientales han recogido los cadáveres de tres ejemplares imperiales, tres perdiceras y una real en las últimas semanas, aunque solo en 2018 murieron más de 400 aves
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha denunciado que, a lo largo del último mes –contando el periodo navideño- solamente en la provincia de Toledo se recogieron un águila real, tres águilas imperiales, otras tres águilas perdiceras, y otras aves como milano real y azor, cuyos cadáveres fueron levantados por protocolo de electrocución -para determinar su causa y desestimar otras como pudiera ser veneno- y posteriormente derivados al Centro de Rapaces Ibéricas (C.E.R.I.) para su posterior evaluación.
Han solicitado la colaboración ciudadana para poder luchar contra los que califican de "graves problemas "de electrocución de avifauna que sufre la región, y ante cualquier sospecha de mortandad de un animal, se dé aviso inmediato a los agentes medioambientales de su localidad o solicitar su presencia a través del teléfono 112.
Y es que, sólo en 2018 se han producido más de 400 casos de electrocuciones de especies protegidas en las provincias de Toledo y Albacete. Se da la circunstancia, además, de que ésta última es pionera en sentencias ganadas a las compañías eléctricas por lo que, dice APAM Castilla-La Mancha "se ha convertido en un referente nacional".
Esta información contrasta con el anuncio de una compañía eléctrica que asegura que invertirá 200 millones de euros en los próximos años para arreglar tendidos eléctricos.
Desde APAM-CLM se considera que el trabajo, supervisando y denunciando todos los casos por el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla La-Mancha y en coordinación con servicios jurídicos de la Junta y con sentencias en los tribunales, el que, a través de la ley de responsabilidad medioambiental y la ley de biodiversidad, ha forzado a la compañía a realizar esta inversión, por lo que no se trata de una iniciativa propia de la compañía eléctrica, sino más bien de la obligación del cumplimiento de la ley.
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