El Sescam trabajará con Policía y Guardia Civil en protocolos para evitar agresiones a sanitarios

El director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Íñigo Cortázar, ha anunciado que este miércoles  el Comité de Seguridad y Salud Laboral del área sanitaria comenzará a trabajar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la elaboración de protocolos para prevenir las agresiones al personal sanitario. Unos protocolos que, ha dicho, “ya existen pero forman parte de procedimientos no escritos”.

En la reunión también  se abordará el último caso ocurrido en la localidad toledana de Camarena con el resultado de un médico en estado crítico, que aún permanece ingresado en el Hospital Virgen de la Salud de la capital, tras la agresión de un paciente. “Queda mucho por hacer”, ha reconocido Cortázar, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes castellano-manchegas para informar sobre las medidas de seguridad en hospitales y centros de salud, como por ejemplo el  llamado ‘botón del pánico’.

“Recentralizar” la gestión del botón del pánico y otras medidas de seguridad

El actual Ejecutivo castellano-manchego ha desvelado que ya se ha concluido una auditoría para comprobar que los dispositivos de seguridad funcionan en todos los centros sanitarios donde se ha instalado.

El siguiente paso es abordar jurídicamente la decisión de Cospedal de "descentralizar" el servicio, otorgando un contrato por cada una de las Gerencias sanitarias de la región a las que, ha dicho, “se abandonó a su suerte” ya que de cada una de ellas pasaron a depender las medidas y dispositivos de seguridad. Una decisión que calificaba de “antieconómica”.

El objetivo ahora es “recentralizar”, comenzando por el área de Cuenca. Pero la tarea, ha detallado, “cuenta con numerosos obstáculos” al existir un contrato administrativo por cada Gerencia y requerirá “acompasar cada finalización de contrato para proceder a una ejecución única”. Algo que ya estudian los servicios centrales del SESCAM.

Íñigo Cortázar ha repasado los datos del actual sistema de seguridad, con 4.661 dispositivos que, ha dicho, “funcionan correctamente” y ha facilitado datos de los recursos por tipo de centro sanitario. En el caso de los hospitales y los Centros de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento cuentan con vigilantes de seguridad privada (hay 62 en total), existe un circuito cerrado de televisión con cámaras interiores y exteriores, una central de alarmas conectada con otra externa, puntos de control de los accesos a zonas restrigidas.

En Atención Primaria, entre 2008 y 2013 se dotó centros de salud de mayor tamaño de la región de un circuito cerrado de televisión, grabadores y monitores conectados a la central receptora de alarmas. En algunos centros “con especial conflictividad”, ha detallado, existe vigilancia presencial en determinados horarios. “Contamos con una amplia red de dispositivos de seguridad que ha resistido los recortes de 2013”, ha concluido.

Podemos pide recursos materiales y humanos no solo sobre "el papel"

La diputada María Díaz, portavoz de Podemos en esta Comisión ha reiterado su petición para  no solo “actualizar” los protocolos sino para que se doten “con recursos materiales y humanos”- en la misma línea que hace unos días reclamaba el  Sindicato Médico de Castilla-La Mancha tras producirse una nueva agresión en Camarena (Toledo)-  y evitar que todo quede “en un papel”.

También ha advertido de la necesidad de que la Consejería de Sanidad esté “vigilante para que no se produzcan diferencias entre una Gerencia y otra”, en tanto concluye el proceso de “recentralización” del sistema.

“Hacen falta acciones integrales e integradas. El sistema sanitario no son islotes”, reclamaba la diputada de la formación morada “porque la sensación sobre las medidas es que toman a posteriori de la agresión. No hay prevención, ni formación a los profesionales”, señalaba para aludir, precisamente, al caso ocurrido en la localidad toledana de Camarena.

El PP reclama “medidas proactivas y preventivas” y presupuesto "concreto"

Por su parte, Carlos Velázquez,  portavoz del Partido Popular, ha aprovechado su intervención para reclamar “medidas de carácter proactivo y no reactivo, preventivo y no a posteriori” porque Castilla-La Mancha es “la cuarta comunidad autónoma con más agresiones”. Se refería a los datos que maneja el Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos, según los que los casos de agresiones a facultativos han ido creciendo desde el año 2014 (con 11 casos), 2015 (16 casos), 2016 (22 casos) y 2017 (25 casos).

“Me van a decir que lo que ahora hay es más denuncias. Ese es un argumento subjetivo y los datos son objetivos” y reiteraba “la necesidad de que  funcione el  botón del pánico” frente a lo que “sobran anuncios, planes, desvergüenzas y demagogias y faltan partidas presupuestarias concretas”.

También se ha dirigido a la diputada de Podemos, María Díaz: “No le debería preocupar lo que hicimos nosotros, sino que Castilla-La Mancha es una de las peores de España en agresiones a médicos  con ustedes en el Gobierno regional” y ha aprovechado para decir que “es falso, nosotros no nos cargamos la joya de la corona  -en alusión a la Sanidad pública- sino que la salvamos de la quiebra en la que la dejaron sus compañeros del PSOE”.

El PSOE pide “no alarmar” mientras se trabaja en “erradicar, no minimizar”

“Es evidente que este Gobierno rechaza cualquier tipo de violencia y que el objetivo no es la minimización sino la erradicación”, ha dicho la diputada socialista Ana Isabel Abengózar quien ha pedido “no alarmar” a los grupos parlamentarios de Podemos y el Partido Popular.

Ha destacado la “importancia” del Observatorio de la Violencia creado por el SESCAM a  la hora de prevenir, formar e informar a los profesionales, el asesoramiento jurídico”los 365 dias del año” dichos profesionales o el hecho de que el Gobierno se persone como acusación particular en casa caso.

La agresión en El Casar (Guadalajara) continúa en la vía penal

Durante su intervención, Íñigo Cortázar se ha referido también a las agresiones ocurridas en  El Casar (Guadalajara), en octubre de 2017, para repasar los hechos en los que resultaron heridos tres médicos y una enfermera tras la presunta agresión de un paciente que era atendido en una mano.

El caso, ha explicado, se encuentra en los tribunales, en la vía penal. El pasado 20 junio el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara juzgado emitió un “para continuar el proceso penal por un delito de  lesiones. Esperamos esperan que se sustancie a la mayor brevedad posible”, ha dicho Cortázar.

La Junta se personó como acusación particular en este caso que, de hecho, fue el detonante para que el Consejo de Gobierno aprobase “sistematizar” su presencia judicial en aquellos casos de agresiones físicas al personal sanitario de la región.