Este jueves finaliza el plazo para presentar ofertas al concurso para el 'Suministro para la implantación del sistema integral de movilidad urbana sostenible y eficiente de la ciudad de Toledo (SIMUSET)', financiado con fondos europeos Next Generation por valor de 3,1 millones de euros. Una inversión destinada a la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en Toledo.
El cumplimiento de este plazo es "precisamente la prueba de que, en contra de lo que han mantenido el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, y el propio alcalde, Carlos Velázquez, Toledo nunca perdió estos fondos, cuenta con créditos, fondos y con un convenio en vigor con la Junta de Comunidades", según ha manifestado Francisco Rueda, concejal del Grupo Socialista.
"Era radicalmente mentira lo que el señor Velázquez sostuvo en su comparecencia del 26 de octubre por los primeros cien días de Gobierno del bipartito PP-Vox", ha señalado Rueda, quien ha insistido en que es "rotundamente falso que unos días antes de la constitución de la nueva Corporación el equipo saliente, ante la imposibilidad de formar Gobierno, hubiera renunciado a este proyecto y más de 3 millones de fondos europeos para Toledo".
Para "clarificar y despejar cualquier duda", ha manifestado que "desde el primer momento el Grupo Socialista pidió el acceso completo al expediente de este proyecto". "A día de hoy, no se nos ha remitido ninguna documentación más allá del convenio que Milagros Tolón firmó el 30 de diciembre de 2022 con la Junta, que es un documento público ya conocido y que en cualquier caso no afecta para nada a las acusaciones y falsedades vertidas por el alcalde".
Comité Antifraude
Rueda ha relatado que el procedimiento de adjudicación que se inició el 31 de marzo de 2023 con la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado del anuncio de licitación de un contrato de obras para la implantación de un sistema integral de movilidad sostenible, financiado con fondos Next Generation.
El 22 de mayo de 2023 el Comité Antifraude, "constituido en el Ayuntamiento de Toledo para garantizar la transparencia y absoluta limpieza en la gestión de los fondos europeos, advierte de que se ha presentado una única oferta despareciendo de hecho la competencia entre licitadores”.
En este Comité Antifraude se analiza la situación y se entiende que el hecho de que se haya publicado como un contrato de obras y no de suministros como se ha hecho en otras ciudades, lo que implica calificaciones a las empresas, ha impedido la concurrencia de otros licitadores, ha explicado Rueda.
Por ello, se acuerda por unanimidad recomendar la suspensión de la contratación y, de forma inmediata, proceder a publicar una nueva oferta, esta vez como contrato de suministros a fin de contar con un número suficiente de empresas licitadoras.
Para agilizar la tramitación el procedimiento, sometido a plazos, la primera Junta de Gobierno Local acepta la recomendación del Comité Antifraude "para poder iniciar una nueva oferta esta vez como contrato de suministro, tal como se ha hecho con la nueva licitación que hoy concluye el plazo". Un cambio, ha remarcado Rueda, "que no debía haber demorado más de un par de semanas pero que el nuevo equipo de Gobierno ha retrasado cuatro meses, poniendo entonces si en riesgo la viabilidad del proyecto".
Cuatro meses en los que Velázquez y sus concejales, reprocha Rueda, "se han dedicado a mentir con este proyecto, a calumniar al equipo anterior, sembrar dudas en la ciudadanía y a intentar desentenderse de su propia responsabilidades".
"Por ello, le pedimos al alcalde que rectifique por sus falsas acusaciones y por sembrar miedo en la opinión pública, que asuma sus responsabilidades, que deje de retrasar la ejecución de los proyectos que se han encontrado presupuestados y preparados para su puesta en marcha y que mantenga las políticas antifraude que aseguran la transparencia y limpieza en la gestión de los fondos", ha indicado.
Por otra parte, con respecto a la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en Toledo, el PSOE demanda que el Gobierno local "abra ya un proceso de diálogo con los vecinos y con las empresas porque en 7 meses debe estar implantado".