PSOE e IU rechazan los precios y el sorteo para adjudicar las cinco viviendas públicas del Corral de Don Diego

Viviendas Corral del Don Diego / Imagen: Consorcio

Los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos han rechazado las bases regulatorias para adjudicar las cinco viviendas públicas del Corral de Don Diego que se han aprobado este lunes en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Ambas formaciones rechazan el sistema de sorteo de las viviendas entre los aspirantes que se presenten a la convocatoria que se abrirá y reprochan también el precio que se ha impuesto para las mismas, de entre 350 y 650 euros más la cuota de comunidad.

“Las viviendas llegan casi tres años tarde y sin oportunidad para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda a precio asequible. Hemos pedido más transparencia en este proceso y los venideros que tengan que ver con vivienda pública”, ha afirmado el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, sobre estas viviendas, construidas al final de la anterior legislatura.

De otro lado, el PSOE ha criticado que las bases de adjudicación contemplen una horquilla de renta muy amplia, que va desde los 16.000 hasta los 63.000 euros anuales. Según García, “esto permite que una persona con un salario de 63.000 euros pueda acceder al sorteo de una vivienda de 40 metros cuadrados pagando unos 400 euros al mes. Se ha perdido así la oportunidad de priorizar a los jóvenes, que podrían haber accedido a viviendas de un dormitorio, mientras que las familias habrían podido optar a viviendas de tres habitaciones”.

Además, el PSOE ha propuesto que el concejal de Urbanismo de Vox, Florentino Delgado, participe en las reuniones del Consejo de Administración de la EMSV, así como participe en las bases de adjudicación de toda vivienda que promueva esta entidad municipal y no quede únicamente a cargo del concejal de Vivienda, José Manuel Velasco, del Partido Popular.

Por último, el viceportavoz socialista ha reprochado que "el alcalde lleva prometiendo viviendas públicas asequibles durante toda la legislatura y la realidad es que no ha hecho nada". "Las únicas que va a entregar son las promovidas en época socialista", señala.

IU rechaza el sorteo y el veto a quejarse por ruidos

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha mostrado su rechazo a las bases que regirán la adjudicación de las cinco viviendas ya que considera que el sistema de sorteo no garantiza el espíritu de que las viviendas públicas se otorguen a quienes más lo necesitan.

"Son un despropósito -las bases-ya que no están orientadas a atender las necesidades de vivienda de quien está en peor situación económica. Se puede dar la casuística de que todas las viviendas recaigan en aquellas solicitudes cuyos ingresos sean iguales o inferiores a 7,5 veces el IPREM, es decir que tengan unos ingresos anuales de 63.000 euros, ingresos que no representan una necesidad de más ayudas públicas", añade.

Añade Fernández que los gobiernos están para gobernar y tomar decisiones, aunque no gusten a una parte de la ciudadanía, y entre sus obligaciones está la de orientar sus decisiones para que la vivienda pública sea "lo más accesible posible para quienes están en peor situación económica y garantizar así el acceso a este derecho constitucional".

Tampoco comparte Txema Fernández la obligación de los futuros inquilinos de estas viviendas a "'tragar’ con las molestias que puedan ocasionar las distintas actividades que se programen en el Corral de Don Diego". "No entendemos que tengan que aguantarse con lo que se organice en este espacio del Casco Histórico sin poder denunciar, porque según las bases sería motivo de pérdida de la adjudicación”, reprocha el concejal.

En este sentido, recrimina que con esta cláusula se veta el derecho a emprender acciones legales a los ciudadanos, cuando desde el propio Ayuntamiento se acaba de aprobar ejecutar acciones legales en defensa de los derechos del municipio en el conflicto del Nudo Norte. “No podemos pedirle a los residentes de estas viviendas que acepten esta imposición sin tener en cuenta la aplicación de un criterio de horarios de descanso o limitaciones de decibelios en la programación de las actividades”, sostiene Fernández.

Por otro lado, el concejal de IU aprecia cierta contradicción en las bases en materia de arraigo de las familias en el Casco Histórico dada la limitación del contrato a siete años. “Con este plazo de tiempo puede que cuando hayas arraigado la familia tengas que irte”, considera Fernández que recuerda además que esta experiencia ha resultado fallida en los pisos de Valdeyernos de Gicaman, que también estaban pensados como temporales.