Protestas para abortar en la sanidad pública, un derecho frustrado en Toledo: "Fuera los rosarios de nuestros ovarios"
Alrededor de medio centenar de personas se ha concentrado en la plaza de Zocodover para exigir que las mujeres puedan ejercer este derecho en centros público y no sean derivadas a clínicas privadas
Recogida de firmas durante la concentración en Toledo para pedir a la Junta de Castilla-La Mancha que el aborto se practique en la sanidad pública / Itziar Machicado
"Fuera los rosarios de nuestros ovarios", "nosotras parimos, nosotras decidimos" o "la copa menstrual en la cara de Abascal". Han sido algunas de las proclamas que han lanzado los colectivos feministas, sindicales, sociales y partidos políticos, sumando casi 40 organizaciones, que se han concentrado en varios puntos de Castilla-La Mancha, entre ellos la toledana plaza de Zocodover, para exigir al Gobierno regional y al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que cumpla de manera "efectiva y real" con la ley del derecho al aborto vigente en España.
Las organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Izquierda Unida, y la Plataforma 8M Toledo, denuncian que la ley no se está aplicando adecuadamente en la comunidad. La principal preocupación radica en que el 60% de las mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo en Castilla-La Mancha deben desplazarse a otras comunidades, siendo Madrid el destino mayoritario para quienes residen en Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Los colectivos señalan que la práctica totalidad de las interrupciones en la región se realizan en tan solo dos clínicas privadas ubicadas en Albacete y Miguelturra (Ciudad Real). Las carencias en la aplicación de la ley, reprochan, generan "una desprotección para las mujeres", especialmente para aquellas con menos recursos económicos.
La falta de provisión pública implica que las mujeres deben viajar hasta 180 kilómetros desde sus domicilios, y aunque la intervención está cubierta, el reembolso de los gastos de desplazamiento y alojamiento no está claro o la información es "escasísima". Esta situación dificulta el acceso en igualdad de condiciones a quienes no tienen medios, transporte o una red de apoyo cercana.
Las plataformas exigen que el aborto se realice en centros públicos, destacando que Castilla-La Mancha cuenta con casi 20 hospitales donde esta práctica podría llevarse a cabo perfectamente.
Según datos de CCOO, pese a la reforma legal que refuerza el derecho al aborto, en la práctica solo cinco procedimientos se realizaron en hospitales públicos -de los 3.578 que se practicaron en 2023-, el resto se derivaron a clínicas privadas debido a la objeción de conciencia, casi total, que existe en los hospitales públicos por parte de las y los profesionales, lo que obliga a muchas mujeres a desplazarse fuera de su provincia.
Manifestación para que el derecho al aborto se pueda ejercer en centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha / Amnistía Internacional
Objeción de conciencia y la falta de formación
Un punto central de la protesta es la preocupación sobre la objeción de conciencia. Si bien la objeción es un "acto personalísimo" e individual, las organizaciones temen que se esté ejerciendo una objeción por "centros" o por servicios de ginecología de los hospitales, lo cual advierten de que contraviene la legislación.
Rafaela Alonso, coordinadora de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, señala que no se está informando sobre cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto. “La objeción de conciencia es un acto personalísimo, es un acto individual, no puede objetarse por el servicio de ginecología del hospital. Tiene que ser personal y nos tememos puedan estar produciéndose lo que se llama objeciones de conciencia por servicios o por hospitales”, explica Alonso.
En este sentido, Isabel Álvarez, de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, señala la importancia de investigar si los médicos objetores que se niegan a practicar la interrupción en la sanidad pública sí la realizan luego en sus clínicas o consultas privadas.
Otra falla sistémica destacada es la falta de formación. Se cree que no se está formando a los futuros especialistas (ginecólogos y obstetras) en las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo, tanto farmacológica como instrumental, debido a la falta de profesionales que puedan impartir esa formación por motivos de objeción.
Algunos de los manifestantes concentrados en la plaza de Zocodover (Toledo) que demandan al Gobierno regional que el aborto esté disponible en la sanidad pública de Castilla-La Mancha / Itziar Machicado
"Hostigamiento" de asociaciones "provida"
Las organizaciones han clamado también por el cese del hostigamiento que sufren las mujeres y los profesionales en las inmediaciones de las clínicas privadas en Albacete y Miguelturra (Ciudad Real). Recuerdan casos donde asociaciones autodenominadas "provida" se apostan en las puertas, rezan, enseñan rosarios o colocan simulacros de fetos, lo que es considerado acoso. Se ha solicitado a las autoridades competentes (Delegación de Gobierno y Ministerio del Interior) que protejan la intimidad de las mujeres, tal como lo exige la ley.
Las mujeres afectadas incluyen a jóvenes (la mayoría de los casos reportados son hasta los 30 años), así como a mujeres migrantes, que a menudo desconocen sus derechos a la sanidad pública, incluso si su situación migratoria es irregular.
Pese a que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se encuentra entre las "peores a nivel estatal" en el cumplimiento del derecho al aborto, los colectivos denuncian una falta de respuesta institucional. Amnistía Internacional ha solicitado información a la Consejería de Sanidad a través del portal de transparencia sin recibir respuesta, y se han requerido reuniones en múltiples ocasiones, sin éxito. La Consejería de Igualdad también es señalada por "la poca implicación que está mostrando".
Los manifestantes concluyen que la razón principal detrás del incumplimiento es "la falta de voluntad política". Actualmente, están recogiendo firmas a través de postales para enviarlas al presidente autonómico y exigirle que cumpla con la legislación.
Hace ya dos años y medio que se aprobó la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, desde la organización denuncian que la Junta de Castilla-La Mancha “no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público”, expresa Amnistía Internacional.
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