Primer juicio por impagos en Río Yedra: apelan al derecho a una vivienda digna para evitar desalojos

Bloque de las 148 en la calle Río Yedra, en el Polígono de Toledo / Foto: Google

Los Juzgados de Toledo han acogido este miércoles el inicio del primer juicio que se celebra, a instancias de la empresa pública Gicaman, contra inquilinos del bloque de las 148 viviendas sociales de la calle Río Yedra -8- en el barrio del Polígono, por impagos del alquiler. Según trasladó la Consejería de Fomento, tienen en curso más de 70 procesos de desahucio en estas viviendas.

"Nos parece alucinante que a una persona vulnerable se le pueda llevar a esta situación", ha trasladado el presidente de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo, José Luis Calvo, que ha acompañado a una de las 40 familias -de un total de "60 o 70 contratos de alquiler"- a las que calcula que afecta esta situación.

La historia sobre este bloque de viviendas, recuerda, se remonta a la época de la crisis inmobiliaria, cuando la promoción se terminó "deprisa y corriendo" para ponerla a la venta. "Quedaron pisos vacíos, lo que llevó a Gicaman a adjudicar viviendas a personas que ya sabían de antemano que les sería imposible pagar ese alquiler", ha trasladado Calvo.

En este sentido apunta que los alquileres que hay en este bloque de viviendas parten de los "297 euros que cuestan los pisos de una habitación" y alcanzan hasta los "400 o 500 euros, sin garaje ni trastero", que fueron cerrados, según trasladó la Junta, para "evitar actos criminales". Una cifra que, para quienes cuentan con unos ingresos de 400 euros, se hace "imposible" de pagar, indica Calvo.

Se trata de una situación por la que llevan "diez años" negociando con la Junta para que atienda cada caso de manera particular y ajuste alquileres según las posibilidades de cada vivienda. Sin embargo, lamentan, todas las propuestas y reuniones han sido "totalmente infructuosas" y "se han desechado de plano" las ofertas, algo que consideran "inconcebible".

Por su parte, hace unos días, el consejero de Fomento, Nacho Hernando afirmó que solo 13 de los vecinos están al corriente de pago y otros tanto están negociando la manera de acometer estas cantidades, por medio de un plan de pagos.

Según Calvo, Gicaman ha optado por "un sistema más rápido" para los juicios, centrando las demandas exclusivamente en el impago del alquiler, lo que, desde su punto de vista, impide al juez evaluar la situación real de los inquilinos y las condiciones de la vivienda. "Nosotros entendemos que eso ha sido una trampa que ha hecho precisamente para que el juez no pueda valorar absolutamente nada más", afirmó.

José Luis Calvo, la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo / Imagen: Damián Villegas

Condiciones "precarias" de los inmuebles

Respecto a la situación de los inmuebles y del edificio, el portavoz de la plataforma, que agrupa a unas diez organizaciones sociales y sindicatos, denuncia que están en "precarias condiciones" y que Gicaman "incumple" como propietario de los mismos sus obligaciones para mantener las viviendas en buen estado.

Entre las deficiencias reportadas se incluyen robos de cables de luz y problemas estructurales, una tubería de fecales rota que provocó un "olor inmenso" y que solo fue arreglada tras "amenazas con ir a sanidad", humedades inmensas en el garaje o presencia de "moho, plagas y ratas corriendo, con casos documentados de moho de más de medio metro".

Estas deficiencias, asevera Calvo, están provocando consecuencias para la salud de los residentes, incluyendo problemas de asma detectados por médicos que afirma que han certificado la situación de las viviendas.

Otra de las cuestiones que reprochan a Gicaman es que haya "incumplido sus propios contratos", ya que "muchos eran de alquiler con opción a compra" tras 10 años, una cláusula que afirman que ha quedado "en el limbo" sin que se pueda ejecutar la compra, incluso en las actuales condiciones.

"El presidente solo lee los artículos de la Constitución que le interesan"

El portavoz de la plataforma ha aludido a "la obligación de las autoridades de proteger a los más vulnerables" y de tener una política de vivienda social, citando el artículo 47 de la Constitución que garantiza el derecho a una vivienda digna.

"Un señor presidente de esta comunidad -autónoma-, que se jacta de ser muy constitucionalista con algunas historias, parece que solo debe haberse leído los artículos que le interesan, porque el artículo 47 no lo debe haber ni leído", ha manifestado.

La plataforma, que insiste en que se negocie el alquiler de cada familia, "incluso si tienen que pagar 0 euros", espera que la normativa que prohíbe desahuciar a personas vulnerables a través del decreto Ómnibus ampare a los afectados en estos juicios. A su parecer, la demanda tendría que ser desestimada.