El equipo de Gobierno toledano de PP y Vox está estudiando cómo aplicar el incremento de la tarifa del agua por el obligado cumplimiento que determina un auto judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo notificó un auto a principios de este mes de septiembre con el que insta al Consistorio la ejecución forzosa de la sentencia judicial dictada el pasado mes de enero para revisar las tarifas del agua en la ciudad.
Con dicha sentencia -con fecha de 17 de enero de 2023-, el Tribunal daba respuesta a la denuncia que recibió el Ayuntamiento de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus), actual concesionaria de este servicio público en la capital regional, tras no cumplirse sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio del año 2014 y de agosto del 2018 para revisar dichas tarifas en el recibo del agua.
La sentencia estimaba en parte el recurso de Tagus contra "la inactividad del Ayuntamiento de Toledo" consistente en la no ejecución de estos acuerdos con los que se comprometía a realizar una revisión quinquenal de tarifas en el año 2019, sobre la base de los datos cerrados en el año 2018, para aplicar en el quinquenio 2020-2024. El juzgado toledano obliga ahora al Consistorio a hacer la revisión tarifal (independientemente de las revisiones según IPC) que no se llevó a cabo en un "plazo improrrogable de diez días.
En caso de incumplimiento y previo apercibimiento, "se podrán imponer multas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". También se podrá deducir, añade el texto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
No obstante, el Consistorio disponía de un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición el auto recibido este mes y que no ha ejecutado. "No se hizo nada desde enero a esta parte y ahora, en septiembre, hemos recibido un auto en el cual se nos obliga a llevarla a cabo obligatoriamente", ha indicado la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Toledo, Loreto Molina, reprochando que "el equipo de Gobierno anterior -del PSOE- no ejecutó la sentencia".
En declaraciones a los medios, la edil toledana ha señalado que están "viendo la fórmula para encajar dicha sentencia". "Habrá que verlo con empresas; no solo el ciudadano de a pie nos vamos a ver afectados por ello. Hay que hacer una revisión de las facturas", ha apuntado la concejala, que no ha sabido detallar a qué cantidad asciende el incremento que se producirá.
"Vamos a ejecutar la sentencia que tenían que haber llevado a cabo ellos -en referencia al PSOE-. Lo vamos a subir nosotros, porque tenemos que hacerlo. No solo ahora, años atrás tendrían que haber llevado a cabo una revisión de precios para que no repercutiera en el ciudadano como ahora nos vemos obligados a hacer", ha manifestado también Loreto Molino con las que daba respuesta a las críticas vertidas por el PSOE al conocerse esta sentencia.
Reproches entre PP y PSOE
Y es que, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha recordado que el contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua fue rubricado por el Gobierno del PP, "que recibió de la concesionaria 36 millones de euros que han tenido que pagar los toledanos". Así, ha pedido al alcalde, Carlos Velázquez, que "no eluda sus responsabilidades y defienda los intereses de todos los toledanos y todas las toledanas".
En este contexto, ha subrayado que "el Gobierno socialista, en los últimos 4 años, no subió el recibo del agua por las dificultades que han sufrido los toledanos y las toledanas en este tiempo y gracias a la capacidad de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones para garantizar el servicio de abastecimiento de agua sin subir las tasas". "Si el agua sube será porque lo apruebe el nuevo alcalde. Con el PP ya sabemos que en campaña electoral anuncian bajada de impuestos y cuando gobierna hacen lo contrario: subir impuestos y crear más tasas", ha agregado.
De la Cruz ha sostenido que la privatización del abastecimiento de agua "la aprobó el PP de José Manuel Molina con un contrato que fue nefasto, y pese a ello el PSOE mantuvo unos precios razonables". "Ahora el nuevo alcalde y el PP, que conocen muy bien ese pliego, parece que lo primero que quieren hacer es subir el precio del agua", ha agregado, al tiempo que ha precisado que el auto del juzgado habla de "una revisión de precios al alta o a la baja" de un servicio cuya concesión se alargará hasta el año 2031.