La Comisión de Cultura, Patrimonio y Hacienda, ha aprobado el expediente de modificación de crédito que permitirá al Ayuntamiento hacer frente al pago de 10,13 millones de euros a la empresa Condominio, por el convenio expropiatorio del Nudo Norte firmado en el 2021.
Esta modificación de crédito ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular, de Vox y de IU-Podemos, y con la abstención del PSOE, ya que el inicio del pago es de obligado cumplimiento a partir de 2026.
Cabe recordar que el Ayuntamiento acordó impugnar el dictamen (desfavorable) del Consejo Consultivo como respuesta a la petición del Consistorio de anular estos convenios por considerarlos perjudiciales para los intereses municipales. Además, acordó también iniciar las acciones judiciales y administrativas que puedan derivarse de la impugnación del dictamen.
El concejal del Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha afirmado que el Ayuntamiento cumple así un convenio firmado por el anterior Gobierno municipal en el año 2021, que, a su parecer, "era malo para Toledo". "Ahora nos obliga a pagar 10 millones de euros del remanente de tesorería, de un dinero que podríamos destinar a obras o a mejorar la calidad de los servicios", advierte.
Por ello, el concejal ha lamentado que "el PSOE haya vuelto a quedarse sólo, al igual que cuando firmaron el convenio en 2021 y yendo en contra de los intereses de los toledanos".
Además, Juan José Alcalde, ha defendido "la buena gestión de los recursos económicos del Ayuntamiento por parte del actual equipo de Gobierno", y señala que "a pesar de que se reducirá en 10 millones de euros el remanente de tesorería, no hay problemas de estabilidad presupuestaria, ni afectará a los presupuestos del 2026".
IU, a favor de que "no se pueda especular con vivienda" pese a "dejar los ahorros en situación crítica"
Por su lado, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha señalado al respecto que pese "al vértigo que supone dejar los ahorros del Consistorio en una situación crítica", lo que se impide al abonar este dinero es que esta empresa "sea la dueña del Plan de Ordenación Municipal de la ciudad y pueda especular aún más con el derecho a la vivienda".
Y es que, la alternativa a abonar el dinero de la expropiación es la concesión de unidades urbanísticas donde la empresa quisiera que supondrían unas 2.500 viviendas, "una situación que no podemos permitir" debido a un "pésimo convenio que venimos arrastrando desde 2008".
"Preferimos pagar según establece un convenio desproporcionado y engañoso que no debería haberse firmado jamás antes que permitir que la empresa se adueñe del POM y se lucre con la especulación inmobiliaria", sentencia Txema Fernández.
El PSOE defiende el convenio de 2021
Por su lado, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha subrayado que esta consignación es viable "porque en 2021 se hicieron las cosas bien desde un punto vista contable", en referencia al informe del Interventor municipal, que avala que el pago no compromete la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento ni a la contabilidad del mismo.
Según ha recordado la edil, ese informe dice también que la operación dejará el remanente de tesorería en solo 7 millones de euros en noviembre de 2025, una cifra que a su juicio "reduce de forma preocupante el margen de maniobra del Ayuntamiento ante cualquier eventualidad".
Además, en la propia comisión, se ha alertado de que se tendrá que hacer una segunda modificación presupuestaria para hacer frente a los intereses.
El PSOE ha optado nuevamente por la abstención, manteniendo la postura que ya adoptó cuando el gobierno de Carlos Velázquez planteó anular los convenios. De la Cruz ha justificado esta decisión en la "incertidumbre generada por el actual equipo de gobierno, que acumula dos dictámenes negativos del Consejo Consultivo en este proceso".
"Ojalá la estrategia del Gobierno sea beneficiosa y esos 10 millones no terminen siendo 13 o 14 o más, que puede suceder", ha advertido. Para el grupo socialista, la actuación del gobierno de PP Y Vox "no solo introduce riesgos financieros, sino que constituye lo que denominan una 'patada hacia adelante' que aplaza decisiones inevitables".
"El convenio fija 2026 como año de inicio de los pagos. El alcalde prefiere que sean otros quienes afronten lo que ellos no quieren asumir y no saben solucionar. Es una forma de eludir responsabilidades", ha señalado Noelia de la Cruz.
En relación a este asunto, el PSOE ha insistido en que las decisiones tomadas en 2021 se adoptaron sobre la base de los informes técnicos, cumpliendo estrictamente con la ley y con el objetivo prioritario de proteger los intereses de Toledo: "La situación era la que era y se actuó conforme a la ley, guiados por los técnicos y pensando en la ciudad. No hubo ni un solo voto que no respondiera a ese compromiso".
Por otra parte, la Comisión de Cultura, Patrimonio y Hacienda, también ha aprobado la ordenanza reguladora de las obras a realizar en espacios de dominio y uso público municipal y que afecten a los servicios básicos de suministros, con los votos a favor de PP y Vox, y los votos en contra de PSOE e IU-Podemos.











