La moción presentada por Vox para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a aprobar una regulación específica de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha sido rechazada este viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo con los votos en contra de PP, PSOE e Izquierda Unida. La propuesta solo obtuvo el respaldo de los cuatro concejales del grupo de extrema derecha, frente a los 21 votos en contra del resto de la Corporación.
El debate ha despertado expectación entre el sector del taxi, cuyos representantes y trabajadores llenaron buena parte del salón de plenos para seguir una iniciativa que consideraban "perjudicial" para sus intereses.
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Antes del debate intervino, a petición del sector, Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, quien ha pedido expresamente a Vox que retirara la moción al entender que "lesiona gravemente" los intereses del taxi y ha reclamado al resto de grupos que votaran en contra.
Madruga ha asegurado que, pese a que Vox defendiera que su intención era "proteger" al taxi, el texto de la iniciativa suponía, en la práctica, "abrir la puerta" a la regulación del transporte urbano de las VTC. "Eso no es proteger al sector, eso es fomentar las VTC", ha asegurado.
En su intervención ha defendido que en Castilla-La Mancha "no existe" ningún vacío legal, ya que la "ausencia" de una regulación autonómica específica implica la aplicación de la legislación estatal, que "limita" la actividad de las VTC al transporte interurbano.
Por ello, ha sostenido que la solución pasa por "reforzar" la inspección y las sanciones contra quienes realizan transporte urbano de "forma ilegal" y ha recordado que ya se han abierto "más" de 500 expedientes sancionadores y se han impuesto multas por importe superior a 170.000 euros.
El representante de Fedeto también ha reprochado a Vox haber registrado la moción "sin consensuarla" previamente con el sector y ha llegado a preguntarse si la formación "no se habrá sentado con los representantes de las VTC para redactar esta moción", una afirmación que ha provocado murmullos entre los asistentes.
Vox defiende que buscaba "proteger al taxi"
La portavoz de Vox, Inés Cañizares, ha rechazado las críticas y ha asegurado que la finalidad de la iniciativa era precisamente "reforzar" la protección del taxi.
Según ha argumentado, la formación "no pretendía" autorizar la actividad urbana de las VTC, sino instar a la Junta a aprobar un marco jurídico que aporte seguridad a la Policía Local y clarifique los criterios para sancionar a quienes incumplen la normativa.
"Cuando nosotros hablamos de regular no estamos hablando de autorizar", ha defendido Cañizares, quien sostuvo que la falta de una regulación autonómica genera "inseguridad" jurídica y "dificulta" la actuación administrativa.
La portavoz ha insistido en que el objetivo de Vox era "lograr" una mayor coordinación entre administraciones y "dotar" de herramientas jurídicas tanto a la Junta como a los ayuntamientos para "combatir" la competencia desleal, insistiendo en que la regulación "no perjudicaría" al taxi, sino que "contribuiría a protegerlo".
Rechazo unánime del resto de grupos
Ninguno de los demás grupos ha compartido esa interpretación. Desde Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha rechazado cualquier regulación que permita la actividad urbana de las VTC al considerar que supondría "precarizar" el sector del taxi. Ha defendido este servicio como un servicio público "esencial" y ha aprovechado para reclamar al Gobierno municipal mejoras como la instalación de una pérgola en la parada de Puerta de Bisagra o una tarifa plana para los trayectos al Hospital Universitario acordada con el colectivo.
El portavoz del PP, Iñaki Jiménez, ha reiterado el respaldo del Gobierno municipal al taxi y ha sostenido que el problema actual "no es la falta de un reglamento", sino que existen operadores que realizan transporte urbano "de manera ilegal". Por ello, ha justificado el voto en contra al entender que la prioridad debe ser "hacer cumplir" la normativa vigente antes de impulsar una nueva regulación.
En la misma línea, el PSOE ha considerado que Vox había "desaprovechado" la oportunidad de retirar la moción tras escuchar al sector. El concejal Pablo Rueda ha contrapuesto el modelo del taxi, al que ha definido como un servicio público sujeto a tarifas reguladas y obligaciones de servicio, frente al de las plataformas de VTC. También ha pedido al Gobierno municipal avanzar en la Ordenanza de Movilidad y seguir trabajando conjuntamente con los taxistas.
Finalmente, la moción quedó rechazada por 21 votos en contra y cuatro a favor, escenificando la coincidencia de PP, PSOE e Izquierda Unida para frenar la iniciativa de Vox.
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