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Hay una frase que se repite estos días con la misma pereza y la misma mala fe: “regularizar es premiar”. No. Regularizar no premia nada. Regularizar corrige una indecencia. Pone luz donde algunos han preferido mantener sombras, porque en la sombra se explota mejor, se paga menos, se amenaza más y se denuncia menos.
La realidad es sencilla, aunque a algunos les convenga embarrarla: esas personas ya están aquí. No han aparecido por arte de magia porque se haya aprobado una medida. Están en los campos, en las cocinas, en las obras, en los cuidados, en la limpieza, en el reparto. Sostienen horarios imposibles, salarios recortados y contratos que no llegan. Y aun así, se les sigue exigiendo lo que se le exige a cualquiera, trabajar, aguantar, pagar, sin concederles lo básico: existir plenamente ante la ley.
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La regularización no es un gesto sentimental. Es un acto político de primer orden. Es decidir si queremos un país que funcione a base de gente invisible o un país que se atreva a mirarse al espejo. Es decir: si trabajas aquí, vives aquí. Si contribuyes aquí, tienes derechos aquí. Porque si no, ¿qué estamos defendiendo exactamente? ¿Una legalidad que sirve para castigar al débil y mirar hacia otro lado con el fuerte?
Lo más obsceno del debate no es la discrepancia. Lo obsceno es el teatro del miedo. Los mismos que hablan de “colapso” y “efecto llamada” llevan años beneficiándose, directa o indirectamente, de esa bolsa de mano de obra sin papeles: más barata, más vulnerable, más dócil a punta de amenaza. Luego se envuelven en discursos solemnes y se fingen escandalizados. Es el truco de siempre: convertir a la persona pobre en sospechosa para que nadie mire a los verdaderos responsables del deterioro de lo público, de la precariedad y de la vivienda imposible.
Y en medio de todo esto conviene señalar algo que descoloca a quienes simplifican el mundo a brochazos: el papel de la Iglesia Católica y de tantos colectivos cristianos en esta regularización. No como adorno moral, sino como músculo social. Cáritas, parroquias, diócesis, congregaciones, comunidades y entidades de inspiración cristiana llevan años haciendo el trabajo que la política abandona cuando se vuelve cobarde: acompañar, asesorar, proteger, poner nombre y rostro a quienes el sistema empuja al margen. Lo han hecho sin focos. Y ahora lo hacen empujando para que la regularización no sea un gesto puntual, sino una puerta real a la integración, al empleo digno, a la vida normal.
Esto va de aporofobia, no nos engañemos. De desprecio al pobre, de miedo al diferente, de racismo sin disimulo que ya no se esconde detrás de eufemismos. Va de discursos que necesitan un enemigo para existir. Y cuando no lo encuentran, lo fabrican: el migrante, el “sin papeles”, el que “viene a quitar”, el que “carga el sistema”. Mientras tanto, nadie señala al que explota, al que paga en B, al que se aprovecha de la irregularidad como herramienta de control. Curioso sentido de la justicia.
Regularizar es cortar esa cadena. Es decirle a la persona tramposa que se acabó el chantaje. Es decirle al racista que la dignidad no se negocia. Es recordarnos que una democracia que funciona con gente clandestina no es una democracia: es una hipocresía organizada.
Papeles no para “ellos”. Papeles para nosotros. Para no seguir construyendo el país sobre el miedo y la mentira. Para dejar de normalizar la crueldad. Para que, de una vez, el odio deje de marcar la agenda.
