Pagar con pisos a promotores, la fórmula de la Junta para terminar obras de viviendas públicas
Así podrían finalizarse las 86 viviendas de la calle Guadalmena, en el Polígono. La Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna ya se movilizó para exigir que se destinen todas al alquiler social y no queden en mano de empresas privadas
Bloque de viviendas de la Junta en la calle Río Guadalmena / Foto: Fidel Manjavacas
Castilla-La Mancha alberga diversas promociones de vivienda pública cuyas obras no se han finalizado desde que gobernaba el PP con María Dolores de Cospedal. Para poder terminar al menos parte de ellas, el Ejecutivo autonómico de Emiliano García-Page ha aprobado un nuevo proyecto de Ley de Medidas Administrativas que incorpora el pago "en especie", la fórmula que el Gobierno regional ha encontrado para finalizar las obras de las mismas.
Se trata de una "medida excepcional" que se implementará a través de la reforma de la Ley castellanomanchega de 2002 que regula las modalidades de viviendas de protección pública en la comunidad autónoma.
Así lo incorpora el proyecto de Ley de Medidas Administrativas, Tributarias y Financieras que ya ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y que está pendiente de tramitación en las Cortes regionales.
El cambio se lleva a cabo a través de una disposición adicional a la normativa de 2002 y para hacer frente a la situación en la que se encuentran diversas promociones de viviendas de protección pública integradas, principalmente, en el patrimonio de la empresa pública GICAMAN.
La novedad es que se permitirá pagar a los promotores privados que finalicen las obras con bienes inmuebles que obren en los inventarios de los patrimonios de los dos órganos gestores que pueden ejercer competencias en la materia: la Consejería de Fomento (de quien parte esta iniciativa) con respecto a su patrimonio de gestión separada, y la empresa pública GICAMAN con respecto a su patrimonio societario.
De esta manera se evita la financiación de la obra directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en “un escenario de contención del gasto”, a la par que “se persigue un compromiso mayor, por parte del contratista, tanto en la diligencia de la ejecución de los contratos que estén por licitarse, como en las calidades de la obra que finalmente se recepcione”, explican desde Fomento.
Ajustada a los precios máximos
Se trata por tanto de una contraprestación para poder finalizar promociones públicas, cuya valoración se determinará en los pliegos y, en todo caso, con arreglo a una serie de normas. Por ejemplo, cuando se trate de la entrega de viviendas en régimen de venta, sujetas a alguno de los tipos de protección pública, se atenderá a los precios máximos establecidos en la calificación provisional o definitiva.
Esta medida solo será aplicable a aquellas promociones de viviendas que, a 1 de enero de 2023, no sean susceptibles de ser habitadas conforme a la normativa vigente. Se circunscribe únicamente a varios lotes de viviendas de protección oficial en Campo de Criptana, Villamanrique, El Pedernoso, Las Majadas, Villarrubio, Fuente de Pedro Naharro y Toledo.
De hecho, la Consejería ha estimado que la finalización de las obras paralizadas requiere una inversión de más de 12 millones de euros. Y se trata de una "inversión indispensable" para la obtención de calificación definitiva de las viviendas protegidas.
El pago "en especie" será transitorio únicamente para finalizar expedientes antiguos y poner en servicio vivienda protegida. En ningún caso se produce la "descalificación" de estas viviendas que se entreguen como pago. Además, la iniciativa castellanomanchega incluida en el proyecto de Ley de Medidas Administrativas no tendrá "ningún tipo de impacto económico, tanto en ingresos como en gastos".
Como garantía de cara a su legalidad, el Ejecutivo castellanomanchego explica que existe en el ámbito urbanístico esta posibilidad en otras comunidades autónomas, como Aragón y Catalunya. "Se ve avalado ello tanto por órganos consultivos de contratación, como por los tribunales".
Por ejemplo, el Govern de Catalunya aprobó en 2019 un decreto-ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda con motivo del bajo nivel en la promoción de vivienda protegida desde 2007, tanto con respecto a los promotores públicos como a los promotores privados. El pago en especie se contempla en la rehabilitación edificatoria.
Una vivienda se considera protegida cuando la comunidad autónoma en la que se encuentra verifica, mediante su calificación que cumple una serie de características sobre sus dimensiones y tiene un precio máximo de alquiler o de compra-venta inferior al de la vivienda libre. Las viviendas protegidas deben destinarse a vivienda habitual y permanente de familias con ingresos inferiores a una cantidad determinada.
La Plataforma por una vivienda digna reclama "alquileres sociales"
Ya en el mes de mayo del pasado año, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, defendía la fórmula que se plantea del pago en "especie" a la empresa que finalice una de estas promociones de vivienda pública en la ciudad de Toledo. En concreto, la que se ubica en la calle Río Guadalmena, en el barrio del Polígono, con un total de 86 viviendas y cuya obra lleva paralizada más de diez años.
"Terminar la obra cuesta 4 millones de euros y no los tengo. Entre las opciones que estamos barajando es licitarlo y que haya alguna empresa que ponga eso 4 millones y termine la obra y se quede con esa parte proporcional que pone en viviendas. Si nosotros hemos metido 12 millones y faltan 4, el 25 por ciento se lo queda empresa y otras tres cuartas partes para la administración. La mejor modalidad sería para la venta, con las condiciones de VPO", manifestó Hernando.
Estas declaraciones se producían tras la manifestación que realizó la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo, que exige terminar la promoción de viviendas públicas para poder ofertarlas en régimen de alquiler a las personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.
A juicio de la Plataforma, esta nueva opción que permitiría finalizar las obras supone en realidad "un intento de hacer caja y de recuperar parte del dinero que han dilapidado en sufragar la seguridad y el mantenimiento de estas viviendas vacías, de cerca de un millón de euros".
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