Incendio forestal en Sartajada / Fotografía: BRIF La Iglesuela del Tiétar
En un país, España, en el que las competencias en prevención y extinción de incendios forestales están descentralizadas, en el que cada comunidad autónoma ha optado por su propio sistema de gestión -directamente desde la propia administración; o a través de empresas o agencias públicas (como es el caso de GEACAM en Castilla-La Mancha); o indirectamente, subcontratada con empresas privadas-, y en el que los múltiples operativos que prestan este servicio se regulan por muy diferentes convenios colectivos, tienen diferentes tipos de contratación, formación diversa (o ninguna), y salarios y condiciones laborales dispares, es imprescindible y urgente una Ley estatal que establezca un marco común de referencia, al menos en las cuestiones más elementales.
Esta ley, la Ley del Estatuto del bombero y de la bombera forestal, comprometida y pendiente desde hace años, está aún en fase de anteproyecto, aprobado el 26 de noviembre del año pasado. Desde el 10 de diciembre, cuando finalizó el plazo de alegaciones a ese texto, estamos pendientes cada martes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Ley y lo remita a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.
Teniendo en cuenta que a la actual legislatura apenas le quedan entre seis y siete meses de periodo legislativo efectivo, tenemos que cruzar los dedos, encomendarnos al dios del fuego o a la diosa de las llamas para que ningún grupo parlamentario presente enmienda a la totalidad, y confiar ciegamente en que sus señorías de ambas cámaras dejen aprobado el Estatuto del/a Bombero/a Forestal a antes de cesar en sus actuales mandatos.
Aguardamos con expectación el martes (¿será el próximo?, ¿el siguiente?, ¿alguno del mes de marzo?) en que el Consejo de Ministros saque del horno el proyecto de ley. Porque nos preocupa mucho que no llegue a tiempo; y porque nos intriga en qué se habrán convertido la Exposición de Motivos y los once artículos de los que constaba el Anteproyecto, al que CCOO (y otras organizaciones, entidades e instituciones) presentamos alegaciones cuyo destino desconocemos. Y que eran muchas y sustanciales, en el caso de las remitidas por CCOO.
Lo mejor que podemos decir de aquel anteproyecto es que realmente existió. Lo siguiente mejor, que su redacción dejaba abierta a futuras negociaciones el desarrollo reglamentario y normativo de la ley que (presuntamente) lleva en sus entrañas.
El resto, si no enteramente frustrante, si nos resultaba francamente decepcionante. Corto en sus aspiraciones, ambiguo en sus definiciones, escurridizo en su redacción.
En todo caso, mucho mejor que nada. Siempre y cuando, claro, no se quede en nada durante muchos años más, a base de dilaciones más o menos justificables.
Esta es nuestra preocupación en vísperas de una nueva temporada de riesgo álgido de incendios, de olas de calor y de previsibles nuevos récords en los termómetros. La preocupación que se expresó una y otra vez durante la jornada sobre el Sector Forestal que celebramos en Toledo el miércoles pasado; la que concitó los comentarios de los asistentes y la que sobrevoló todas las intervenciones; tanto las del primer bloque, centradas en el valor estratégico de la gestión de los bosques para afrontar los retos medioambientales y sociales derivados del cambio climático; como las del segundo bloque, que se abría justamente con una ponencia de Rubén Pinel rotulada así: El Estatuto del/a Bombero/a Forestal.
Nuestro país no puede permitirse prolongar sine die la actual macedonia de normas con las que cada gobierno autonómico regula los operativos contra incendios forestales en su circunscripción particular.
Las 15.000 personas que preservan nuestro medio natural, que apagan los incendios en verano y los previenen en invierno (esto último, no en todas las comunidades autónomas), no pueden ser peones sin cualificación ninguna en tal o cual región, todos deben tener un formación adecuada y reglada.
No pueden ¡ni deben! tener que enfrentarse a las llamas sin los equipos técnicos y de protección adecuados; sin que se les reconozca la peligrosidad y penosidad de su trabajo; sin haberse comprobado primero que tienen la condición física idónea. Y sin ningún procedimiento para adaptarles en otras actividades forestales cuando la pierdan; y negándoles unos coeficientes para poderse jubilar anticipadamente cuando el cuerpo no les da ya para seguir combatiendo el fuego en primera línea.
Y no pueden acudir a apagar un incendio sabiendo que su contrato se les acaba mañana; y que, además, les pagan una miseria por jugarse vida en defensa de nuestro medio natural.
No queremos héroes, queremos bomberas y bomberos forestales; todas, todos, con unas condiciones justas.
Mariano Sanz, secretario confederal de salud laboral y medio ambiente y Ángel León, secretario regional de Industria. CCOO
