OPINIÓN | No queremos ayudas, queremos justicia

Obras de las 86 viviendas de alquiler 'asequible' que se están construyendo en la calle Río Cabriel, en el barrio del Polígono de Toledo / Imagen: JCCM

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció dos medidas en materia de vivienda; medidas que de nuevo vienen a parchear la tremenda crisis especulativa que sufrimos en España y no a hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.

La primera medida es la retirada de 50.000 anuncios de pisos turísticos de las plataformas digitales donde se anuncian. Conviene aclarar que lo único que ha hecho el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es notificar a las plataformas para que los retiren. Ahora, las plataformas lo harán o no, ya veremos.

Conviene señalar que esta medida no la ha impulsado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sino que fue el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy (Sumar), el que levantó la liebre. Consumo ya consiguió la retirada de 65.000 anuncios y señaló muchos de estos pisos turísticos pidiendo a las distintas instituciones tomar las medidas oportunas.

Bastante hace Bustinduy con las escasas competencias que el PSOE cedió. El PSOE no soltaba vivienda ni a la de dios, ahora sabemos por qué. Imaginen un ministro o una ministra de izquierdas valiente haciendo política de vivienda en España. Una ministra que dijera que dijese que las viviendas son para vivir y no para alojar turísticas o que el alquiler no es un plan de pensiones y sacando leyes que consolidasen estos principios.

Pero la segunda medida es todavía más llamativa porque parece darnos a entender que Pedro no ha entendido nada. Desde los años 80, en este país se han construido 2,4 millones de viviendas públicas, de las cuales sólo 0,3 millones siguen siendo públicas. Este lunes, el presidente del Gobierno anunció que vamos a volver a cometer el mismo error, construir con dinero público y vender a particulares, de entrada con precio regulado eternamente, de salida ya vendrá después el PP a desregular “el precio tasado” si es que el PSOE no se atreve antes.

Lo que necesita la ciudadanía con urgencia no es una casa en propiedad sino una casa en la que podamos vivir sin miedo a que nos echen porque la necesita la hija del casero de turno, donde hacer un taladro tranquilo para colgar una estantería y en la que no tengamos que pagar un sueldo íntegro para tener algo de intimidad. No necesitamos una casa que poseer, sino una casa que usar. Si el Estado garantiza unos alquileres bajos y que nadie nos eche de nuestra casa, la propiedad nos importa un pepino.

En este juego del gato y del ratón en el que parece entretenerse el ejecutivo mientras que los precios siguen subiendo y las comunidades autonómas le torean, los rentistas y las inmobiliarias reaccionan a cada movimiento porque como dice el refrán “hecha la ley, hecha la trampa”.

Convendría que el gobierno se centrara en sacar menos normas, pero más claritas. Lo que necesita España no son ayudas, son derechos, lo que necesitamos los precarios no son limosnas, es justicia. Hay que cargarse la vivienda turística en las ciudades y bajar a la mitad el precio del alquiler por ley ya. Es urgente.

Artículo de Jose Luis Resuela, Movimiento Sumar Castilla-La Mancha