Los locales comerciales de una urbanización en Toledo, reformados como vivienda / Fotografía: F. Bravo Miranda
En Toledo estamos discutiendo el síntoma con una seriedad que roza la parodia. Si las viviendas turísticas son el 12% o el 20%. Si el cálculo está inflado. Si el mapa exagera. Si el dato “no es para tanto”. Y, sin darnos cuenta, convertimos el derecho a la vivienda en un debate de decimales.
El problema es que, mientras jugamos con porcentajes, la realidad sigue avanzando sin pedir permiso. Y esa realidad tiene una pregunta simple, incómoda y brutalmente política: quién puede vivir en Toledo y quién está siendo empujado fuera.
Hablemos claro. Sí, es necesario hablar de vivienda turística. Es legítimo y, en algunos barrios, inevitable. Pero no puede ser el centro. Porque la vivienda turística es un uso más. Y aquí lo que está en juego es anterior a cualquier uso: los recursos habitacionales de la ciudad. La vivienda destinada a vivir. La vivienda digna para cada persona, para cada familia. La vivienda como base mínima para sostener un empleo, una crianza, una enfermedad, una separación, una vida.
Primero se protege eso. Primero se garantiza eso. Y solo después, cuando nadie se juega su estabilidad por el precio de un alquiler o por una mudanza forzada, entonces sí, con calma, se discute qué espacio ocupa el uso turístico. Porque si el orden se invierte, pasa lo que estamos viendo: se discute el uso turístico como si fuera el gran debate, mientras el derecho a la vivienda se deshilacha en silencio.
FOESSA pone números a lo que muchas familias ya viven como rutina. En 2024, los problemas de vivienda afectan a 1 de cada 4 hogares en España, y la encuesta habla de más de 4,6 millones de hogares con dificultades de acceso o mantenimiento.
El “sobreesfuerzo” no es un concepto técnico para informes. Son neveras que se llenan menos y meses que se llenan de miedo. 6,8 millones de personas, el 14,1% de la población, están atrapadas por costes de vivienda excesivos.
Y hay un dato que debería romper la comodidad de cualquier debate que se pretenda neutral: el 20% de los hogares con menor renta dedica más del 70% de sus ingresos al alquiler.
En Castilla-La Mancha el golpe no llega amortiguado. FOESSA lo describe como un eje central de desigualdad y señala que el 47% de quienes viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza, por encima del dato estatal del 45%.
Y cuando aterrizamos en Toledo, el retrato deja de ser abstracto: entre 2018 y 2023 la cuota mediana del alquiler sube con fuerza y Toledo registra el mayor incremento entre capitales, un 29,4%.
Esto no es un debate académico. Es una pregunta diaria. ¿Dónde vive una familia cuando el alquiler escala y el salario no acompaña? ¿Qué hace una persona que intenta salir de una situación de vulnerabilidad si no consigue un contrato estable de vivienda? ¿Cómo se reconstruye una vida cuando el primer escalón, el hogar, se convierte en un muro?
Y sí, en ese contexto, la vivienda turística importa. Pero importa como lo que es: un factor que puede acelerar un problema que ya existe, sobre todo cuando reduce la oferta residencial en zonas concretas. Lo que no puede ocurrir es que se use como cortina de humo. Que el 12% contra el 20% nos sirva para no tocar el núcleo: la prioridad de la vivienda como derecho.
Porque el núcleo, si queremos ser honestos, está escrito desde hace décadas. Está en el texto que muchos invocan a conveniencia y olvidan cuando incomoda. Está en el artículo 47 de la Constitución. Y basta con leerlo despacio para entender por qué debería estar en el centro del debate.
El artículo 47 no habla de “a ver si el mercado afloja”. Habla de derecho. Habla de vivienda digna y adecuada. Habla de impedir la especulación.
No hace falta recitarlo como un ritual. Hace falta tratarlo como lo que es: una obligación cívica y política. Y por eso conviene leerlo con pausa, sin prisa, como quien abre un contrato y decide dejar de fingir que no lo ha visto.
Aquí está el giro que Toledo necesita. La pregunta no es cuántas viviendas se destinan a uso turístico. La pregunta es anterior: cuántas viviendas están protegidas para vivir. Cuántas están realmente disponibles para que una familia no tenga que elegir entre pagar y comer. Cuántas sirven para que una persona salga de la vulnerabilidad y no vuelva a caer por la grieta de un alquiler imposible.
Ese es el orden. Primero, vivienda digna para vivir. Primero, blindar el suelo de lo habitable frente a la expulsión silenciosa. Primero, asegurar que la ciudad no se convierte en escaparate, sino en hogar. Y cuando eso esté garantizado, entonces sí, se puede discutir el resto con serenidad.
Porque si no se hace así, lo que acaba ocurriendo es esto: Toledo presume de vitalidad, pero se queda sin vecinos y vecinas. Presume de éxito, pero encarece la vida hasta volverla invivible. Se llena de movimiento, pero vacía la permanencia.
Mientras jugamos con porcentajes, el artículo 47 sigue esperando su turno. Y ya va tarde.
