Imagen de archivo de la puerta de entrada de una vivienda / Imagen de archivo: Europa Press
España vive una emergencia habitacional sin precedentes, pero no es una casualidad ni un simple desajuste de mercado. Es el resultado de décadas de decisiones políticas que han entregado el derecho a la vivienda a la voracidad de bancos, fondos de inversión y especuladores. Mientras miles de personas son expulsadas de sus barrios, mientras los desahucios siguen en aumento y mientras millones de ciudadanos ven cómo sus salarios se diluyen en alquileres abusivos, nos siguen vendiendo un relato falso: que el problema es la oferta y la demanda, que no hay otra solución, que así es el sistema. Pero no es verdad. Nos han engañado y nos siguen engañando.
En este contexto, es necesario desenmascarar algunas de las falacias que han permitido que la vivienda en España pase de ser un derecho fundamental a un simple activo financiero con el que lucrarse. No hay escasez de viviendas: hay escasez de justicia. No hay una crisis del mercado: hay un mercado que vive de generar crisis. Estas son tres de las grandes mentiras que han mantenido a la ciudadanía atrapada en un modelo diseñado para beneficiar a los especuladores a costa del bienestar social.
Falacia 1: "El precio de la vivienda lo fija el mercado"
Nada más lejos de la realidad. El precio de la vivienda no responde a una ley natural de oferta y demanda, sino a una manipulación intencionada. Según diversos informes sobre vivienda en España, los precios han subido un 25% en la última década, pero no porque haya más demanda real, sino porque los grandes propietarios y fondos de inversión han acaparado inmuebles para restringir la oferta y disparar artificialmente los precios. Esto no es un mercado libre: es un cártel inmobiliario tolerado por los gobiernos.
Mientras tanto, en España hay más de tres millones de viviendas vacías. Se nos dice que faltan pisos, cuando lo que falta es voluntad política para poner freno a la especulación. En países como Austria o Países Bajos, la existencia de un parque de vivienda pública fuerte ha impedido que los precios se disparen. En España, en cambio, el parque público es irrisorio: menos del 3% del total de viviendas.
La manipulación de precios se ha convertido en una práctica habitual. Los grandes tenedores de vivienda han aprendido que, limitando artificialmente la oferta, pueden mantener los precios al alza sin que haya una justificación real. Es una burbuja planificada y sostenida, con el único objetivo de enriquecer a los especuladores mientras la mayoría de la población ve cómo su acceso a una vivienda digna se convierte en una quimera.
Falacia 2: "El alquiler sube porque hay más demanda que oferta"
Nos repiten que si los alquileres son cada vez más inasequibles, es porque hay demasiada demanda. Pero esto es una gran mentira: los alquileres suben porque hay quien se beneficia de ello.
El mercado del alquiler está controlado por grandes tenedores y fondos de inversión que han comprado edificios enteros y fijan precios sin competencia real. En Madrid y Barcelona, más del 30% de los pisos en alquiler están en manos de apenas un 1% de propietarios. Esto significa que los inquilinos no pueden negociar precios ni acceder a alquileres razonables.
La precarización del mercado laboral ha contribuido a que el alquiler sea la única opción para muchas familias, pero en lugar de adaptarse a esta realidad con políticas de vivienda asequibles, el Estado ha permitido que la especulación dicte las reglas del juego. La conversión de viviendas en alojamientos turísticos, la falta de control sobre los contratos abusivos y la ausencia de una regulación efectiva han facilitado que los alquileres se disparen sin freno.
La supuesta ley de oferta y demanda ha sido manipulada por quienes han hecho del alquiler su negocio, dejando a millones de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. No es una cuestión de equilibrio de mercado: es una cuestión de poder y avaricia.
Falacia 3: "Comprar siempre es mejor que alquilar"
Desde hace décadas, se nos ha inculcado la idea de que alquilar es “tirar el dinero” y que la única forma de asegurar estabilidad es comprando una vivienda. Pero esta idea ha sido un arma de doble filo que ha endeudado a generaciones enteras.
Con salarios precarios y precios desorbitados, la compra de vivienda se ha convertido en una trampa financiera. La mayoría de las familias que compran una casa necesitan hipotecas que las atan durante 30 o 40 años. En un país con una tasa de temporalidad laboral del 25%, esto no es una garantía: es una ruina.
El sistema hipotecario ha estado diseñado para que los bancos tengan siempre la sartén por el mango. Los contratos abusivos, las cláusulas ocultas y la falta de regulación efectiva han hecho que miles de familias pierdan sus hogares ante la más mínima dificultad económica. Comprar una vivienda no es sinónimo de estabilidad, sino de esclavitud financiera para muchos.
Llega el momento de actuar
No podemos seguir esperando soluciones que nunca llegan. La vivienda es un derecho, no un negocio. La regulación estricta de los alquileres es una necesidad urgente para frenar la especulación y evitar que las personas sean expulsadas de sus hogares por subidas abusivas de precios. Sin límites claros, el mercado seguirá operando como un mecanismo de extracción de rentas de los trabajadores hacia los grandes propietarios.
Pero lo más prioritario, lo que debe ser el eje de cualquier política de vivienda, es atender a los más vulnerables. Porque si no atendemos a los más vulnerables, estas falacias seguirán creciendo y seguirán siendo el dardo envenenado que ninguna política podrá erradicar. No podemos permitirnos más excusas. Si la política no se enfoca en quienes más lo necesitan, el problema nunca se resolverá.
Es urgente destinar recursos para que quienes viven en la calle, en infraviviendas o en situación de exclusión habitacional accedan a una vivienda digna. La solución pasa por un parque público de vivienda sólido, con alquileres sociales accesibles y con garantías reales de estabilidad.
Es hora de dejar de ser víctimas de un sistema diseñado para empobrecernos. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Es un derecho, y vamos a recuperarlo.
