El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo que preside Carlos Velázquez ha invitado a la ciudadanía a participar en un proceso de consulta pública sobre la futura Ordenanza reguladora de la creación y gestión de la zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad que concluye el 5 de septiembre.
En el texto que ha servido para presentar y justificar la consulta se declara la intención de que la futura Ordenanza de Toledo siga el modelo elaborado por la Federación española de municipios y provincias (FEMP), se anticipa que la única ZBE en la ciudad será el ámbito del Casco Histórico delimitado en un plano que se incluye. Aunque se manifiesta que ello no supondrá ni nuevas restricciones al tráfico, ni modificación de los accesos existentes controlados por pilonas retráctiles y cámaras. Se añade que en el municipio de Toledo no hay problemas de contaminación como supuesta justificación de esta decisión, y ello aunque, como es sabido, el municipio de Toledo experimenta con frecuencia episodios de alerta a la población por niveles elevados de ozono troposférico debidos sobre todo a la contaminación del tráfico.
El Ayuntamiento en este proceso de consulta no aporta dato alguno sobre contaminación atmosférica o acústica en el municipio, cuando precisamente la Ordenanza tipo de la FEMP a la que se alude como modelo a seguir por Toledo establece en su artículo 4 que antes de declarar una ZBE se debe disponer de un proyecto técnico que defina los problemas de contaminación existentes y la población afectada, señale medidas concretas para paliarlo y defina un sistema de control para ver su evolución.
Tampoco se explica por qué se ha puesto en marcha el Sistema de información de movilidad urbana sostenible e inteligente de Toledo (SIMUSET) con financiación de 2,6 millones de fondos europeos Next Generation dirigidos a la implantación y gestión de ZBE, consistente en 83 cámaras de control en 28 puntos de acceso a la ciudad, cuando la decisión es limitar la declaración de ZBE al Casco, donde ya existía ese control con cámaras. Unos fondos destinados a la implantación de ZBE se desvían hacia el control del tráfico y la vigilancia (presumiblemente para sancionar).
Y para colmo se obvia que el Ayuntamiento dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo (PMUS) desde 2021, al que ni siquiera se cita en el texto de la consulta, pero que se encuentra accesible en la página web del Ayuntamiento. En el PMUS ya se proponía una ZBE en el Casco Histórico (incluyendo Antequeruela, a diferencia de lo que ahora se prevé) pero se añadían una serie de medidas complementarias tales como restricciones a vehículos contaminantes, adoptar actuaciones para potenciar el uso de la bici, crear itinerarios peatonales, gestionar aparcamientos de forma disuasoria (pg. 242 del PMUS disponible en la web municipal) y también revisar el modelo de distribución de mercancías en el Casco (pg. 244). Nada de esto se ha tenido en cuenta.
A la vista de estas carencias solo cabe concluir que lo que se persigue por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo es limitarse a dar cumplimiento formal o cosmético (con retraso, pues debía estar en 2023) a la obligación de los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes de declarar ZBE, establecida en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, desarrollado mediante el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. En Toledo no habrá zona de bajas emisiones por falta de interés de Velázquez y la ciudadanía será la perjudicada.
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