Imagen de archivo de una persona sin hogar / Apollo22 (Pixabay)
El próximo 17 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se presentarán los nuevos datos del informe “El Estado de la Pobreza en Castilla-La Mancha” elaborado por la Red contra la Pobreza en España, una radiografía que no puede ni debe pasar desapercibida en un momento en el que estamos asistiendo a un presumible crecimiento económico, y donde los indicadores sociales nos retrotraen a niveles de hace una década.
A tenor de los últimos datos oficiales del INE que avanzamos en febrero, más de un tercio de la población de Castilla-La Mancha vive en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, cientos de miles de personas que no logran participar plenamente en la vida económica y social, ya que la renta media disponible en la región sigue sensiblemente por debajo de la media del país y la infancia soporta niveles de pobreza desproporcionados. Además, los hogares monoparentales y las familias de origen extracomunitario concentran una mayoría de situaciones de vulnerabilidad. Presentaremos el detalle completo en la rueda de prensa del viernes 17 de octubre (Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza).
Esta realidad no es solo un problema social que se vive en silencio por quien lo sufre, sino también un lastre económico para la región, ya que las carencias materiales reducen el consumo interno, debilitan el mercado laboral de valor añadido y limitan la capacidad de innovación y crecimiento de la región. Castilla-La Mancha no podrá sostener un crecimiento justo mientras una parte tan significativa de su población viva y crezca en condiciones de vulnerabilidad estructural.
En un contexto de competitividad global, la región afronta la cuarta revolución tecnológica con un desequilibrio en el acceso y aprovechamiento de las nuevas herramientas digitales, donde las rentas bajas y la falta de competencias digitales condenan a demasiadas personas a la exclusión y la dependencia en un mundo cada vez más automatizado y digitalizado, y que relegará al paro estructural a quien carezca de conocimiento. Mientras el progreso avanza para unos pocos, una mayoría creciente queda excluida de la necesaria conectividad, de la formación y del empleo de calidad, cada vez más escaso.
Las políticas públicas regionales de inclusión han demostrado ser un estímulo al crecimiento comunitario, y deben retomar su ambición en materia de lucha contra la pobreza por su indudable valor de desarrollo social y económico regional, complementando a otros niveles de la administración que actualmente responden a la pobreza o a la falta de vivienda pública con medidas generalistas, retomando medidas de su competencia e impulsando planes con recursos adecuados a los retos que se proponen abordar.
Si la pobreza afecta a más de un tercio de la población, si la desigualdad territorial vacía nuestros pueblos y si la infancia crece sin oportunidades, cabría pensar que la pobreza es el principal problema estructural de Castilla-La Mancha, y por tanto, situarse en un lugar destacado en el debate del Estado de la Región, ya que sin cohesión social y económica
para una creciente mayoría de la ciudadanía, los ingentes discursos y abundantes datos que se presentan en estos espacios nos distancian de la realidad precaria y pobre de oportunidades de importantes capas de la ciudadanía que deben seguir creyendo en que hay un ascensor social, y que funciona.
El 17 de octubre conoceremos los datos completos del alcance e implicaciones de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestra región. Hasta entonces, la pregunta es sencilla: ¿qué papel quieren jugar los partidos políticos de Castilla-La Mancha en la lucha contra la pobreza: el de espectadores o el de protagonistas del cambio?
