Hay frases que no envejecen porque no describen una época: describen una elección. En Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios (Oxfam Internacional, enero 2026) el texto recupera la advertencia de Louis Brandeis y la deja caer como un aviso sin anestesia: “Tenemos que elegir” y “no podemos tener ambas cosas”.
El dilema no es poético. Es literal. O aceptamos una riqueza extrema concentrada en unas pocas manos, o defendemos una democracia donde el poder político no se compra. No hay combinación estable. Si entra el dinero sin límites, sale la igualdad. Si la influencia tiene precio, la ciudadanía se convierte en público.
Y esto no va de teoría. Va de lo que ya está pasando.
El propio informe no se esconde tras tecnicismos. Lo formula con una crudeza que debería incomodar a cualquier gobierno que se llame democrático: “Este informe trata sobre esta elección”. Y acusa a los gobiernos, sin rodeos, de estar “tomando… la decisión incorrecta” y “poniéndose del lado de los más ricos”.
En una época de coste de vida disparado, esa acusación no es retórica. Es un parte de daños.
El dato que debería abrir informativos
Oxfam coloca dos cifras en la misma página y, con ese gesto, desarma cualquier relato complaciente. Primero: “Por primera vez en la historia, el número total de milmillonarios en el mundo ha superado los 3 000”. Y, sin pausa, la otra cara del planeta: “una de cada cuatro personas… pasa hambre”.
Si esto no es una emergencia política, qué lo es. Porque no estamos ante una “brecha” como quien mira una gráfica. Estamos ante un sistema capaz de fabricar récord de fortunas y hambre masiva al mismo tiempo. Un sistema que concentra arriba y recorta abajo, y luego pide calma, paciencia y orden.
El problema no es que haya ricos. El problema es que esa riqueza, a este nivel, deja de ser riqueza y se convierte en poder.
Cuando el Estado elige porra en vez de justicia
Aquí viene la frase más grave del documento, la que debería perseguir a cualquier ministro del Interior, de Economía y de Hacienda: los gobiernos “están eligiendo reprimir el descontento de la ciudadanía… en lugar de optar por mecanismos de redistribución de la riqueza hacia el conjunto de la población”.
La palabra clave es “eligiendo”. No “ocurriendo”. No “desbordándose”. Eligiendo.
Eso significa que la represión no es un exceso aislado, sino una respuesta coherente cuando el sistema se niega a corregirse. Y también significa que hay alternativas, pero se apartan. Se sacrifica redistribución para proteger privilegios. Se castiga la protesta para blindar el reparto actual.
Y en ese punto, la democracia empieza a encogerse.
La impunidad como privilegio definitivo
El informe enumera, con una frialdad que asusta, el kit de herramientas del poder extremo. Dice que los milmillonarios pueden “utilizar su fortuna para influir sobre actores políticos, presionar a un Gobierno, comprar un medio de comunicación o una red social”. Y añade lo que realmente rompe el contrato democrático: la capacidad de “garantizarse… total impunidad… ante la justicia”.
La democracia se sostiene sobre una premisa mínima: nadie está por encima de la ley. Cuando una minoría puede pagar para estar por encima, el sistema deja de ser un espacio común y se convierte en un club.
Oxfam lo formula sin eufemismos, con una frase que es casi una sentencia: “Con un poder así, los milmillonarios tienen nuestro futuro en sus manos, socavando la libertad política y erosionando los derechos de la mayoría de las personas”.
No se puede decir más claro. No se puede decir más grave.
Votar no basta si el dinero decide quién manda
Hay un momento en que la democracia se convierte en una ficción con papeleta. Puedes votar, sí. Pero el poder real se reparte antes, por la vía del acceso, la influencia, la compra de agenda, el control del relato y la capacidad de bloquear cambios.
Por eso el informe insiste en la desigualdad como desigualdad política. Y aquí aparece una expresión que conviene entender sin neblina: “un dólar, un voto”.
Dicho en castellano directo: no es solo que cada persona tenga un voto; es que, en la práctica, cada dólar, cada euro, actúa como un voto extra. El dinero compra más posibilidades de ser escuchado, más cercanía a quienes deciden, más lobby, más abogados, más campañas, más capacidad de moldear leyes o frenarlas. Donde debería haber “una persona, un voto”, se instala una democracia adulterada: “una cartera, muchos votos”. Eso es lo que denuncia el informe cuando habla de ese sistema injusto de “un dólar, un voto”.
Cuando el dinero funciona como multiplicador de poder, la igualdad política queda en ruinas, aunque sigan existiendo urnas.
La vida se vuelve imposible y el sistema pide silencio
El informe baja del plano global a la experiencia cotidiana con una frase que cualquiera reconoce en el cuerpo: “Cuando llegar a fin de mes se convierte en una misión imposible… para la gente corriente”.
Aquí se juega una parte decisiva del futuro democrático. Porque cuando una mayoría vive al límite, se rompe la confianza en las instituciones. Y donde se rompe la confianza entra el cinismo, entra la desesperación, entra la tentación autoritaria.
La historia es conocida: primero te quitan la seguridad material; después te ofrecen “orden” como sustituto de derechos. Y si, como dice Oxfam, la respuesta institucional al malestar es la represión en lugar de la redistribución, el resultado es una pendiente muy concreta: menos libertades, más miedo y una democracia cada vez más frágil.
En ese clima, además, suele activarse el truco de siempre: dividir a quienes sufren para que no miren hacia arriba. La rabia se administra. Se redirige. Se convierte en odio horizontal. Y mientras tanto, el “imperio” de los más ricos consolida su dominio sin necesidad de un golpe, solo con normalidad.
La pregunta que no se responde con un eslogan
El informe no te invita a indignarte y seguir. Te obliga a tomar postura. Porque lo que plantea no es un problema “social” que se arregle con caridad o filantropía. Es una disputa por el poder democrático.
Y aquí va la interpelación, sin rodeos.
Si aceptamos un mundo donde “una de cada cuatro personas” pasa hambre mientras se bate récord de milmillonarios, qué estamos aceptando exactamente. Si aceptamos que los gobiernos “elijan reprimir” en vez de redistribuir, qué estamos normalizando.
Si toleramos un sistema donde el dinero opera como “un dólar, un voto”, qué queda de la promesa democrática de que la ciudadanía vale lo mismo en política.
Brandeis lo dijo hace un siglo y el informe lo trae a esta década como quien te señala la puerta de salida o de entrada: “Tenemos que elegir”. Y elegir, hoy, significa algo muy concreto: o dejamos que la democracia sea un artículo de lujo, o la defendemos como lo que siempre debió ser, un derecho común que no se vende al mejor postor.






