OPINIÓN | Falta responsabilidad en la vivienda pública regional

Bloque de viviendas de la Junta en la calle Río Guadalmena / Foto: Fidel Manjavacas

Cuando no se cree en algo, que se dice defender y practicar, se nota. Se repiten los anuncios vacíos, las medias verdades, las contradicciones, los incumplimientos, las faltas de coherencia y, al final, la falta de responsabilidad frente a sus obligaciones y a los compromisos asumidos.

Es lo que hay. Nuestro gobierno regional no cree en la bondad y la necesidad de un parque público de vivienda en alquiler. Aquello que han reconocido y experimentado la mayoría de los países europeos, incluso con gobiernos neoliberales y conservadores, como un servicio público y elemento básico de sus sistemas de bienestar social. Mientras el gobierno estatal proyecta una ley por el derecho a la vivienda, que será enmendada por el parlamento como resultado de las tensiones entre grupos políticos, deformada por las presiones de grupos económicos interesados en el negocio inmobiliario y amenazada por un sector conservador del poder judicial con futuros recursos de inconstitucionalidad, este gobierno de Castilla La Mancha carece de la voluntad política necesaria para reconocer el derecho de las personas a una vivienda digna, como elemento base y necesario para el ejercicio del resto de derechos individuales, para el desarrollo personal y para la mejora del bienestar social.

Esta falta de fe y voluntad política de los responsables de la Consejería de Fomento, órgano competente en materia de vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene, como principal consecuencia, la actual falta de responsabilidad, frente a la sociedad en su conjunto y frente a los indignados usuarios de viviendas públicas regionales en alquiler, respecto a su situación y grave deterioro de este patrimonio público, que se encuentra abandonado a su suerte, por la falta de gestión y control por parte de su titular, siendo causa de graves conflictos sociales y de convivencia, y motivando repetidos intentos frustrados de liquidación y venta del actual parque público de viviendas en alquiler. Es cierto que hay otros actores y factores que influyen en el estado de cualquier promoción de viviendas sociales, como son los comportamientos de sus usuarios, pero también lo es, que sus faltas de responsabilidad y actuaciones incívicas o ilegales solo pueden ser corregidas por la misma administración titular o por su empresa pública instrumental y arrendadora.

Recientemente, el gobierno regional del PSOE nos ha dado muestras de su falta de voluntad y de responsabilidad en materia de vivienda pública en alquiler, cuando anuncia la próxima venta de las 86 viviendas y locales comerciales de calle Rio Guadalmena de Toledo, propiedad de la empresa pública GICAMAN, que ha mantenido vacías durante más de 10 años, a pesar de la larguísima lista de solicitantes de vivienda en alquiler, inscritos en su registro oficial de demandantes y de los problemas de acceso a la vivienda de gran parte de la población de la capital regional y, precisamente, en un barrio gravemente tensionado por la gran demanda de viviendas en alquiler.

No sólo es un despropósito y una falta de responsabilidad. Es también una demostración de la incapacidad de nuestros políticos responsables, anteriores y actuales, de la gestión de ese parque público de vivienda.

En la actualidad, sólo conocemos tres iniciativas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para “mejorar” la situación del parque público regional de vivienda en alquiler:

1. Intento de venta de las viviendas de promoción pública en alquiler a sus inquilinos y en condiciones económicas muy ventajosas, pero ignoradas por los supuestos beneficiarios, según normativa vigente (Decreto 25/2019, disposición adicional novena).

2. Proposición elevada al Gobierno de España y a las Cortes Generales de una ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.

3. Acciones ejecutadas por GICAMAN para el vaciado y cierre de viviendas públicas ocupadas ilegalmente por toda clase de familias, con más o menos delitos e irregularidades administrativas, pero siempre necesitadas de vivienda, mediante procedimientos judiciales, civiles de desahucio, o penales por usurpación, con el pretendido resultado de lanzamiento de sus ocupantes de dichas viviendas.

Nos encontramos a la espera de otras iniciativas y actuaciones de la administración regional competente, que mejoren esta penosa situación de falta de recursos, es decir, de viviendas dignas disponibles, como muestra de su voluntad de fomentar el parque público de vivienda en alquiler, que podrían ser las siguientes:

1. Aprobación de la esperada ley regional de vivienda, cuyos anteproyecto y consulta pública se han realizado durante años, en varias ocasiones, o de las convocatorias de ayudas para la aplicación de fondos europeos al alquiler en general.

2. Promoción pública, directa o a través de sus empresas instrumentales, de nuevas viviendas o la adjudicación de las actuales viviendas vacías.

3. Acciones dirigidas a mejorar el alquiler social, que favorecen la gestión y control de sus promociones, mediante la cesión de las viviendas a los correspondientes ayuntamientos, con competencias y presupuesto para una gestión e intervención social integral y con garantía real de responsabilidad sobre el mantenimiento de las instalaciones y de la calidad de la convivencia vecinal.

4. Cesión de suelo, propiedad de la Junta de Comunidades CLM, por un plazo de tiempo determinado (derecho de superficie) a empresas inmobiliarias privadas, para la construcción y gestión de viviendas en alquiler asequible, con reversión, transcurrido el plazo, de la propiedad de las viviendas al dominio público.

A falta de alguna de estas iniciativas y actos de responsabilidad, lo que tenemos es la necesidad social, la parálisis de la gestión pública, la incertidumbre jurídica y, en el origen de todo ello, la incapacidad política.

Es lo que hay.

Artículo de Enrique L. Gómez Pérez-Grueso