OPINIÓN | Acabar con la explotación sexual, una causa propia

Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz de Castilla-La Mancha / Fotografía: A. Pérez Herrera

La vida de Amelia Tiganus costó 300 euros. Los que pagó un proxeneta español a las mafias de su país. Años después, tras ser obligada a prostituirse por toda España, pudo escapar y en la actualidad se ha convertido en una de las principales activistas contra la explotación sexual y la prostitución. ¿Por qué? Porque ha vivido para contarlo.

Amelia es testigo excepcional ya que la experiencia de miles de mujeres queda oculta bajo el peso de la extorsión, el miedo y las amenazas. Su testimonio es muy valioso y debe llamarnos la atención sobre la necesidad de escuchar a las supervivientes de esta esclavitud.

Hay que tomar conciencia de que para prevenir la trata de personas necesitamos pasar por un proceso de seria autocrítica social. ¿Es razonable que el cuerpo de una persona, incluso durante su infancia, se compre y se venda como cualquier producto en un mercado? Porque a eso nos referimos cuando hablamos de trata y eso es lo que ocurre cuando se paga por sexo.

Prevenir el delito, ayudar a las víctimas a salir del infierno, acabar con su estigmatización y por supuesto, acompañarlas en todo el proceso para que inicien una nueva vida son los objetivos que nos debemos marcar para acabar con la gravísima violación de los derechos humanos que supone la trata de personas con fines de explotación sexual y que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, aunque también a niños.

Esa es nuestra obligación y para ello debemos dotarnos de instrumentos en un país, como España, con una democracia moderna y unas instituciones fuertes.

Instrumentos de los que hoy en día no disponemos, lo que deja en una terrible situación de vulnerabilidad a las víctimas. Según el último Informe Global sobre la Trata de Personas 2020, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 7 de cada 10 personas traficadas en el mundo son mujeres y niñas, y la mitad de todo el tráfico de personas tiene fines de explotación sexual. Es más, según este mismo informe, el 92 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas.

Estos datos evidencian lo estrechamente relacionadas que están trata y prostitución. Y, por tanto, la urgente necesidad de una respuesta internacional contundente para acabar con estas redes mafiosas que, sin ningún tipo de escrúpulos y con pingües beneficios, trafican con personas aprovechándose de la pobreza, la falta de recursos, y los desastres que provocan guerras y catástrofes naturales.

Este último año, la COVID-19 ha complicado aún más la situación puesto que las redes sociales se han convertido muchas veces en la puerta de entrada a los hogares de criaturas de corta edad que, primero bajo engaño, y posteriormente bajo extorsión, terminan siendo abusadas cibernéticamente o directamente engañadas para su explotación sexual.

El Gobierno de España debe actuar con rapidez y firmeza, y el resto de instituciones debemos ponernos a su disposición porque las cifras confirman machaconamente que nuestro país es vía de acceso, lugar de tránsito y destino para las víctimas de trata. Tenemos el vergonzante record de ser uno de los países con mayor demanda de prostitución.

Urge por tanto actuar en diferentes sentidos: primero, legislando para iniciar el camino que lleve a la abolición de la prostitución; de forma paralela, estableciendo las medidas necesarias para dar una salida a las víctimas, escuchándolas y teniendo en cuenta sus testimonios; y, finalmente, propiciando los cambios sociales, educativos y culturales sobre los que se construyan relaciones de igualdad entre mujeres y hombres porque sin prostitución no hay trata.

Todo ello bajo el paraguas del consenso político y social que debe presidir una actuación de este calado. Y, desde luego, para devolver una vida digna a quien se le ha robado. Se trata de derechos humanos, tan simple como esto.

Por nuestra parte, desde Castilla-La Mancha, a pesar de nuestro escaso ámbito competencial en la materia, seguiremos prestando atención especializada a las víctimas y continuaremos trabajando de la mano de las entidades del Tercer Sector impulsando acciones de prevención y sensibilización para acabar con la tolerancia social hacia la prostitución. Todo ello con el máximo compromiso y haciendo la causa propia.

Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz