“No se va a privatizar nada”: Castilla-La Mancha, ante la futura empresa semi-pública de servicios sociales

Europa Press

Una palabra planea sobre el anuncio que el presidente de Castilla-La Mancha en funciones realizó hace unos días en torno a la intención de su Ejecutivo de crear una empresa semi-pública de gestión de los servicios sociales: privatización. Es lo que muchos implicados en esta materia han interpretado de estas palabras, que Emiliano García-Page pronunció defendiendo las iniciativas público-privadas.  Las valoraciones al respecto han sido muy variopintas. Unos se preguntan si bajo este anuncio está la intención de “semi-privatizar” la política social mientras que otros no lo consideran tan relevante, puesto que ya hay muchas entidades sociales que trabajan en función de este tipo de fórmulas de concertación. De ahí a una privatización, hay un largo camino que no todos han valorado en igual medida.

Se trata de un mecanismo que ya existe con métodos similares en otras comunidades autónomas. En Aragón, está el Instituto regional de Servicios Sociales; en Castilla y León se realiza a través de gerencias provinciales y en Extremadura se creó hace tiempo el Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). En Castilla-La Mancha, lo más parecido es el SESCAM, el Servicio regional de Salud.

De momento, la Consejería de Bienestar Social ha explicado a eldiarioclm.es que el objetivo es crear un “instrumento” que dote a este departamento de capacidad para tener “una mayor operatividad” a la hora de implementar servicios. “Nadie está hablando de privatizar nada”, han indicado fuentes de esta Consejería.

Con esta futura empresa se buscaría incrementar los servicios y recursos de atención social para personas mayores o personas con discapacidad, mejorar la concertación con las entidades privadas y del tercer sector, y crear y ampliar servicios, así como plazas públicas para personas en situación de dependencia. “En ningún momento se reducirán servicios públicos ni personal público”, concluyen desde la Consejería. Es en el debate de investidura del próximo 2 de julio cuando está previsto que García-Page ofrezca más detalles al respecto.

Una fórmula no incluida en la futura Ley del Tercer Sector

La fórmula de concertación social que busca la Junta de Castilla-La Mancha está recogida en el proyecto de Ley del Tercer Sector, cuya aprobación está prevista en el primer periodo de sesiones de la nueva legislatura, aunque no contempla ninguna fórmula de creación de una empresa. A este respecto, el Colegio de Trabajo Social afirma no haber tenido noticia de este proyecto salvo por los medios de comunicación y admite “bastante revuelo” entre sus colegiados, que proceden tanto del ámbito público como del privado.

Este colectivo coincide con el objetivo de reforzar los mecanismos de colaboración con la iniciativa privada, puesto que forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales, pero recuerda que los servicios del Modelo Social Europeo se caracterizan por ser “una rama de regulación pública, con financiación mayoritariamente pública y provisión mixta con el papel que desempeña el tercer sector en la complementación de servicios, que no sustitución”. Apela a la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha aprobada en 2010, que prevé mecanismos de coordinación con las entidades de iniciativa privada, preferentemente de iniciativa social.

A la vista de este contexto y de toda la normativa europea, los trabajadores sociales apuestan por el concierto social como “la fórmula más idónea para una provisión mixta de servicios, administración e iniciativa privada”. “La creación de una empresa semi-privada para la gestión de servicios sociales no parece que sea el modelo más adecuado de provisión de servicios, ni responde a demandas vinculadas a los profesionales ni del ámbito público ni del tercer sector”.

También destaca este colectivo que la administración pública debe velar por la homogeneización de sueldos, tipos de contratos, perfiles profesionales o tipología de servicios a conveniar, y que es muy importante “que no se trate a estas entidades como empresas”, como ocurre ahora con una Ley de Contratos Públicos “que no pueden cumplir”. Muestra por todo ello su preocupación por una posible liberalización de los servicios sociales o con que se “semi-privaticen” recursos enteramente públicos como residencias o centros de día de discapacidad, “con el único objetivo del ahorro económico”.

Precisamente, desde el CERMI de Castilla-La Mancha, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad que agrupa al mayor número de entidades de la región, su gerente, José Antonio Romero, ha hecho un llamamiento a la “cautela” frente a cualquier tipo de “alarmismo”. Ha querido dejar claro que la prioridad de estas organizaciones es la aprobación de la Ley del Tercer Sector, que precisamente “viene a poner claridad” en las relaciones de la Administración pública con las entidades sociales, en una futura Comisión de Diálogo Civil. “Hay un sistema por el que estamos apostando para dar tranquilidad y estabilidad a la prestación de servicios, que es la concertación social”.

En este sentido, también explica que el tercer sector es muy diferente a otros, porque los servicios los prestan organizaciones sociales, con centros que pertenecen a las mismas y con su propio personal, como sucede, por ejemplo, en dependencia, discapacidad y menores. Es diferente, añade, que cuando se habla de privatizar un servicio de un hospital o de transporte.

“En nuestro caso, a lo largo de los últimos 40 años se han constituido una serie de servicios para la ciudadanía que ya estamos prestando las entidades sociales mediante subvenciones anuales”. Por eso lo fundamental, insiste, es que se clarifique ese sistema de concertación y el catálogo de servicios sociales. Según añade, la idea apuntada por García-Page de que sea una empresa “puede ser interesante”, pero primero “hay que poner orden a la concertación social”.

También los partidos políticos han valorado el anuncio del presidente, e igualmente lo han hecho de forma muy diferente. Izquierda Unida (IU) le ha criticado duramente poniendo en duda que el Ejecutivo socialista quiera defender los servicios públicos, equiparando esta cuestión a otras como el transporte sanitario por carretera, “entregado a empresas que han demostrado su falta de sensibilidad en  materia laboral”, llevando a la huelga a sus trabajadores;  como el Hospitalito del Rey de Toledo.

De la “privatización” al “titular medido”

“Esta decisión mítica de externalizar su responsabilidad sobre los más vulnerables de la región no es el modelo social y económico que nos gusta. Pero, sin duda, hoy ya hay muchas empresas preparando la oferta económica para hacerse con estos servicios y se hará con ella la oferta más barata donde pierden los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio. Y si no, al tiempo”, ha avisado.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes castellano-manchegas, Carmen Picazo, coincide con las entidades sociales en urgir a la aprobación de la futura Ley del Tercer Sector, donde “no se prevé la creación de ninguna empresa ni pública ni semipública”. En su opinión, García-Page “ha medido al milímetro el titular de prensa para evitar palabras como ‘privatización’ o ‘externalización’ de servicios” y no ha explicado ningún detalle.

“Si sigue adelante ¿qué va a hacer? ¿Va a echar para atrás toda tramitación del proyecto de Ley del Tercer Sector para incluir esta empresa? Estamos hablando de entidades que son un pilar básico de nuestro Estado del Bienestar y hay que tomarlas más en serio, en lugar de marearlas con una ley que no hace más que anunciarse pero que nunca llega”, se pregunta. Y adelanta que cuando entre en el Parlamento, Ciudadanos estudiará la propuesta y garantizará que participe en ella el rercer sector.

Carmen Picazo ha afirmado que la formación naranja estará “muy vigilante” para que esta medida no se convierta “en un chiringuito político” y ha remarcado que al hablar de contratación pública, regulada a nivel estatal y europeo, es necesario abordarlo con transparencia, reiterando su confianza en que “no se convierta en la adjudicación de contratos públicos a dedo, vulnerando la legislación en materia de contratación pública y, al final, la fiesta de Page la acabemos pagando todos”.