Movimiento Sumar Castilla-La Mancha muestra su rechazo a la decisión del Gobierno regional de introducir el pago “en especie” con vivienda protegida para finalizar las promociones públicas paralizadas.
Así lo ha trasladado tras licitarse las obras para terminar el bloque de 86 viviendas de Gicaman, ubicado en la calle Río Guadalmena del Polígono y que está inacabado desde el año 2011. El constructor que termine la obra se quedará, aproximadamente, con la mitad de estas viviendas públicas.
"Aunque estas obras tengan su origen en la nefasta gestión del Partido Popular de Cospedal, la solución no puede pasar por entregar patrimonio público a promotores privados", traslada Jose Luis Resuela, miembro de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha.
En este sentido, asevera que "la vivienda protegida no es un bien intercambiable ni un instrumento financiero: es un derecho social y una herramienta clave para garantizar el derecho constitucional a la vivienda".
"En una emergencia habitacional, necesitamos todas y cada una de las viviendas públicas disponibles, no menos”, agrega Resuela, que considera que "convertir vivienda pública en moneda de pago supone un cambio de modelo que abre la puerta a una privatización encubierta del parque público y sienta un precedente peligroso en un contexto de emergencia habitacional".
"Esta medida traslada al sector privado parte del control sobre la vivienda pública, debilita la capacidad de intervención de la administración y normaliza que la falta de inversión directa se supla con la cesión de bienes que deberían permanecer bajo control público", añade.
Así, subraya que Castilla-La Mancha necesita más vivienda pública, gestionada con criterios de interés general, "no sometida a lógicas de compensación con promotores privados, por muy 'excepcionales' que se presenten estas fórmulas".
Apuesta por termina la promoción con inversión pública directa
Movimiento Sumar Castilla-La Mancha defiende que la finalización de estas promociones debe abordarse mediante inversión pública directa y rechaza un enfoque de Gicaman "centrado exclusivamente en el balance económico y ajeno a su función social".
“El Estado no está para generar beneficios, sino para garantizar derechos”, señalan desde la organización. "Además, exigimos que el debate sobre la política de vivienda en Castilla-La Mancha se desarrolle con transparencia y participación, y no a través de disposiciones adicionales en leyes ómnibus que dificultan el control democrático y el debate público".
“La emergencia habitacional exige decisiones valientes, sí, pero también coherentes con un modelo que sitúe la vivienda como derecho y no como mercancía. Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha seguiremos defendiendo una política de vivienda pública fuerte, estable y libre de atajos que comprometan el futuro”, concluyen desde la organización.









