El modisto Alejadro de Miguel, acusado de un presunto delito penado con entre 6 meses y 6 años de cárcel

El modisto Alejandro de Miguel / www.alejandrodemiguel.com

La Inspección de Trabajo pide a la Fiscalía que actúe contra el modisto toledano Alejandro de Miguel por un presunto delito contra los derechos de sus trabajadoras de la empresa Grupo de Confección Cadenas S.L. -instalada en el municipio toledano de Miguel Esteban- que estaría castigado en el Código Penal con entre seis meses y seis años de prisión.

De Miguel ingresó el pasado mes de julio a cada una de sus trabajadoras entre 3.500 y 6.500 euros para saldar algunos de los impagos salariales que les adeudaba. Sin embargo, les exigió después devolverles tal cantidad, algo que hicieron todas las trabajadoras menos una, que fue inmediatamente despedida y que grabó una conversación en la que constata esta exigencia del modisto.

Según indica la secretaria de la Mujer de CCOO-Industria en Castilla-La Mancha, María Jesús Fernández, a raíz de la denunciada presentada por este sindicato en noviembre de 2016 contra el modisto –por constatar “numerosas prácticas anómalas e incumplimientos en materia salarial”-, el pasado mes de julio la Inspección de Trabajo requirió a la mencionada empresa abonar a las trabajadoras las deudas no prescritas.

El modisto realizó los pagos por transferencia bancaria para “aparentar el cumplimiento del requerimiento”, apunta Fernández, que explica que posteriormente, De Miguel convocó a esta trabajadora para exigirle que le devolviera el dinero. La mujer grabó esta conversación, en la que el diseñador y sus familiares exigen a la trabajadora retornar la cantidad que le habían transferido, unos movimientos bancarios que han sido también aportados a la Inspección.

Así, CCOO amplió el 21 de agosto la denuncia ya realizada aportando el 11 de septiembre la grabación facilitada al sindicato y su transcripción textual. Una prueba de la que la Inspección de Trabajo avala su “licitud” y que también ha sido aportada a la Fiscalía. Para confirmar la veracidad de la grabación y de los gravísimos hechos que en ella se revelan, la Inspección requirió a una entidad bancaria los movimientos de cuentas de varias trabajadoras “a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para, supuestamente, devolvérselo al empresario, ya que se podría estar ante un posible delito del artículo 311 del código penal”.

El asunto queda ahora en mano de la Fiscalía, que deberá estudiar el caso y dilucidar si De Miguel puede haber cometido este delito que podría conllevarle también entre 6 y 12 meses de multa. Además, el informe remitido a la Fiscalía por la Inspección aporta los movimientos de la cuenta bancaria de Alejandro de Miguel, donde “se comprueba cómo realiza transferencias a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio fuera de la propia cuenta de la mercantil”

“Se entiende que Alejandro de Miguel es el responsable principal de tener a los trabajadores con condiciones inferiores a las que se establecen legalmente, exigir la devolución del dinero transferido y de adoptar medidas sancionadoras de despido en caso de no atender sus exigencias, mediante supuestas amenazas y coacciones”, ha sostenido la representante sindical.

Nóminas 200 euros inferiores al convenio

Entre “las prácticas habituales” de su empresa está el abono de nóminas cerca de 200 euros inferiores a lo establecido en el convenio, si bien las trabajadoras debían firmar que reciben mensualmente el salario de convenio; el impago de varios pluses y de las pagas extras establecidas en el convenio, e incluso el impago del mes de vacaciones.

Al mismo tiempo, CCOO tramita demanda de nulidad del despido de la trabajadora que rehusó devolver a la empresa el dinero que le ingresaron por requerimiento de la inspección; así como el de otra trabajadora que fue despedida previamente; y a la que presuntamente obligó a firmar la recepción del dinero del finiquito, aunque luego no se lo ingresó.