Un mínimo de cien litros gratuitos por persona y día: piden el reconocimiento del derecho humano al agua

La gobernanza en la gestión del agua pública, el cambio climático y la participación ciudadana han centrado buena parte de las segundas jornadas organizadas por Ganemos Toledo en torno al Acuerdo Social por el Agua. En esta ocasión ha intervenido en la primera ponencia Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y miembro de la Red de Agua Pública, quien ha pedido al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez el reconocimiento del derecho humano al agua y el establecimiento por ley de un mínimo de 100 litros por persona y día de forma gratuita para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.

Babiano ha analizado el contexto de “monopolio natural” que existe en torno a este recurso en todo el mundo, cuando es un bien público y un derecho humano reconocido como tal por la ONU desde el año 2010. De hecho, ha argumentado que en aquellos sitios donde ha sido privatizada, la tendencia es “la vuelta hacia lo público” debido al “fracaso” que ha supuesto por factores de corrupción, falta de transparencia y desinversión. “Si no hay gestión pública, afloran los aspectos especulativos y se deteriora el sistema”.

         

Según apunta el gerente de AEOPAS, España ha avanzado en los últimos años “hacia el precipicio de la privatización” del agua de donde se han derivado varios casos de corrupción, subidas de precios y cortes de suministro incluso durante la crisis, “cuando más se necesitaban políticas públicas”. Frente a ello, ha dicho confiar en el que el nuevo gobierno implemente políticas diferentes. De hecho, apunta, los operadores públicos de abastecimiento reivindican desde hace años un marco claro y conciso de inversiones que garantice unos precios adecuados a los ciudadanos y “no como ahora, enjuagando las cuentas públicas”.

La importancia de una buena gestión está íntimamente relacionada, además, con el cambio climático. Ha detallado que para que existan medidas útiles contra este fenómeno, debe ponerse sobre la mesa una “ley clara y precisa”. “El anterior gobierno no lo ha cumplido incluso estando firmado el Acuerdo de París, y si no se cumple, los fenómenos extremos de sequía y de inundaciones seguirán, mientras se producen cada vez más dificultades a la hora de blindar un recurso como el agua”.

Frente a todo ello, considera Luis Babiano que una ley de cambio climático y el reconocimiento del derecho humano al agua son fundamentales. En este último caso, ha apuntando la posibilidad de darle rango superior a través de la Constitución y también de regularlo mediante la Ley de Aguas. “Pero dentro del pragmatismo, lo que nos interesa es que los ciudadanos tengan garantizando un mínimo vital de 100 litros por persona y día independientemente de su renta económica. Es un bien de todos y jurídicamente hay cientos de formulas que se podrían abordar”.

Otro de los ponentes ha sido Gonzalo Marín, también miembro de la Red de Agua Pública y de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II: ha puesto de manifiesto la solidaridad existente entre diferentes movimientos territoriales contra casos concretos de privatización de servicios y la necesidad de remunicipalizarlos. Este colectivo, destaca, está presente en toda España para “poner en evidencia que el agua es un derecho humano y como tal tiene que tener una gestión participativa y tiene que estar garantizada la rendición de cuentas, la transparencia y la sostenibilidad”.

Que el agua se gestione sin ánimo de lucro y sin mercantilización son “referentes fundamentales” para las demandas que defiende la Red de Agua Pública y que no solo están dirigidas a las remunicipalizaciones, sino también a aquellos casos en que el abastecimiento está gestionado públicamente pero no tiene en cuenta estos criterios. Además, ha resaltado el hecho de que este colectivo coincida en sus peticiones con los movimientos medioambientales y ecologistas, formando una “reivindicación común” que ha dado como resultado el Acuerdo Social por el Agua.

Desde la experiencia municipal, el portavoz de Ganemos Toledo, el concejal Javier Mateo, se ha dirigido también al nuevo gobierno de Pedro Sánchez para confiar en que suprima el trasvase Tajo-Segura y garantice la gestión pública del agua. “Lanzamos la humilde sugerencia de hacer una revolución con algo tan básico, tan importante como es el agua”. Ha recordado que durante los tres años en que Ganemos gestiona, a través de la concejal Eva Jiménez, la red de abastecimiento, se han dado cuenta de que, mientras llegan las reformas necesarias para afrontar una remunicipalización “como nos gustaría”, se puede avanzar “en el control de las concesionarias”. “No vale utilizar a las empresas adjudicatarias como excusas o meras pantallas para no ofrecer un servicio de calidad”.

El ejemplo lo ha puesto Santiago Gutiérrez, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Medina Sidonia (Cádiz) y consejero delegado de la empresa pública Medina Global, que gestiona varios de los servicios públicos del municipio. “No es un modelo utópico en el país”, ha recalcado, afirmando que hay muchas sociedades públicas y ayuntamientos que están gestionando el agua desde lo público y de manera eficiente. En el caso de Medina Global, ha explicado que cuenta con un consejo de administración abierto a la ciudadanía y que todos los acuerdos se adoptan desde el punto de vista ecológico y social. En este municipio, ese umbral mínimo de 100 litros por habitante y día de manera gratuita se garantiza mediante la financiación de la empresa pública.

Finalmente, ha subrayado que esta sociedad pública se creó en 2013 cuando ya se habían aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y que es un ejemplo de que “se puede gestionar de otra manera” y “dentro de un movimiento donde otros muchos municipios estamos en una tendencia general de recuperación de los servicios básicos”.