Mejorar la gestión de instalaciones y evaluar contratos externos: recomendaciones al Patronato Deportivo de Toledo

El interventor municipal propone atribuir la gestión integral de los equipamientos deportivos al PDM, al tiempo que advierte que en 2025 solo se logró el equilibrio financiero por una aportación extraordinaria del Ayuntamiento

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Toledo, como forma de organismo autónomo local del Ayuntamiento, cumplió el año pasado con su misión de promover el deporte y mantener y explotar instalaciones con una demanda ciudadana creciente del servicio. Sin embargo, presenta una insuficiencia de financiación estructural, que el pasado año se solventó con aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento, y existe "una ineficiente gestión de infraestructuras".

Así lo recoge el Informe de Supervisión Continua Anual correspondiente al año 2025 del interventor municipal, que indica que el PDM cerró el ejercicio 2025 con un resultado neto positivo de 55.890,72 euros. Asimismo, apunta que el remanente de tesorería para gastos generales ha ascendido a 260.909,14 euros, lo que supone un incremento de casi el 20% respecto al año anterior.

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Este equilibrio financiero, según indica el interventor, ha sido posible únicamente gracias a una aportación extraordinaria del Ayuntamiento de 0,55 millones de euros que no se ha consolidado en el presupuesto siguiente. En este sentido, advierte del riesgo de insuficiente financiación que puede tener el PDM "a menos que se eleven sus ingresos no financieros permanentes, ya que se considera imposible la reducción de gasto manteniendo el actual modelo y sin pérdida de calidad".

"Ineficaz gestión de infraestructuras"

De otro lado, el informe también alude, como hace de manera "reiterada" en los últimos años, a la "ineficaz gestión compartida de las infraestructuras deportivas", conforme a la cual el PDM tiene atribuida la gestión y administración de la actividad deportiva de Toledo, pero, en cambio, no tiene adscritas las infraestructuras deportivas sobre las que se desarrolla.

Esta organización, apunta el interventor municipal, "lastra una administración integral de los equipamientos deportivos y provoca que exista una disfunción en la toma de decisiones: se encuentra la evaluación (PDM) y por otro la decisión-financiación (Ayuntamiento)". Por ello, insta a reformar el modelo de colaboración con el Ayuntamiento para garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad técnica de las instalaciones.

En concreto, propone la aprobación periódica de planes de renovación de equipamientos, consensuados entre el gestor (PDM) y el titular (Ayuntamiento), en los que se comprometan (de manera alineada con la planificación general del Ayuntamiento) recursos financieros y técnicos de la entidad matriz.

De la misma forma, también propone la atribución permanente al gestor (PDM) de la gestión integral de los equipamientos, acompañada de los medios técnicos y financieros necesarios para que ejecute por sí mismo los planes de renovación. Y es que, señala el interventor, se observa como el Ayuntamiento pone a disposición del PDM nuevas o ampliadas infraestructuras deportivas sin acompañarlas de la financiación adicional suficiente para su explotación y mantenimiento.

Evaluación de servicios externos

Respecto al análisis de eficacia y eficiencia que hace el interventor del PDM, señala que "no se han acreditado incidencias relevantes en la prestación del servicio que pudieran indicar ineficiencias en la gestión". No obstante,  subraya que dado que las actividades se prestan a través de contratos con terceros, se recomienda la realización de evaluaciones continúas sobre su ejecución que permita ponderar su coste-eficiencia.

La Intervención General concluye que la forma jurídica de Organismo Autónomo Local (OAL) sigue siendo la más adecuada para el PDM, dado que presta servicios públicos de carácter no económico y su modelo de financiación es coherente con esta naturaleza. Sin embargo, el mantenimiento de este estatus en futuras revisiones estará condicionado a la mejora de la coordinación con el Ayuntamiento y a la resolución de las tensiones financieras detectadas.

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