El contrato para gestionar el servicio de depuración de aguas residuales de Toledo ha sufrido un serio revés. Después de haber sido adjudicado el pasado verano a Facsa por 41,3 millones para los próximos diez años, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto excluir a esta empresa de la licitación tras un recurso presentado por Aqualia, actual concesionaria.
Tal y como adelantó La Tribuna de Toledo, la resolución del Tribunal, a la que ha tenido acceso este medio, indica que la oferta presentada por Facsa incluye "variantes no previstas en los pliegos", por lo que la siguiente empresa en la clasificación -en su caso Aqualia- tendría que ser la nueva adjudicataria del contrato.
Sin embargo, contra la resolución, fechada el 12 de diciembre y que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por lo que la adjudicación del contrato podría demorarse más tiempo.
Hasta la fecha, es el contrato de mayor cuantía económica que había licitado el Gobierno local de PP y Vox en esta legislatura -tenía un presupuesto base de 55 millones de euros-. En él se incluía una inversión de 4 millones de euros en varias depuradoras de la ciudad, de los que 2,4 se destinarían a la del Polígono.
Retrotraer el expediente hasta la valoración de ofertas
La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales apunta que la oferta de Facsa no tendría que haberse valorado y ordena la retroacción del expediente al momento de valoración con los criterios subjetivos de las empresas que se presentaron.
"El Tribunal nos ha pedido que nos retrotrajésemos hasta la clasificación y eso es lo que vamos a hacer. Se hizo un informe por parte de la Secretaría General pidiendo al tribunal que nos explicase hasta qué punto hay que retrotraer las actuaciones y estamos en eso", apuntó el portavoz municipal, Juan José Alcalde, al ser preguntado en rueda de prensa por esta cuestión.
En este sentido, aseveró que cumplirán "lo que manden los tribunales y lo que digan legalmente que hay que hacer". "Lógicamente, se siguen depurando las aguas porque se ha ampliado el contrato y no hay ningún problema de este tema", agregó Alcalde.
Ya el pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la medida cautelar que impuso el mismo Tribunal tras el recurso presentado por Aqualia, que provocó la suspensión del expediente de contratación.
El motivo de exclusión de Facsa, según recoge la resolución, apunta a una actuación que no estaba recogida en el pliego de licitación y que hace referencia a 2la instalación de un nuevo sistema de desodorización junto al existente, cuando ello no estaba permitido" en el pliego.